Sindy Quiñónez cuenta lo duro que ha sido cumplir con la capacitación en seguridad, un requisito que le exigió la compañía en la que labora desde abril de 2015.

La empresa le informó que debía ir a una de las escuelas autorizadas por el Ministerio del Interior y le dio plazo hasta diciembre del año pasado para que complete el curso. Así se acercó, junto a otros compañeros, a la escuela de capacitación Incasi, en el norte de Quito, donde pagó 390 dólares por el curso de 120 horas.

“Gano el básico más horas extras, alrededor de $ 520 al mes, por eso me acerqué con otros compañeros a la dirección del centro para que nos ayuden con el pago y nos cobraron en 3 partes”, comenta esta madre soltera de 2 niños.

El pago no fue la única dificultad, pues también tuvo problemas para asistir al curso; tenía que hacerlo en sus días libres, los sábados y a veces  faltar a su guardia normal, lo cual implicaba recibir menos dinero por salario.

Contó: “Trabajamos 5 días a la semana, 12 horas rotativas, 3 días en jornada matutina y 3 en horario nocturno. El de la noche es de 19:00 a 07:00. Es muy duro el trabajo y encima pagar gastos extras fue un sacrificio”.

Algo similar vivió Rodrigo Santillán, quien trabaja en una empresa de seguridad en Riobamba: “Pagamos por el curso $ 450, ya que lo hicimos a través de una empresa intermediaria, lo cual se complicó, porque el pago fue en 2 partes”. Comenta que para cumplir, “a veces salía de velada directo al curso, ya que eran los sábados y domingos, o cambiaba el turno con algún compañero”.

Sin embargo, en ambos casos los guardias destacaron que el curso  fue bueno y esperan tener más capacitaciones de ese tipo, pero cuyos costos sean asumidos por las empresas para que tengan personal bien entrenado.

El Ministerio del Interior emitió un instructivo en abril de 2015 con la malla curricular que deben cumplir los centros de capacitación aprobados.

El pénsum de estudios está dividido en 4 áreas de enseñanza, que se refieren a la legislación aplicada a la seguridad privada, que se dicta en 18 horas; desarrollo humano, en 26; seguridad de riesgos, emergencia y seguridad ciudadana, 32 horas; primeros auxilios y defensa personal, 8 horas cada una, que dan un total de 120 horas de curso.

De esta manera -hasta agosto de 2015- se han capacitado, según datos publicados por el Ministerio del Interior, 14.817 guardias y existirían todavía 42.254 que no han cumplido con el curso.

Según el Departamento de Control y Supervisión de las Organizaciones de Seguridad Privada (Cosp) de la Policía, desde 2014 existen en el país alrededor de 984 empresas registradas legalmente, además funcionaban en varias provincias,  322 agencias y 272 sucursales. La provincia que más compañías tiene es Pichincha, con 515; seguida de Guayas, 261, y Azuay, 33.

Por este motivo, hace 2 años el Ministerio del Interior ha impulsado la capacitación de los vigilantes, orientada a garantizar -a las personas que reciben el servicio- que el personal de las empresas tenga un nivel estándar de formación.

Además, que esa función no invada los ámbitos de competencia del Estado, asignados a la Policía, pero que puedan convertirse de una manera adecuada en elementos preventivos.

El ministro del Interior, José Serrano, señaló que existirían alrededor de 95 mil agentes de seguridad privada en el país, por eso la necesidad de una regularización. Comentó que “no todos están en la misma situación, en cuanto a su condición de capacitación. Tampoco existe un estándar en cuanto a lo laboral”.

Por eso en agosto del año pasado el funcionario autorizó el funcionamiento de 14 centros de estudio.

No obstante Wilson Figueroa, representante de la asociación de guardias privados del Ecuador, dijo que existen varias irregularidades, como cobros excesivos: “En algunos centros los compañeros han pagado hasta 600 dólares”.

Además mencionó que hay dueños de empresas que también tienen institutos de capacitación, mientras que otras compañías exigen a los empleados que vayan a determinada escuela que los directivos o dueños escogen.

El presidente de la asociación nacional de empresas de seguridad (Anesi), Luis Mena, comentó que otro de los inconvenientes es que hay centros de capacitación solo en 5 provincias, “esto es un problema hemos pedido que se autorice también en otras ciudades. Cómo puede alguien de Carchi ir a Pichincha o Guayas para capacitarse, es muy complicado”.

También aclaró que no es factible que las empresas puedan subvencionar a los empleados, porque en este sector hay mucha rotación de personal, por eso el gasto corre a cargo de cada guardia.

Mena comentó que otro de los inconvenientes es la falta de armamento para los guardias, las importaciones están prohibidas desde  2007. Recordó que “existe el proyecto de que el arsenal de la Policía que es reemplazado pueda ser potenciado en Santa Bárbara y entregado a empresas de seguridad, pero desde el año pasado no se ha concretado el proyecto”.

Durante varios días, EL TELÉGRAFO intentó obtener la versión sobre este tema del director de la Secretaría de Seguridad del Ministerio del Interior, pero no ha respondido. (I)