El enfrentamiento de bandas el jueves en la Penitenciaría del Litoral dejó seis muertos y luto en sus familias. 

La ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que los hechos de violencia están relacionados con el endurecimiento de controles implementados en el Sistema de Rehabilitación Social.

Esa medida es la respuesta a la emergencia y a la aplicación del decreto de estado de excepción para solucionar la crisis del sistema carcelario, explicó ayer en un canal local.

La funcionaria indicó que lo que actualmente acontece en los centros de rehabilitación social (CRS) “es una crisis que se ha cocinado durante años” por el hacinamiento. Además, porque en un tiempo determinado se crearon cuerpos especiales de seguridad aislados”.

Romo dijo que el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) regula a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Pero también crea otro grupo de atención de las cárceles que se suma a la crisis del sistema.

Según ella, este cuerpo a cargo del control de la seguridad de las cárceles “tiene grandes dificultades y debe ser apoyado”. El Código retiró a la Policía y al Ministerio del Interior. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores quedó a cargo del cuerpo de seguridad.

“Eso significa que en este momento tenemos este cuerpo de guías penitenciarios, con unas 1.500 personas, que no tiene relación directa  con la Policía ni con las FF.AA.”, indicó.

Sobre la participación de la fuerza militar, aclaró que la Policía se encuentra en los perímetros y en algunos filtros, además de las zonas de máxima seguridad. La Policía reforzará su presencia en máxima seguridad y se espera que las FF.AA., al hacerse cargo de los perímetros y el primer filtro, puedan liberar más de 2.000 policías para que fortalezcan el sistema, remarcó.

Para ella, el tema también  tiene que ver con autoridades de justicia y con disputas de territorio entre organizaciones criminales, al interior y fuera de las cárceles. Ellos están sintiendo una actuación cada vez más rigurosa de la Policía”.

En lo que va del año, la Policía ha realizado cerca de 300 requisas en los centros penitenciarios, encontrando 1.937 litros de licor, 2.968 accesorios de teléfonos, 341 artefactos electrónicos, 160 municiones y más de 4 mil armas cortopunzantes.

La institución intensificará estas incautaciones y necesita apoyo en este escenario, porque si se siguen encontrando armas, licor y otros objetos prohibidos, significa que estos aún ingresan a las cárceles.

Remarcó  que cuando la Policía ha identificado personal suyo que podría estar involucrado en estos actos, los ha detenido y puesto a órdenes de la justicia. Indicó que el nuevo director de la Penitenciaría tiene una amplia experiencia en cárceles y eso da mayores garantías. (I)