A las ocho de la mañana del pasado 6 de septiembre, la tripulación de una embarcación a la deriva, que se encontraba  en el área pesquera conocida como La Fosa, en la provincia de Santa Elena, vivía momentos desesperantes al tratar de salvar la vida de un compañero pescador  que se desangraba producto de varias heridas de bala.

Enrique Pachay, de 48 años, había sufrido un atentado en su contra luego de que la lancha en la que realizaba  su faena fuera abordada por cinco hombres armados que  robaron  sus pertenencias. “El motor, la radio, el satélite, el compás y hasta las doce pomas de gasolina que teníamos se las llevaron”, contó  Óscar Pachay, hijo del  pescador herido. “Todo duró menos de media hora hasta que decidieron irse, pero nos amenazaron de muerte”, acotó.  

Ya a la deriva, señaló el joven de 24 años, tuvieron que regresar a tierra con una vela improvisada y un pedazo de tabla utilizado como remo. “Mi padre permaneció con vida durante el recorrido que duró  casi dos horas y media”, narró. No obstante, Enrique Pachay no sobrevivió a las heridas por la falta de una atención médica oportuna  que permitiera  salvar su vida.

El caso de Pachay es solo uno de los seis asesinatos registrados -en los últimos tres años- a manos de la ola delictiva propiciada por los denominados ‘piratas del mar’. Jaime Lasso, capitán del Puerto de Salinas, reconoció que no cuentan con los medios logísticos para cumplir con los controles en las áreas de pesca (más allá de las 30 millas náuticas). “Por ejemplo tengo solo 49 tripulantes divididos entre los cuatro retenes y la Capitanía”.  

A esto se suma la  existencia de solo tres lanchas operativas y una dañada. “A duras penas alcanzo a cubrir mi jurisdicción”, acotó el oficial, luego de explicar que requieren  de embarcaciones que permitan llegar a las 70 millas, lugar en el que se realizan las faenas.   

Ante esta situación, el sector pesquero se siente afectado por los múltiples robos a motores que suman este año  203. “Aquí los pescadores salen a sus faenas con el temor de no regresar por la inseguridad”, exclamó Mercedes Mero Lucas, quien hace tres años perdió a su esposo en similares circunstancias a las del caso anterior. “Me quedé con mis cuatro hijos huérfanos de padre y las deudas que representaba la fuente de trabajo de mi esposo”, relató.

Mero se refirió al compromiso de pago correspondiente a los siete  mil dólares que costó el motor sustraído por los delincuentes la tarde que fue asaltado y acribillado su conviviente. “Desde ese día lo que tuve que hacer es ser padre y madre para mis hijos y buscar cómo subsistir”.

Gabriela Cruz, presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas de Pescadores (Fenacope), indicó que “la comunidad de Santa Rosa viene siendo golpeada desde hace mucho tiempo” por la delincuencia y las autoridades aún no hacen algo al respecto.

“Aquí se llevan las mangueras, el combustible y los celulares. Además golpean con la cacha del revólver a los pescadores que tienen motores viejos”. La representante del gremio aclaró que similares asaltos sufren los habitantes  de otras 15 comunidades dedicadas a la actividad pesquera.     

Dijo que, mediante reuniones previas con las autoridades del régimen, han pedido que se declare  el estado de excepción para que los militares asuman el control. Uno de los últimos acercamientos con representantes del Gobierno lo tuvieron el pasado lunes.

En la cita, desarrollada en la provincia de Santa Elena, se propuso designar un rubro de tres millones de dólares para  indemnizar a las víctimas de este sector. “Esto serviría para la devolución de los motores y ayudar a las viudas que quedan desamparadas... tenemos niños enfermos y otros que no estudian”, acotó.

El ministro de Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano, durante su intervención, indicó que se encuentran en marcha importantes cambios en relación al mando institucional de la Armada. “No puede ser que el Capitán de Puerto dependa de una llamada de otro organismo central para que de ahí el comando de guardacostas recién acuda con sus unidades a prestar la ayuda requerida”, sentenció.

El Ministro se comprometió a instalar en cada puerto pesquero cámaras y botones de pánico para solucionar esta situación. A esta propuesta se suma la de gestionar la ayuda correspondiente a los familiares de las víctimas.

“Vamos a tocar las puertas de los ministerios de Vivienda, Salud y Educación para garantizar la asistencia requerida”, acotó. Una de las primeras acciones fue comprometida para Johanna Elizabeth Ortiz Ramírez, esposa de Enrique Pachay. El funcionario confirmó que se ofrecerá a la viuda una casa del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), en la que se adecuará un local comercial para que impulse su  negocio.