De las 358 cámaras que posee el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, 30 ya fueron examinadas. Para cada una de ellas la Fiscalía dispuso un análisis de 16 horas, considerando el antes, durante y después del accidente en el que dos adolescentes murieron al caer del tren de aterrizaje de un avión, el pasado 26 de febrero.

El objetivo: determinar cuál fue el área de seguridad vulnerada por las dos víctimas y si hubo personas que permitieron su acceso a la aeronave de manera ilegal.

La fiscal a cargo del caso, Mónica Rivera, detalló que a la investigación se suman los testimonios de 50 personas entre familiares de las víctimas y personal que trabaja en la terminal aérea.

La figura penal que se maneja en este caso es la de homicidio culposo, por identificar sospechosos.

Como resultado de las 480 horas de observación de los videos de 30 cámaras, se citará nuevamente a determinados ciudadanos -la fiscal no precisó quiénes porque el caso está en indagación previa- para que amplíen sus testimonios y “aclaren ciertas cosas”.

Rivera precisó que las pericias se extendieron al CPU de la computadora que utilizaron los jóvenes el pasado 25 de febrero -cuando fueron a un ciber- ubicado a un costado de “Arribo Internacional”, del aeropuerto, donde permanecieron 33 minutos.

Allí se investiga con quién o quiénes se comunicaron vía correo electrónico. Asimismo se requirió la exploración de sus celulares.

Mientras que en septiembre próximo se prevé que al avión Boeing 787-300, matrícula CC-OXG de la compañía LATAM, al que abordaron los dos polizones, se le realice una pericia aeronáutica.

“Quizás pudieron ocasionar un accidente mayor porque un avión parecido tiene una serie de cables (en el tren de aterrizaje) de donde ellos pudieron haberse agarrado y provocar algo mucho mayor”, advirtió la fiscal.

En su oficina, Rivera posee un cronograma de las actividades que realiza a la semana en torno a este caso, por ejemplo dos días son dedicados para analizar los videos. Y lo seguirá haciendo hasta determinar por dónde ingresaron al aeropuerto los cañarejos y si tuvieron contactos allí adentro.

Además explora la ruta que siguieron desde que salieron de su natal poblado Cachi, en el cantón El Tambo, provincia de Cañar, hasta Guayaquil, y de ahí su traslado al aeropuerto.

Informe de la DGAC reveló falencias en seguridad

Un informe técnico de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) al que diario EL TELÉGRAFO tuvo acceso reveló que la falta de control de seguridad, de supervisión, deficiencia en el personal que presta seguridad de aviación, entre otros, fueron los factores que incidieron para que el 26 de febrero, Luis Manuel Chimbo y Marco Vinicio Pichizaca, de 17 y 15 años respectivamente, murieran al caer del tren de aterrizaje de un avión con la ruta de vuelo XL-1438 Guayaquil - Nueva York.

Las víctimas burlaron los filtros de seguridad y accedieron a la zona de pista donde se encontraba la nave. Los dos menores ingresaron al tren de aterrizaje posterior y cayeron de este cuando el avión decoló.

De acuerdo al documento, la terminal aérea tiene zonas vulnerables y personal que no está capacitado para dar seguridad aeroportuaria.

En las conclusiones, el informe detalla que hay “deficiencia en el cerramiento perimetral, falta de control de seguridad en las instalaciones de los arrendatarios (quienes tienen acceso directo a las plataformas y pista), falta de controles eficientes por parte de seguridad, la cantidad de puertas de acceso, no existe control único de ingreso de personas y vehículos para personal que labora en el aeropuerto...”.

Señala, además, que hace falta personal para el control de monitoreo de las 358 cámaras y el aeropuerto carece de un sistema moderno de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) que permita visualizar con claridad la operación de cada puesto en el que se asigna una cámara, pues los equipos son analógicos.

La aeronave arribó el pasado 25 de febrero al aeropuerto José Joaquín de Olmedo proveniente de Lima. A las 09:01 del 26 de febrero, el avión despegó con normalidad, pero al elevarse se suscitó la tragedia.

El pasado 16 de mayo, el titular de la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC), Carlos Álvarez Mantilla, en rueda de prensa, reveló que los dos jóvenes ingresaron al aeropuerto en la madrugada del 26 de febrero y que su embarque al tren de aterrizaje fue a las 04:40.

“Con el informe definitivo determinaríamos sanciones administrativas con el operador aéreo, la concesionaria y la empresa de seguridad si no cumplen las recomendaciones”, dijo en ese momento.

Este diario buscó su versión con respecto al informe técnico, al plazo para el cumplimiento de las recomendaciones que hizo la autoridad aeronáutica a Tagsa, a la compañía LATAM y a Activite Security Company (ASC), pero no se obtuvo respuesta.

Tagsa dijo que el caso estaba en manos de la Fiscalía, y sería esta la que se pronuncie. Sin embargo, el pasado 29 de junio, mediante oficio, Ángel Córdova Carrera, gerente general de Tagsa, le responde al director de la DGAC, Carlos Álvarez, sobre las recomendaciones hechas en el informe técnico.

“Dentro del supuesto y mal llamado ‘proceso de investigación’ realizado por el exdirector de Seguridad y prevención Aeronáutica (Jorge Herrera) y su equipo de trabajo, mi representada no tuvo oportunidad de conocer previamente el informe y sus erróneas conclusiones, para aclarar, ampliar, refutar o defenderse”.

Continúa: “No estamos de acuerdo con ninguna de las discrepancias supuestamente detectadas y, obviamente, con ninguna de las ‘acciones correctivas’ emanadas a consecuencia de errores de una mala investigación que contiene apresuradas conclusiones... En consecuencia no se puede presentar un ‘Plan de medidas correctivas’ sobre supuestos e infundados incumplimientos... Agradeceré que el informe sea ajustado a la realidad de los hechos y que sea justo y sin errores”.

Este Diario buscó la versión de Jorge Herrera, director de Seguridad y Prevención Aeronáutica, quien realizó el informe con otras dos personas, pero fue removido de ese cargo y no se podía pronunciar al respecto.

Mientras que Martha González, gerente de Asuntos Corporativos de LATAM Ecuador, la aerolínea involucrada, en un comunicado dijo que: “Un equipo de seguridad y personal especializado de LATAM continúa colaborando con la investigación, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para asistir a las autoridades”.

Lotes y bono
Gobernación de Cañar
El gobernador de Cañar, Luis Quishpi, indicó vía correo electrónico, que desde que conoció de la tragedia se convocó a un “Gabinete Provincial Ampliado” para atender psicológica y económicamente a las familias de las víctimas.

2 lotes de terreno acordaron las autoridades entregar a las familias de los fallecidos.

Apoyo de instituciones
El Miduvi y Ecuador Estratégico, Min. de Justicia, Sistema Especializado de Protección Especial y otros, viabilizaron la entrega de $400 para cada familia. Ya se construyen las casas en lotes donados. (I)