El fiscal Santiago Muzo Vallejo, un secretario y dos asistentes atienden, desde ayer, a la ciudadanía en una nueva unidad adecuada en el sector Monte Sinaí, en el noreste de Guayaquil.

Galo Chiriboga, fiscal general del Estado (FGE), recordó que la idea de contar con un espacio de atención ciudadana en la zona nació hace tres años para investigar delitos como robos, hurtos, asaltos, discrimen racial, violaciones, violencia intrafamiliar, violencia física, entre otros.

“La idea estaba ahí, pero fue el presidente de la República, Rafael Correa, quien gestionó ante la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) la creación de esta unidad que beneficiará a 250.000 habitantes”, dijo.

La fiscal provincial de Guayas, Patricia Morejón, detalló que la nueva dependencia funciona en la avenida Casuarina, sector conocido como Las Marías, diagonal al nuevo hospital estatal de Monte Sinaí. El horario de servicio es de lunes a viernes de 08:00 a 17:00.

Este nuevo servicio mejorará paulatinamente, ya que en las próximas semanas iniciará la construcción de un edificio nuevo, donde funcionarán tres unidades de violencia de género, otro número igual de fiscalías de soluciones rápidas y una de patrimonio ciudadano.

Se prevé que la obra esté terminada en seis meses. “Se trata de una infraestructura moderna que se construirá en un terreno de 600 metros cuadrados, donado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), frente al nuevo hospital. La inversión es de $ 749.751”, precisó el funcionario.

Según Chiriboga, la gente que acude a denunciar contará con el Servicio de Atención Integral (SAI) que a su vez tiene la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI). “Allí las víctimas serán atendidas por médicos legistas, psicólogos y trabajadores sociales. De esta forma, buscamos que los delitos en esta extensa zona no queden en la impunidad”.

Recordó que la intervención del Estado en la zona libró a sus moradores de los traficantes de tierras, quienes les vendían el agua a precios altos y les cobraban también por el servicio de energía eléctrica y la seguridad.

El funcionario destacó que un estudio iniciado en 2012 reveló que en la zona se iniciaron 30 instrucciones fiscales, las cuales derivaron en 12 procesos penales que terminaron en 9 sentencias contra traficantes de tierras y hurtadores de energía eléctrica. “Por estas actividades irregulares se condenaron a 17 personas por los delitos mencionados, entre ellos los Ortiz y miembros de las familias Párraga, Monteverde, grupos que dominaban el sector”.

Servicio ayudará a moradores

Roxana Cortez, dirigente de la comunidad, agradeció la decisión presidencial de dotarlos de una oficina de la Fiscalía en la zona, la cual ayudará a disminuir los índices de impunidad en delitos como el robo y violencia de género. “Este nuevo servicio, con otros, como las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), permitirá a las personas denunciar sin miedo el ataque del hampa y las agresiones diarias a cientos de mujeres”.

Martha Espinoza, moradora del sector, añadió que la presencia de la Fiscalía evitará los largos traslados que realizaban las víctimas para presentar una denuncia. “Ahora todo será más rápido”. (I)