Los 50 empleados despedidos de una empresa, en el contexto de la emergencia por covid-19, acudieron a un centro de mediación para resolver el conflicto con su empleador. Este quería que firmaran su renuncia y se olvidaran de la antigüedad y otros derechos.

Al final, las partes llegaron a un acuerdo. Los trabajadores recibirán la liquidación que les corresponde, pero en partes: la mitad en un pago y el resto en mensualidades en un plazo definido.

Solanda Goyes, directora nacional de acceso a los servicios de justicia del Consejo de la Judicatura (CJ), destacó que la mediación es un instrumento clave para resolver los conflictos generados durante el aislamiento por la emergencia sanitaria.

“Además de los problemas de salud y la crisis económica, hay conflictividad en lo laboral, en el ámbito de inquilinato y en las familias”, señala.

Durante las primeras semanas de la emergencia no hubo atención en ningún centro de mediación, pero en función de la evolución de la situación, el 23 de abril el CJ emitió la resolución 039-2020.

En esta se dispuso la realización de audiencias de mediación a través de medios telemáticos.

Desde esa fecha y hasta el 17 de mayo se conocieron 216 causas. Las resoluciones tomadas tienen valor de sentencia judicial.

Los que brindan este servicio actualmente son espacios privados o de municipios, prefecturas, cámaras, universidades, organizaciones sin fines de lucro, entre otros. Según Goyes, 15 centros de arbitraje y 55 de los 90 de mediación registrados por el CJ se acogieron a laborar.

Mientras que los centros de mediación de la Función Judicial, que brindan un servicio gratuito a la ciudadanía, no han retomado sus actividades.

“Esto es por voluntad e interés, pero además por contar con las condiciones de la resolución, que son básicamente tener los medios para desarrollar audiencias vía telemática y contar con firma electrónica (mediador y las partes)”, aclaró la funcionaria.

Además, garantizar los principios de autonomía de la voluntad, confidencialidad, imparcialidad y neutralidad.

Goyes manifestó que en sectores rurales han sido los jueces de paz quienes han ayudado en la resolución de conflictos.

Marlon Muñoz, director nacional de Centros de Soluciones Legales Censol, con oficinas en Guayas, El Oro, Los Ríos, entre otras provincias, explicó que las audiencias se han realizado a través de plataformas virtuales gratuitas de videoconferencias.

“La mediación es la alternativa para que se puedan resolver controversias sin ir a un juzgado. Esto ayudará a descongestionar el sistema de justicia cuando la atención regrese a la normalidad”, dijo.

Agregó que los temas más comunes han sido laborales, inquilinato, familiares y civiles por deudas y por repartición de herencias.

Él fue quien participó en la mediación por los 50 empleados despedidos en Guayaquil. Para él, uno de los inconvenientes es que los ciudadanos no cuentan con firma electrónica y esta cuesta.

Alicia Santillán, directora del centro de arbitraje y mediación de la Universidad Espíritu Santo, coincidió en que existe un poco de desconocimiento del uso de la firma electrónica, pero que no hay dificultad para obtenerla. “Hay que acoplarse a las nuevas realidades”. (I)