La ministra de Gobierno, María Paula Romo, resaltó el acuerdo alcanzado con los 138 cabildos del país a fin de reforzar la seguridad ciudadana desde los diferentes municipios.

Romo explicó que si bien es cierto hay municipios que tienen planes "bien trazados" en materia de seguridad, hay otros que aún carecen de normativas y ordenanzas que los fortalezcan.

"Hay municipios que incluso no tienen ordenanzas para regular la venta de bebidas alcohólicas o la ingesta de estas bebidas en la calle", explicó la ministra en diálogo con el programa Primera Impresión de EcuadorTV.

Romo dijo que este acuerdo va más allá del punto de vista de la policía, tiene que ver con el concepto de corresponsabilidad.

"Hay ciudades en las que por ejemplo tienen ordenanzas en las que no pueden transitar dos personas en una moto a determinadas horas ha ayudado a controlar cierto tipo de delitos. Esto no se hace en todas las ciudades porque cada una tiene desafíos distintos y no aplica en todas", señaló.

En ese sentido, recordó que muchos de los municipios cobran tasas de seguridad que corren con los costos de conectividad de las cámaras de vigilancia, y otros aportan a dar mantenimientos a las unidades de policía comunitarias.

Especializar a la policía nacional

María Paula Romo recordó que la profesionalización de la policía tiene una historia de 80 años en el país, y quienes se gradúan de oficial del instituto superior de la policía tiene un equivalente a una licenciatura.

Por ello, hablar de una "universidad de la policía" es una idea que se viene construyendo desde hace varios años y espera concretarse en los próximos meses como parte de la gestión del Gobierno Nacional.

"No solo hay recursos previstos en el presupuesto general del Estado, sino recursos que se destinan para pagar cursos universitarios de la propia policía y con estos recursos la universidad de la policía nacional podría financiarse a sí misma, porque en este momento se destinan recursos importantes", precisó.

La funcionaria recordó que cada año se gradúan 2000 nuevos miembros de la policía (algunos tienen una formación de menos tiempo) y la organización de los propios recursos con los que cuenta la institución permitirá que este proyecto se "cristalice pronto".

Uso de arma para ciudadanos

Ante la posibilidad de una ley que permitiera a los ciudadanos usar armas como protección personal, María Paula Romo fue enfática al precisar que esa "posibilidad no está en debate", porque está demostrado que mientras más armas circulen o estén a disposición de la ciudadanía es más común los delitos más graves.

"Entendemos el nivel de indignación ante ciertos episodios y la exigencia de seguridad que se requiere, pero las estadística demuestran otra cosa (...) pero estamos trabajando para reforzar la seguridad con controles más exhaustivos. Por ejemplo, el año pasado sacamos 5000 armas de circulación".

En contexto, la funcionaria explicó que en 2018 la mitad de los asesinatos en el país se debieron a violencia interpersonal, es decir, entre vecinos, amigos o dentro de la propia casa. “Incluso 14 niños fueron asesinados por castigos físicos, ahora agregue que haya una pistola en la casa, sería peor. Por eso este es un tema que tiene que tratarse con cuidado y precaución”.

Reformas a ley

María Paula Romo dice que la actual Ley de Movilidad Humana le da un margen pequeño de acción al Estado en materia de control migratorio.

Para la ministra, que el Ecuador no solicite visa para ingresar suena bien en “sentido humanista”, pero que esa medida es criticable porque se “pierde la posibilidad de control” cuando se quiere aplicar una política migratoria.

“Lo que hay actualmente ha facilitado el ingreso de traficantes de personas (…) por eso queremos una migración controlada y para ello se necesita reformas a la ley. No hay nada que nos vaya a llevar a niveles 0 de crimen, pero si unimos herramientas de trabajo tendremos más control”. (I)