“Los plazos de caducidad de prisión eran fatales”

Los resultados del referendo del pasado 7 de mayo evidencian  el amplio respaldo   a la pregunta que cambia, mediante reformas a la ley, el plazo de un año a la caducidad de la prisión preventiva. Aquello no inquieta al fiscal provincial del Guayas, Antonio Gagliardo Loor, quien asegura que la postergación de las audiencias no nace por negligencia, irresponsabilidad o desidia de los fiscales, sino de las artimañas que los imputados ponen para aplazar las audiencias, los desestimientos que hacen los acusadores al no asistir al llamado o la falta de presencia del policía que realizó la detención.

¿Inquieta a la Fiscalía que ahora el plazo de la caducidad de la prisión preventiva no sea de un año,   como lo estipula la Constitución vigente?

No, en lo absoluto. La pregunta 1 (del referendo) tiene que ver con la prisión preventiva en la que ya no existe la disposición constitucional, en la cual se establecía que la prisión preventiva debería durar en delitos sancionados con reclusión de un año y seis meses con delitos sancionados con prisión.

Ahora, con la aprobación de la consulta será la ley la que    determine esos plazos, es decir, la Constitución mantiene que toda persona debe ser juzgada en un plazo razonable.

Claro que no puede ser enjuiciado en cinco o seis años y seguir sin sentencia. La consulta ha proporcionado un gran avance,  en el que también se pretende  controlar el mal accionar de los jueces.

¿Cómo será el cambio?

Ahora la atribución del tiempo de un año y de seis meses no la determinará la Constitución, sino  la ley que apruebe la Asamblea Nacional.

En la actualidad, por ejemplo, existe una disposición en el artículo 169  del Código de Procedimiento Penal que establece que el tiempo que dilata el imputado para que no se hagan las audiencias no es atribuible para el tiempo de la caducidad... Entonces  habrá que hacer las reformas legales pertinentes  para establecer estos plazos y condiciones para regular todo.

¿Quién  elaborará   los cambios en la ley para aplicar   lo que   demanda el referendo?

La Asamblea deberá trabajar en la reforma, porque ya no es la Constitución la que da plazo, sino la ley.

¿Nunca hubo un análisis de  por qué se dilataban las audiencias?

Sí. Antes, cuando los    plazos eran fatales,  se hacía un  análisis de   por qué se dilataban... si era  por culpa del imputado, quien fue el que provocó el empañamiento del proceso. Pero, ahora  la ley lo determinará.

¿Hubo, de alguna forma, algún tipo de  abuso de  los detenidos?

Sí. Lo que   se va a buscar es que ya no sea un abuso. Sencillamente los detenidos presentaban impugnaciones, recursos, recusaciones... un sinnúmero de situaciones para prolongar el proceso y llegar al año sin sentencia. De esta forma han salido miles de personas dejando en la impunidad los delitos de los cuales han sido acusados por los fiscales.

¿También culpaban a los fiscales de la dilatación de las audiencias porque no asistían?

Esa fue una información perversa de que las audiencias no se daban por culpa de los fiscales. Por eso para evitar que se nos eche la culpa injustificadamente, aquí la Fiscalía creó la unidad especial de audiencias, donde trabajan 6 funcionarios que están dedicados a que nada falle..., para que los fiscales no falten, buscar los testigos y   peritos, asistan los policías, lleguen las  evidencias; o sea, la unidad de gestión de audiencias.

Con ello hemos aumentado la productividad y  tal es así que el año pasado realizamos más de 2.000 audiencias. Antes, en    2009, solo hubo   900.