La ruta hacia la parroquia San Javier de Cachaví no aparece en los mapas satelitales. Es una vía de tercer orden, hecha de rocas y arena, que está flanqueada por inmensas plantaciones de palma y otros tramos por selva.

Por este camino, una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía realizó la mañana de ayer un control de los vehículos y personas que transitaron por la zona y también brindaron más seguridad a las poblaciones del norte de Esmeraldas.

Su consigna era frenar el ingreso al país de cualquier sustancia prohibida que llegue desde Colombia. Estas carreteras, que son comunes en la frontera, son usadas por narcos, traficantes de combustibles y bandas delincuenciales para evadir a las autoridades.

Pero, luego del atentado contra el destacamento policial de San Lorenzo, los controles en las zonas rurales de Esmeraldas se incrementaron considerablemente.

El operativo alegró a los ciudadanos. Uno de ellos fue Antonio Vergara, motociclista que trabaja en una palmicultora, quien fumaba un cigarrillo mientras esperaba su turno para ser revisado por los agentes del GOE de la Policía. El hombre sostuvo que esta vigilancia debe ser permanente en la zona. “Este control... belleza”.  

El chequeo de los vehículos era minucioso. Los agentes revisaban cada compartimento de los automotores y también recibían el apoyo del olfato de los perros especialistas en detectar sustancias ilegales. También pedían a los conductores y pasajeros que lleven consigo sus documentos personales para evitar inconvenientes.

El capitán del GOE, Carlos Aguirre, explicó que el operativo se basa en el estado de excepción que firmó la Presidencia de la República luego del atentado en San Lorenzo.

Esta medida fue implementada para mejorar la seguridad en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, zonas peligrosas por la cercanía con las bandas del crimen organizado que operan desde el vecino país de Colombia.

Es por eso que Aguirre recalcó que el control dará más protección a los habitantes de estas zonas, aunque para muchos la revisión los tome por sorpresa y no les agrade en su totalidad.

Evidencias del coche bomba recabadas por los peritos forenses extranjeros en los alrededores del cuartel de Policía del cantón San Lorenzo. Foto: John Guevara / El Telégrafo

Pobreza rural
Las poblaciones rurales del norte de Esmeraldas no reciben una atención adecuada. La ausencia de servicios básicos y de infraestructura educativa es evidente.

Los colegios de las parroquias están en pésimas condiciones. No obstante, la comunidad se las arregla para hacer mejoras.

Así ocurre en San Javier de Cachaví, donde destacan pequeñas casas multicolores  entre el verde selvático, un pequeño coliseo abierto y una cancha de fútbol profesional, que está sin podar.

Fraile Nazareno observó desde la ventana de su casa a la patrulla del GOE. Él pinta canas y asegura que esa zona es tranquila, pero como en la viña del Señor “hay personas buenas y malas”.  

La mayoría de los habitantes de la parroquia viven de las plantaciones de palma, actividad que llegó a la zona hace 20 años. Estas empresas han dado empleo a las familias y mejoraron sus ingresos.

Los policías conversaron con los moradores de las parroquias San Javier y Carondelet para conocer si tienen problemas de seguridad.

Los agentes volvieron al cuartel en San Lorenzo para almorzar y descansar, en la tarde nuevamente volverían a las zonas rurales del norte de Esmeraldas.  

Una población fluctuante de 25.000 colombianos
Las poblaciones fronterizas de Esmeraldas son puntos estratégicos para el tráfico de drogas y de combustibles. Por eso, militares y policías instalan retenes móviles para frenar estas bandas.

Pero ellos conocen que, luego del atentado, los traficantes querrán que la situación se tranquilice y que los controles se reduzcan para seguir delinquiendo.

El alcalde de San Lorenzo, Gustavo Samaniego, sostuvo que el atentado ocurrido en el cuartel policial, no puede marcar el futuro del cantón que en los últimos años ha crecido considerablemente.

En las calles de la ciudad se observa el cambio, posee un malecón que es una fuente de atracción para los turistas, la capacidad hotelera aumentó y existe un comercio permanente.

Por ello, Samaniego manifestó que esta zona no es peligrosa, incluso los índices de inseguridad, como la tasa de homicidios, bajaron considerablemente en los últimos años en San Lorenzo.

Un factor que buscan los habitantes es que las autoridades ecuatorianas y colombianas se unan para suplir sus necesidades.

El último censo decía que en esta ciudad viven 45.000 personas, sin embargo hay una población fluctuante de por lo menos 25.000 ciudadanos colombianos.  

Es decir, es una urbe con 70.000 personas que necesitan más atención y rentas.

Así lo considera Luis Moreno, operador turístico de San Lorenzo. Él sostuvo que esta zona de Ecuador seguirá creciendo, pero para mejorar sus condiciones de seguridad necesita de todo el país. (I)

Cosepe creará el comité de seguridad fronterizo
La conformación de un comité de seguridad nacional fronterizo es una de las primeras acciones que se cumplirá tras la reunión con miembros del Consejo de Seguridad Pública y del Estado  (Cosepe), llevada a cabo ayer, en el Palacio de Carondelet.

El encuentro, liderado por el presidente Lenín Moreno, analizó el panorama de seguridad tras el ataque terrorista, suscitado la madrugada del sábado 27 de enero, en los exteriores de un recinto policial en San Lorenzo (Esmeraldas). El 95% de la infraestructura quedó deteriorada y afectó a unas 100 viviendas.

Ese día Moreno decretó el estado de excepción por 60 días para San Lorenzo y Eloy Alfaro.

César Navas, ministro del Interior, indicó que el comité tendrá que conformarse en las próximas horas, dentro de las cuales también se conocerá qué entidades la integrarán.

En ese contexto, las dignidades también llevarán a cabo la revisión del Plan de Desarrollo Fronterizo y se realizará la evaluación de un presupuesto que se requiere para su intervención.

El ministro del Interior indicó que en la reunión se revisó la intervención que cumple el Estado ecuatoriano en las fronteras, sobre todo en el cordón norte. Así recordó que hay una participación activa de más de 10 mil efectivos entre miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía.

Navas indicó que se le informó al Ejecutivo cómo actúan los grupos dedicados a actividades ilícitas, sobre todo al narcotráfico. Se detalló el número de detenidos, de droga y de precursores químicos incautados.

Navas ratificó que está en curso la investigación que vincularía en el caso a ‘Guacho’, un miembro disidente de las FARC. Señaló que hay indicios de su participación, pero eso tendría que ser confirmado por la Fiscalía.

El Cosepe lo integran el ministro César Navas; Patricio Zambrano, ministro de Defensa, así como la cúpula policial y militar. También Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura; Carlos Baca Mancheno, fiscal General de la Nación, entre otras autoridades. (I)