En el 2014 Cristóbal L. V., exfuncionario público, fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de peculado y estuvo recluido en el expenal García Moreno de Quito para cumplir la condena.    

Al poco tiempo, varias personas, entre internos y funcionarios del centro de reclusión, le acosaron e iniciaron una campaña de chantaje. Le pedían dinero a cambio de no ser trasladado a la cárcel de Cuenca o de Guayaquil.   

Por no acceder, “sin razón legal alguna, motivo o circunstancia, efectivamente, fui llevado, sin que se me haya indicado ninguna orden, trasladado a este Centro de Rehabilitación Social (El Turi de Cuenca), temiendo una vez más por mi vida, mi integridad física…”, relató.

Este es uno de los cientos de casos de corrupción al interior de las cárceles que han sido denunciados. El último que se hizo público fue el de William Poveda, alias “El Cubano”, quien fue asesinado el pasado martes en un ataque armado en la cárcel Regional de Guayaquil.

Por razones aún desconocidas fue trasladado del pabellón transitorio al de máxima seguridad especial, pese a que había una orden judicial para que no fuera removido, dice su abogado, Patricio Vásquez.

Cuando un juez resuelve prisión para un procesado, no en todos los casos determina en qué centro de rehabilitación debe cumplir la condena, por lo que en ese caso actúan las autoridades encargadas de los centros de rehabilitación.

A su vez, para trasladarlos de una a otra cárcel se lo hace mediante autorización de un juez, en casos judiciales, o por parte de las autoridades penitenciarias, en casos administrativos o técnicos, afirma el penalista Iván Durazno.

“Cuando se toma la decisión de hacer traslados de privados de la libertad, la dirección de rehabilitación con los funcionarios de los centros penitenciarios hacen una lista, muchas veces a dedo, y ahí es cuando intervienen ciertas personas para pedir plata para evitar el cambio de cárcel”, sostuvo.

Tras recordar que es una vieja práctica que antes se  hacía inclusive desde el propio Ministerio de Justicia (hoy desaparecido), sostuvo que lamentablemente y pese a las denuncias, poco se ha hecho para combatir este mal.

“Yo denuncié y fue peor”, dice Ulises R., un sentenciado a 10 años por asesinato. Afirma que en 2016, cuando ya estaba detenido dos años, en Ibarra, le pidieron $ 5.000.

“Les dije que no tenía dinero y les denuncié a través de mi abogado, pero nada pasó y más bien me llevaron a Latacunga, al año otra vez me cambiaron a Cuenca, cada vez más lejos de mi familia”.

Recuerda que otros compañeros suyos sí pagaron y no tuvieron problemas, pero cada cierto tiempo tenían que pagar.

Viabilizan medidas del gobierno

Para dar solución a la crítica situación carcelaria, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso el último jueves 13 de junio tres correctivos que se suman a la declaratoria de emergencia del sistema penitenciario vigente desde el 16 de mayo pasado.

Solicitar al Consejo de la Judicatura (CJ), a través del Ministerio del Interior, que los jueces sean un apoyo y no un obstáculo para la consecución de objetivos y “que sus decisiones no se interpongan y no contradigan las decisiones disciplinarias que se llevan al interior de la Secretaría que maneja la rehabilitación penitenciaria”, es el primer correctivo.

El segundo tema es sobre la seguridad física en las cárceles, y propone conseguir tecnología de punta como cámara, escáneres y elementos de control que permitan tener información y poder prevenir actos de violencia.

El último correctivo está encaminado a la reclasificación de los detenidos de acuerdo a “su peligrosidad, comportamiento, y se tomará en cuenta lo que causó la sentencia”.

Para el jurista Fermín Cajas, estas propuestas son viables más aún si existe la decisión política del Gobierno. Además se facilita porque con la declaratoria de emergencia la provisión de recursos se agiliza para poder equipar a los centros de rehabilitación de sistemas indispensables para el control de las personas.

El penalista Patricio Abad sostiene que el exhorto al CJ se tiene que analizar detenidamente porque justamente para el caso de los privados de la libertad están los jueces de garantías penales que reemplazan a los de garantías penitenciarias. Ellos deben ser los que tienen que trabajar coordinadamente con las autoridades del sistema de rehabilitación social.  

Se pudo conocer que hasta la tarde de este viernes 14 de junio las autoridades del CJ aún no habían recibido en sus despachos el exhorto.

Edmundo Moncayo, director del Sistema Penitenciario del país, indicó que inmediatamente se trabaja en las otras dos disposiciones del Jefe de Estado.

Sobre el equipamiento de los centros carcelarios, reveló que casi todo lo que hay está dañado o que no existen equipos tecnológicos.

Solamente en los hechos registrados en Guayaquil el pasado martes 11 de junio, que terminó con el asesinato de “El Cubano”, los internos destruyeron cinco cámaras de videovigilancia y destrozaron varios bienes.

Este viernes 14 de junio, en declaraciones a una emisora local, Moncayo reiteró que no se va a retroceder ni a dar tregua a las organizaciones delincuenciales que operan al interior de las cárceles y que se actuará conforme a la ley. (I)