Mineros desalojados de la zona de Buenos Aires realizaron este martes 9 de julio del 2019 una marcha hacia la Asamblea para solicitar les regularicen y permitan volver al sitio de manera ordenada.

Ulbio Escobar indicó que trabajó en el sitio más de dos años y lo expulsaron la semana pasada sin permitirle sacar sus herramientas. "Invertí más de $ 5 mil y gasté todos mis ahorros y me dejaron sin nada".

Por eso solicitó que les reconozcan como mineros artesanales y les concedan 300 hectáreas en la zona conocida como Mina Vieja para seguir son su actividad bajo el control de las autoridades.

William Rodríguez aseguró que están afectadas alrededor de 8 mil personas y sus familias que subsistían de la actividad. "Somos ecuatorianos no delincuentes, necesitamos que respeten nuestros derechos esperamos que el gobierno nos escuche".

Rodríguez manifestó que instaló una tienda en Buenos Aires y luego del operativo se quedó sin nada.

Los manifestantes señalaron que conformaron una asociación Compemim S.A., de manera que les autoricen a trabajar y puedan recuperar sus herramientas.

Añadieron que no se oponen a la intervención estatal, pero se hizo sin un plan de contingencia para que se respeten también sus derechos.

Esta mañana la ministra del Interior, María Paula Romo, denunció amenazas en su contra y de la Policía. "Hay personas explotadas en esta industria pero también hay crimen organizado y mucho dinero en juego", escribió en su cuenta en Twitter. Puntualizó que se mantendrán firmes en los operativos.

Pintadas d amenaza contra la @PoliciaEcuador en mina El Olival #BuenosAires

Violencia en redes y anuncio d marchas
Hay personas explotadas en esta industria pero también hay crimen organizado y mucho dinero en juego

¡Firmes contra la minería ilegal y todo el apoyo a la Policía! pic.twitter.com/tBG59cY3gE

— María Paula Romo (@mariapaularomo) July 9, 2019

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, respaldó a la funcionaria, la Policía y "a todos quienes forman parte de esta lucha contra la minería ilegal".

La presencia de grupos armados que generaron una escalada de violencia motivó que el 1 de julio el Ejecutivo emita el estado de excepción para la zona que se llenó de campamentos mineros ilegales.

Durante el operativo, que inició la madrugada del 2 de julio, la ministra Romo manifestó que la Policía, así como las Fuerzas Armadas, han tenido una presencia permanente. 

En 2018 se desarticularon 65 grupos delictivos y, en lo que va de 2019, 27. En estos dos años se han aprehendido 859 personas dedicadas a estas actividades ilícitas y 350 vehículos. Además, se decomisaron 3.474 toneladas de material y realizado 325 operaciones.

Al cabo de tres días de operativo, la Fuerza Pública tomó control de zona y desalojó a todos los mineros ilegales e incautó el material, herramientas y maquinaria que usaban las personas que se asentaron en precarios campamentos para explotar oro irregularmente. La presencia policial y militar se extenderá por los 60 días que dura el estado de excepción.