El Ministerio de Justicia reveló que desde el 1 de febrero instaló los cuatro primeros dispositivos de vigilancia electrónica (DVE) a cuatro mujeres privadas de la libertad, recluidas en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Cotopaxi.

Cecilia N., sentenciada por un delito menor que a la fecha tenía seis meses de gestación, fue una de las favorecidas por el sistema electrónico que le garantiza una efectiva reinserción social.

La mujer agradeció a las autoridades su inclusión en el plan de vigilancia electrónica y se comprometió a cumplir con el protocolo de uso del DVE.

“Poner en funcionamiento el sistema de vigilancia electrónica y su respectiva plataforma nos permite cumplir con la disposición del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, expresó Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, quien supervisó el proceso de instalación de las tobilleras electrónicas.

La autoridad explicó que las mujeres beneficiadas han cumplido el 60% y el 80% de la pena impuesta por el delito que cometieron, lo cual les permite acceder íntegramente al régimen semiabierto y abierto, respectivamente.

La funcionaria reiteró que el uso del dispositivo fortalece los procesos de reinserción social aplicados por la cartera de Estado. “La instalación de la tobillera electrónica facilita el acceso de las personas privadas de la libertad a plazas laborales y fomenta el retorno de la persona que cumplió su proceso de rehabilitación a su entorno familiar, garantizando una vinculación afectiva a su medio social”. En caso del mal uso, enfrentará un proceso.

Gloria C., otra de las internas que utiliza el DVE, calificó como beneficioso el proyecto, porque la motiva a cumplir con las tareas implementadas en los centros de rehabilitación social del país. “Nada se compara con la libertad y el uso de este aparato nos permite recuperar lo más valioso para el ser humano como lo es la libertad.

Volver a nuestros hogares conscientes de que la sociedad nos brinda una segunda oportunidad que no podemos desaprovechar, nos compromete a alejarnos del camino que nos llevó a una cárcel”.

Los dispositivos de vigilancia están conectados al sistema ECU-911, a la Corte Nacional de Justicia, al Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y los ministerios del Interior y Justicia, los cuales están  involucrados en la implementación de este proyecto, según la funcionaria.

4.000 dispositivos adquiridos

El Estado, a través del Ministerio de Justicia, adquirió 4.000 dispositivos en 2015, además de la plataforma y del código fuente, lo que incluyó las licencias del software que permite actualizar el sistema de vigilancia electrónica, conforme a las necesidades del país y a la normativa penal vigente. Además de desarrollar plataformas para el perfecto uso de los dispositivos.

El sistema de vigilancia electrónica opera integralmente y funciona de manera ininterrumpida las 24 horas, los siete días de la semana durante los 365 días del año. “Esto garantiza de manera continua y confiable la ubicación de los usuarios de los dispositivos en todo el territorio nacional”, manifestó Zúñiga.

En la Unidad de Flagrancia de Quito, el miércoles último, le colocaron la tobillera a 4 procesados con medidas cautelares sustitutivas. (I)