La Mesa de Justicia de la Asamblea Nacional analizó en comisión general los aportes para el "Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías".

El proyecto de norma, presentado por los asambleístas Héctor Muñoz y Juan Lloret, se encuentran en la etapa de recepción de observaciones hasta el 31 de mayo de 2020.

Entre los planteamientos se encuentra fortalecer los mecanismos de control del contrabando y la defraudación aduanera y otorgar competencias de aprehensión, decomiso y destrucción de mercancías ilícitas a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía, así como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

En esa línea, la mañana de este miércoles 29 de abril se escucharon varias comparecencias a través de una plataforma digital.

Antonhy Escudero, director Ejecutivo de la Asociación de Productores de Uvas, fue uno de los primeros en intervenir. En su ponencia explicó la situación en su ramo. Aseguró que la presencia de la fruta de contrabando se encuentra entre el 40% y 60% en el mercado. Incluso, señaló que en 2019, la afectación del contrabando llegó a $ 1'580.000.

El representante cuestionó que las personas que infringen la ley terminan cancelando sanciones monetarias, mientras que los productores nacionales cumplen las normas para exponer un mercado de alta calidad.

Christian Wahli, presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab), advirtió que las fronteras son permeables y muchos de los productos ingresan de forma ilegal.

El presidente detalló que el 25% de las rutas de ingreso son por la frontera norte; el sur es un 30%, la vía marítima el 20% y el resto por los aeropuertos. Dentro del sector agrícola, solo en 2018, se incautaron alrededor de $ 2,2 millones en productos como arroz, fruta y papa. De ahí la necesidad de fortalecer los mecanismos de control.

La misma inquietud manifestó Mauricio Sáenz, gerente General del sector tabacalero (Itabsa, Tanasa y Proesa), quien señaló que la incidencia del contrabando está en aumento.

Detalló que en 2014, esa actividad ilegal era del 5%, mientras que en 2019 llegó al 72% y se ha demostrado que siete de cada 10 cigarrillos en el país son ilegales.

En ese contexto, Sáenz presentó tres sugerencias al proyecto de Ley. El primero, que se aplique la destrucción de productos decomisados, para que no regresen al mercado.

El segundo, la creación de un fondo de los valores recaudados provenientes del contrabando para fortalecer las unidades contra ese delito.

Y por último, mediante decreto ejecutivo, que se emitan bonos tributarios para que las empresas destinen a la reducción de precios para el consumidor final. (I)