La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, contestó las preguntas de Diario EL TELÉGRAFO por escrito sobre cómo trabaja la justicia en medio de la emergencia sanitaria.

¿Qué medidas ha tomado la justicia para trabajar en esta época del coronavirus?
El Consejo de la Judicatura (CJ) no es ejecutor de justicia. Nuestra prioridad ha sido precautelar la vida y salud de los usuarios, así como de los servidores judiciales. En esa línea, el CJ ha adoptado medidas que no solo garantizan el servicio de justicia durante la emergencia sanitaria, sino que tienen el propósito de prevenir el contagio del covid-19. El 16 de marzo el pleno del CJ aprobó la resolución 031 – 2020, y suspendió la atención al público y la jornada laboral de los servidores de órganos administrativos, jurisdiccionales, autónomos y auxiliares de la Función Judicial, excepto lo relacionado en materia de flagrancia.

¿Cuáles son los resultados de la implementación de esas medidas?
Desde el 16 al 22 de marzo a nivel nacional se hicieron 1.058 audiencias de flagrancia. Guayas es la provincia con más audiencias en ese periodo, con 234; seguida por Manabí con 119; Pichincha 87; y Los Ríos 79. Los casos atendidos tuvieron relación con infracciones como incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente, lesiones causadas por accidentes de tránsito, contravenciones de segunda clase, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, ataque o resistencia, entre otros. También se han registrado casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Las unidades judiciales, que están operativas y el personal que se encuentra en ellas, cuentan con los elementos necesarios de protección, gel antibacterial, mascarillas, guantes. Además de implementar mecanismos como son los turnos de llamada y la atención a través de medios telemáticos, por ejemplo: cinco en la Unidad Judicial Penal con competencia en infracciones flagrantes con sede en la parroquia Mariscal Sucre de Quito. O tres en la Unidad Judicial de Tránsito (Pradera) y la Unidad Judicial de Adolescentes Infractores con sede en el Distrito Metropolitano de Quito.

¿Tiene algún reporte sobre cómo ha funcionado flagrancia en lo penal?
A nivel nacional, desde el 16 al 22 de marzo del 2020, se realizaron 902 audiencias en materia penal. La mayoría de estas diligencias tuvieron medidas de seguridad y prevención para los servidores judiciales y las personas procesadas. Se han presentado los diferentes reportes de los directores provinciales y se ha consolidado toda la información.

Pero el virus no ha detenido los casos de violencia contra la mujer. ¿Qué reporte tiene de esos casos?
Proyectando los ingresos del 2019, que fueron 56.931 a nivel nacional, las flagrancias serían aproximadamente 8.540.Es decir, un promedio de 23 causas flagrantes diarias en todo el país. Se puede concluir que las flagrancias mantienen el mismo comportamiento que en etapas sin emergencia.

¿Qué han implementado para atender a las víctimas?
Un sistema especial de atención para las víctimas de violencia, mientras dura la emergencia. En cada provincia, las unidades judiciales atienden casos relacionados con violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Se designaron servidores que atienden los requerimientos de las víctimas de forma presencial, con las respectivas medidas de seguridad, o de forma telefónica, de acuerdo a las circunstancias de cada localidad.

En la Fiscalía ya se hacen audiencias telemáticas, ¿pero qué ha pasado con otras instancias judiciales?
El CJ dispuso que se implemente el mecanismo de videoconferencia para las audiencias de flagrancias. Para ello se habilitaron salas diferenciadas para los jueces y secretarios; otra sala para los fiscales; y otra para el procesado y su defensor.
Hay coordinación entre el CJ, la Fiscalía, la Defensoría Pública, el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, y demás instituciones que participan directa o indirectamente en el procedimiento de infracciones flagrantes.

¿Qué ha pasado con los casos de caducidad de la prisión preventiva, se han seguido según las agendas preestablecidas?
Por resolución de la Corte Nacional, Nro 04 – 2020 que en el Art. 1 señala: “(…) En las judicaturas en las que se encuentra suspendida la atención al público (…) a partir del día 16 de marzo de 2020 y mientras dure el estado de emergencia sanitaria, quedan suspendidos los plazos o términos previstos en la ley para los procesos judiciales. Dicha suspensión no aplicará en los casos de infracciones flagrantes (…)”. Las causas judiciales en curso se reactivarán cuando se supere la emergencia.

¿Cómo ha respondido la ciudadanía frente a la suspensión de la atención al público?
El CJ adoptó las medidas necesarias para garantizar el acceso seguro de los ciudadanos únicamente al servicio de justicia correspondiente a infracciones flagrantes. Hemos habilitado todos los canales de comunicación operativos tales como página www.funcionjudicial.gob.ec, y habilitado un micrositio “Medidas de Protección covid -19”, que recopila toda la información emitida en el marco de la emergencia sanitaria e inquietudes ciudadanas. Tan pronto como se supere la emergencia, aplicaremos todas las acciones para retomar la gestión inmediata de las áreas que hoy están cerradas con el fin de precautelar la vida y salud.

Para algunos analistas, la justicia está paralizada en el país a causa de la pandemia. ¿Qué dice usted?
El servicio de justicia no se ha paralizado y sigue operando; se ha suspendido la atención en ciertas materias, para precautelar la vida y salud de los usuarios así como de los servidores judiciales. Esta medida se la adoptó tomando en cuenta no solo las disposiciones contempladas en el Decreto que establece el estado de excepción, sino también los pedidos y sugerencias de los abogados en libre ejercicio, fiscales, defensores públicos y demás servidores judiciales,
quienes solicitaron medidas para evitar la propagación del virus.

¿Cómo han hecho los jueces para avanzar en los procesos si no pueden llevarse la documentación a sus casas?
Debemos recordar que la resolución 031 – 2020, excepto en materia de flagrancia, suspendió  la atención judicial y la jornada laboral en el resto de materias jurisdiccionales.
Esto se ha hecho además con el objetivo de garantizar que se preserven los expedientes judiciales y asegurar que no se pierdan, ni se mutilen.

Si la crisis sanitaria demora los procesos en la Función Judicial, ¿cómo garantizar el derecho al acceso a la justicia?
Estamos implementando medidas que permitan la provisión del servicio de justicia durante la emergencia. En este momento, la prioridad del Estado en general es resguardar la salud de los ecuatorianos. (I)