Los retos pendientes del pluralismo jurídico y del Estado plurinacional
El reconocimiento constitucional de la justicia indígena en los textos constitucionales de 1998 y 2008 siempre necesitó una ley especial que establezca las coordinaciones institucionales y las articulaciones procedimentales para este tipo de jurisdicción con la ordinaria-estatal. Si bien hay esfuerzos actuales para la preparación de esta normativa, con la intervención de algunas organizaciones sociales indígenas, la construcción de un Estado plurinacional e intercultural no se agota en ese propósito.
La innovación del paradigma estatal exige asumir cambios desde la misma enseñanza-aprendizaje del Derecho en el país, porque aún seguimos formando profesionales con el esquema único de la justicia estatal, sin integrar y complementar las visiones y componentes de la justicia indígena. ¿Qué compromisos deberían asumir los planes de estudio de nuestras universidades para ya no seguir enseñando un solo tipo de Derecho? ¿Qué responsabilidades deberíamos asumir quienes ya nos formamos pensando en un Derecho único aplicable para el Ecuador?
La futura promulgación de una ley que establezca las relaciones entre dos tipos de justicia distintas también deberá obligar al mismo sistema de administración de justicia -en sus distintas materias- a incluir principios y políticas que recojan los aportes emancipadores de la justicia indígena como las formas renovadoras de reparación, las maneras de entender y concebir las soluciones a partir de la inclusión de los sujetos procesales, las búsquedas de otras armonías sociales, la restauración de los órdenes a partir de la superación de conflictos, entre otros.
Otro elemento indispensable es la necesidad de impulsar políticas de reforma institucional en las entidades estatales para construir diálogos interculturales con los pueblos y nacionalidades -no sólo con los sectores indígenas-, con miras a que la organización y el funcionamiento de esos entes pueda trazar nuevas perspectivas que refuercen el Estado liberal con el constitucionalismo andino.
Todos estos aspectos nos hacen pensar que la aprobación de una ley para la coordinación interinstitucional e intersectorial de la justicia indígena y estatal necesita de un conjunto de transformaciones que también deberían prepararse, de manera concurrente, con la elaboración de ese proyecto de ley mencionado. Por citar algunos casos, cambios en la regulación normativa del régimen de propiedad; la indispensable revisión de los efectos de la consulta libre e informada sobre el control y uso de los recursos naturales; la falta de mecanismos institucionales que viabilicen y profundicen la democracia comunitaria en Ecuador.
Discutir una ley sobre justicia indígena con organizaciones sociales también supone ampliar el debate hacia la definición de cuáles serían los mecanismos institucionales para la planificación de políticas públicas en materia de justicia ordinaria para la inclusión de colectivos de pueblos y nacionalidades que participen en esa formulación y reformen el Estado con estructuras de clase social.
Quizá el reto más importante está en cómo construimos otras dinámicas culturales para los actores y operadores del sistema, que nos permitan superar las prácticas reaccionarias, individualistas, capitalistas y excluyentes. Si cambiamos también las prácticas y los quehaceres institucionales podremos proponer otras lógicas para el sistema judicial que permitan superar las condiciones de lento, injusto, inaccesible e incomprensible, cuyos mayores perjudicados son los sectores empobrecidos, los pueblos y nacionalidades del país.
