Este jueves, 10 de septiembre, María Paula Romo, ministra de Gobierno, dio un detalle de los procesos legales que se sigue dentro del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

La funcionaria indicó que sobre la institución se realizó un estudio técnico integral, además de varios análisis por parte de la Superintendencia de Bancos y de la Contraloría General del Estado.

En ese sentido, dijo, se detectaron irregularidades en la administración financiera del Isspol.

Esa fue la conclusión que dio la Secretaria de Estado, durante una rueda de prensa ofrecida en la Presidencia.

En la convocatoria a los medios de comunicación también asistieron el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo; y, el director de la entidad, General (sp) Jorge Villarroel.

Romo, tras recordar que el Isspol, que cuenta con 80 mil afiliados, entre policías activos y pasivos, forma parte del sistema de Seguridad Social; goza de autonomía y administra los fondos de reservas, también concede prestaciones de retiro, invalidez y muerte.

Cuidar los recursos del ISSPOL es cuidar la salud y la jubilación de nuestros policías y sus familias.

Hay a quienes les incomodan las investigaciones y las acciones de cobro, pero haremos todo lo necesario. #ContigoPolicía

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— María Paula Romo (@mariapaularomo) September 10, 2020

También indicó que se realizó un análisis técnico en los ejes de riesgo legal, de liquidez, financiero, reputación al manejo financiero y de inversiones, en donde se han detectado anomalías.

“Lamentablemente, conforme hemos analizado lo que sucedía en el Isspol y la auditoría concurrente de la Superintendencia de Bancos, hemos podido descubrir irregularidades”, informó la Secretaria de Estado.

Las irregularidades detectadas

La ministra advirtió que las denuncias por estas irregularidades ya fueron presentadas en la Fiscalía General del Estado. Entre esta se encuentran casos como la compra de bonos, pactos de recompra, bonos con diferentes plazos.

“No se sabe dónde está la empresa que los ha adquirido”, enfatizó el general (sp) Jorge Villarroel. Aunque, aclaró, que se tiene identificado al ejecutor de la compra.

El Comandante General de la Policía, indicó que en los ilícitos detectados, podría existir una concurrencia de delitos, como malversación, fraude, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y otra serie de acciones ligadas al crimen organizado.

En ese contexto, se dieron a conocer los casos de 200 casas construidas en Montecristi, con una inversión superior a los $ 14 millones, de las cuales solo se han vendido dos.

Además, la Ministra expuso el caso del fideicomiso firmado con la Universidad Técnica Equinoccial (UTE), que supera los $ 7 millones, de los que no se ha recibido ningún reembolso. “Empezamos a exigir el pago, a través de medidas judiciales, coactivas y la Contraloría está apoyando en las gestiones de cobro”, manifestó María Paula Romo.

Otro hecho detectado fue la adquisición de la hacienda Anchamasa, ubicada en Uyumbicho, cantón Mejía, provincia de Pichincha, que en el año 2014 hiciera la entidad de seguridad social de la Policía.

De acuerdo a información difundida por el Ministerio de Gobierno, el inmueble fue adquirido a un costo de $ 14’800.000, pese a que el avalúo comercial del predio era de $ 500.375,33.

El director del Isspol indicó que se han presentado cinco denuncias por adquisición de bienes inmuebles, en Guayaquil y Quito, con evidentes sobreprecios; además, se ha detectado peculado y abuso de confianza. “A la justicia le corresponde determinar responsabilidades”, indicó Villarroel. (I)