En la carretera que lleva a Mataje hay un silencio que perturba. Apenas son dos kilómetros que separan al último retén de la Marina con la parroquia fronteriza con Colombia, la cual fue sacudida por el último atentado que mató a tres soldados y dejó heridos a otros 11.

Antes de ingresar, los soldados relatan que luego de la explosión de la mortal bomba han escuchado detonaciones y que es mejor no entrar con un vehículo con placas de color amarillo. Con esa advertencia es inevitable que la vista se fije en la selva que hace un corredor en la vía asfaltada, en búsqueda de cualquier situación sospechosa que interrumpa el camino.

El martes de la semana pasada, los marinos fallecieron en una bomba colocada en la carretera de Mataje, apenas a un kilómetro del pueblo.

El explosivo fue escondido en una caneca que parecía ser basura, pero cuando caminaron cerca activaron un disparador que detonó la mezcla de nitrato de sodio, diésel y metal que se transformó en mortales esquirlas.

A poco tiempo del recorrido, un letrero verde anuncia que se llegó al kilómetro 16, la entrada a Mataje. Ahí se construyó un redondel que divide a tres vías.

La derecha va a El Pan, comunidad donde se tiene prohibido el paso. La del centro lleva al puente internacional, que pretendía ser el nexo formal para el tránsito entre Ecuador y Colombia.  

En el extremo sur del acceso se colocó un enorme letrero que dice ‘Bienvenido a Ecuador’ y al seguir se anuncia la llegada a Colombia, pero al cruzar la frontera la carretera se acaba súbitamente al pie de una montaña infranqueable.

Desde el redondel, la ruta a mano izquierda conduce a la comunidad de Mataje, un pueblo construido hace menos de 10 años y que tiene una escuela, un centro médico, algunos locales comerciales y varias casas. Pero las calles lucen vacías.  

Más adelante, en el pueblo antiguo un anciano afroecuatoriano se anima a conversar. Piensa unos segundos para decir su nombre, pero finalmente se arrepiente; para él, es más seguro ser anónimo.

-¿Cómo está?, le pregunto y una bocanada de aire invade su cuerpo antes de contestar.
-Mal, responde y recuerda que los sonidos de explosiones siguen.
-¿Por qué no sale de Mataje?, le interrumpo.
-Mi familia se fue a San Lorenzo, yo me quedé a cuidar mis animales porque se los pueden comer.

Él es dueño de una vaca y prefiere cuidarla; como también protege su casa.

A pocos pasos de esa vivienda, un pequeño grupo de hombres, que no pasan de siete, está reunido. Son recelosos con los extraños y prefieren tomar el camino de regreso a casa antes de conversar. Por lo menos el 60% de los habitantes de Mataje dejó sus casas luego del atentado.

La mayoría buscó refugio con familiares y amigos en lugares cercanos. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, anunció un plan para que los habitantes de frontera se establezcan en sitios más seguros hasta que termine la emergencia.

Este plan se aplicará no solo en Mataje, ya que también hay desplazados en El Pan, en Alto Tambo y otras comunidades afectadas por la violencia de los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), unas bandas delictivas conformadas por exguerrilleros que poseen entrenamiento militar y que se dedican al tráfico internacional de drogas.

Inteligencia militar detectó a seis grupos que operan desde el departamento colombiano de Tumaco y conoce que esta es la temporada de cosecha de la coca, por eso están más violentos, quieren sacar sus estupefacientes por las costas nacionales. Y Esmeraldas es un punto clave.

Un taxista informal tampoco quiere ir al lugar de la explosión y explica que ser visto con periodistas puede ser sinónimo de ser un ‘sapo’, alguien que pasa información de lo que sucede.

El miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Gustavo Bell, tiene una explicación para ese temor. Los grupos que operan en Tumaco heredaron la vieja sentencia de los carteles de droga… todo funciona bajo la ‘ley del metal’: plata para quien esté con ellos y plomo para quien se oponga.

La llegada militar y policial
Hasta el viernes pasado (23 de marzo) nadie estuvo en el lugar donde estalló la bomba que mató a los marinos Luis Mosquera, Sergio Cedeño y Jairon Sandoval.  

Sus compañeros dicen que en el lugar solo quedó un caos de maleza, ropa, hierros y un hoyo en el piso por la onda explosiva. Había la duda de que haya más explosivos colocados a traición y que sean activados si no conocían el camino.

Para el peritaje de la zona los expertos de Criminalística de la Policía Judicial llegaron protegidos por dos convoyes militar y policial.

Los soldados iban en dos jeeps Hummer y dos camionetas. Los de los jeeps estaban apertrechados con ametralladoras de grueso calibre;  además, todos tenían fusiles, cascos de combate y chalecos antibalas. Los policías, miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), también vestían su chaleco negro resistente a las balas y portaban fusiles de combate y cascos para la guerra.

Una fuente del Mando Unificado de las Fuerzas Armadas y Policía confirmó que entre el viernes y el sábado pasado se cumplió con la revisión de la zona. La inspección fue clave para conocer más detalles del ataque; por ejemplo, saber qué se usó para construir la bomba.

Desde enero pasado, en la frontera han estallado tres aparatos explosivos. El primero fue el coche bomba en el destacamento policial en San Lorenzo, luego fue otra bomba en el retén de la Marina en Borbón y por último en la carretera a Mataje.

La Fiscalía abrió tres indagaciones para encontrar a los responsables de los ataques. Por esas investigaciones hay 14 personas detenidas en operativos que se realizaron en Guayaquil, San Lorenzo y en la parroquia esmeraldeña de Ricaurte.

En el caso de Mataje la investigación está empezando. Aunque existen enormes sospechas de los responsables, aún no hay certezas. Esa misma incertidumbre vive el abuelo de cabellos blancos en Mataje. No sabe cuándo regresará su familia, pero cuenta que un amigo suyo hace rondas por su casa para cerciorarse de que nada malo le ha pasado. Tiene comida y el servicio de luz no se ha cortado. Esto le ha ayudado a pasar las horas en soledad.

Las Fuerzas Armadas, la Policía y el Municipio de San Lorenzo aplicarán desde hoy un plan para dar más seguridad a las parroquias de la línea de frontera.

No se permitirá la entrada ni salida de ninguna persona desde las 22:00 hasta las 05:00. Esta acción incluye a Mataje, donde desde antes se realizan controles exhaustivos para vigilar a las personas y vehículos que circulan hacia el poblado. Este trabajo está a cargo de los infantes de Marina, las 24 horas del día.

Revisan los vehículos, la carga que llevan y también los documentos de las personas; además, toman una fotografía de los papeles de identificación y de su rostro. Asimismo, hacen otro registro gráfico de las placas de los vehículos y del número del motor. Son medidas vitales. Los soldados no quieren ser sorprendidos ni dejar que los violentos puedan filtrarse en el país.

Otra medida es la suspensión de la libertad de asociación y de reunión, para lo cual se prohibió que bares, discotecas y otros centros de diversión atiendan más allá de las 22:00.

El alcalde de San Lorenzo, Gustavo Samaniego, está consciente  de que ello podrá afectar la llegada de turistas a pocos días de un feriado nacional, pero sostuvo que la seguridad de los ciudadanos es lo más importante.

Datos
Restricción para la pesca
El jefe del Mando Unificado, comandante John Merlo, informó que las personas que se dedican a la pesca  deberán contar con documentos en regla y tendrán un horario de navegación similar al de la prohibición en las vías.

14 personas han sido detenidas en operativos en Guayaquil, San Lorenzo y Ricaurte (Esmeraldas).

Paso exclusivo
Los únicos vehículos que podrán circular por las vías cerradas serán las ambulancias y de FF.AA. y Policía Nacional. (I)

San Lorenzo sigue en zozobra y cae el turismo

San Lorenzo vivió unas tristes fiestas de cantonización. Cada 22 de marzo se recuerda la decisión del último gobierno militar de proclamarla ciudad. Pero este año no hubo celebración por los recientes  atentados que cambiaron su rutina.

El estado de excepción -impuesto en enero pasado- sigue vigente y en algunas calles del centro se prohíbe el paso de cualquier persona. Así ocurre en el destacamento atacado el 27 de enero pasado; pero también se pusieron obstáculos en los hoteles donde descansan los policías y militares.

El alcalde de San Lorenzo, Gustavo Samaniego, en su rendición de cuentas, realizada el viernes pasado, se mostró preocupado porque el comercio y el turismo disminuyeron, perjudicando el desarrollo de la urbe. Pero cree que es el momento de que los ciudadanos demuestren el amor a su ciudad.

En el cantón esmeraldeño también estarán atentos a que el Gobierno cumpla con su ofrecimiento de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones cercanas a la frontera con Colombia, que son afectadas por estos hechos de violencia. En este caso, el burgomaestre necesita el apoyo del Ejecutivo para construir la planta de agua potable y para mejorar las rentas.

Mientras tanto, la pequeña parroquia de Ricaurte también es afectada por los atentados ocurridos desde enero pasado. Pero sus problemas son distintos. Ellos reclaman por la libertad de cuatro jóvenes que, según su pronunciamiento, son inocentes.

El jueves de la semana pasada, un operativo policial sorprendió a los habitantes de este poblado. Luis Ch., hermano de los apresados, sostuvo que los uniformados buscaron sin éxito cualquier evidencia en contra de su familiar. Aseguró que su hermano Jimmy nunca tuvo problemas con la ley; es un hombre trabajador que labora como guardia en una escuela del milenio de la zona.

Ese mismo día, en la casa de Florentino A. también se vivieron minutos de zozobra, cuando los gendarmes se llevaron a su hijo Wilmer. El padre recalcó que desde hace tres años su vástago labora como policía municipal en San Lorenzo y sostuvo que consiguió este trabajo a pesar de que sufre de ataques de epilepsia por un tumor que está en su cerebro.

Esta historia se repitió en los hogares de Miguel A. y José P., quienes también fueron detenidos en el operativo ‘Libertador’, como llamaron la Fiscalía y los ministerios de Defensa y del Interior a estos arrestos.

Los vecinos de Ricaurte corroboran estas versiones de inocencia de los cuatro jóvenes, por lo cual exigen que se libere a los detenidos y se realice una investigación justa.

Un día después de los arrestos, los ministerios de Defensa, del Interior y la Fiscalía convocaron a la prensa para dar detalles del operativo ‘Libertador’. Ahí se contó que los detenidos son investigados porque supuestamente eran colaboradores del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR), principales sospechosos de los atentados en la frontera y de la red de narcotráfico que utiliza esa zona norte del país.

Los ojos de las autoridades caen sobre el llamado frente Oliver Sinisterra, una banda delictiva compuesta por exguerrilleros de las  FARC y que tiene como su cabecilla a alias ‘Guacho’, un esmeraldeño que se unió a la insurgencia y ahora opera en esa red narco. (I)

La frontera no tiene radares de vigilancia terrestre

El Estado ecuatoriano cuenta con vigilancia aérea en la frontera norte, pero no tiene radares para el control terrestre, afirmó el viceministro de Defensa Nacional, Felipe Vega de la Cuadra, a EL TELÉGRAFO.

Después de la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa, efectuada el viernes, en Quito, el funcionario indicó que al momento la vigilancia en la frontera norte se realiza con otro tipo de mecanismos.

La dotación de un sistema de radares terrestres ayudaría en la identificación de grupos armados residuales en el territorio nacional. Señaló que el país cuenta con un sistema de radares aéreos y de vigilancia marítima,  pero no de tipo terrestre.

De contar con ese sistema, Ecuador tendría a disposición una serie de artefactos, como sensores, radares, cámaras infrarrojas y drones.

Adelantó que están analizando un proyecto para la dotación de ese tipo de vigilancia, lo que permitirá que el país cuente con un sistema radárico en los próximos años.

Sin embargo, dijo que su implementación es costosa, ya que, según el mercado internacional, los valores oscilan entre los $ 12 millones por cada 10 kilómetros de vigilancia.

“La cobertura a nivel terrestre no la tenemos, pero existen otros sistemas (de vigilancia), como drones, cámaras (...)”.

Agregó que, debido a la coyuntura que vive la zona limítrofe con Colombia, es necesario colocar radares terrestres, así como “mejorar la dotación de todo un sistema de protección de frontera, sabiendo que los que operan allí no son ejércitos regulares, sino grupos armados y delincuenciales”.

Vega de la Cuadra aclaró que la frontera, que tiene 730 kilómetros de extensión, necesita que todos los radares individuales se integren en un solo sistema junto a los de la Aviación Civil y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Reconoció las dificultades que tuvo el Estado para implementar el control aéreo, pues en 2013 el país y la empresa china CETC acordaron un contrato por $ 36 millones para la adquisición de dos radares para el control del espacio aéreo nacional, a cargo de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, esos radares no cumplieron esa función, ya que operaban de manera individual y “no pudieron integrarse al sistema con los radares de la Aviación Civil y las FF.AA.”.

Por eso, el Estado terminó -de manera unilateral- el contrato. Eso conllevó a que la empresa china estableciera una demanda por daños y perjuicios contra el Estado ecuatoriano por $ 280 millones.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa puso tres demandas: por el secuestro de los radares, por daños y por la terminación del contrato. Hoy siguen en el campo de la justicia.

Posteriormente Ecuador recontrató esa adquisición y lo hizo con una empresa española. Según Vega de la Cuadra, desde finales de 2017 hay cobertura en el espacio aéreo nacional. (I)