‘Lucy’, una persona privada de la libertad (PPL), de 23 años de edad, es popular en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Varones de Guayaquil, más conocida como la Penitenciaría del Litoral, por ser una buena estilista.

Su cuerpo no ha sido intervenido quirúrgicamente, pero ella para verse más femenina ha dejado crecer su cabello.

“No por no tener el cuerpo de una mujer deben tratarla como un varón. Es cierto que nació con ese sexo, pero su género es femenino”, explicó Diane Rodríguez, directora de la Asociación Silueta X, que representa a la comunidad GLBTI (gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales).

La activista dio una charla en un amplio espacio entre las 7 aulas de la Unidad Educativa Eugenio Espejo, situada dentro del recinto penitenciario del km 17 de la vía a Daule.

Al sitio llegaron 19 privados de la libertad con orientación sexual diferente. Una de los asistentes, a la que la llaman ‘Tsunami’, contó que eso era aproximadamente el 20% de la población GLBTI del recinto penitenciario, ya que algunos por temor prefirieron quedarse en sus celdas.

El taller no solo fue dirigido a los internos, sino también a los policías, agentes de seguridad penitenciaria (ASP), personal administrativo y funcionarios del Ministerio de Justicia Derechos, Humanos y Cultos, para evitar posibles vulneraciones a los miembros de esta comunidad que cumplen una pena o que van a visitar a los privados de la libertad.

‘Brittany’ aprovechó el taller para exponer sus molestias. Por ejemplo, manifestó no estar de acuerdo en que cuando los agentes de seguridad ejecutan revisiones en los pabellones y a ellos los cachean, se lo haga junto a los internos de género masculino. Eso la incomoda, pues ella ya se ha hecho operaciones y su cuerpo es similar al de una mujer.

Otra interna coincidió con la queja e indicó que en ocasiones los mismos agentes se burlan de ellas o les faltan el respeto. “Todos los demás se ríen”.

Rodríguez expresó que no se puede descuidar la seguridad en los recintos penitenciarios, pero que habría que proceder de tal forma que no se quebranten los derechos de las PPL; es decir, que el cacheo debería ser privado y no público.

En el caso de las visitas, yo sugiero que se le pregunte a las personas: ¿Desea que la revisión se la haga un agente hombre o una mujer?

“La violencia empieza desde las miradas. Ustedes deben saber que en la Constitución dice que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”, sostuvo la activista.

Otra interna indicó que cuando han habido operativos ha pedido ser revisado por una mujer, pero los agentes se han negado y les han criticado por su orientación sexual.

Una autoridad del centro señaló que en la Penitenciaría del Litoral aún no hay una clasificación por peligrosidad como en el Centro de Rehabilitación Regional, donde hay una división por mínima, mediana y máxima seguridad.

Además de un pabellón de Atención Prioritaria para las personas de la tercera edad, enfermedades catastróficas o terminales y de la comunidad GLBTI.

Karla Benítez, viceministra de Atención a Personas Privadas de Libertad, precisó que los talleres se están ejecutando de forma preventiva, para evitar maltratos y que serán analizados los puntos expuestos por las personas privadas de la libertad que se sienten afectadas.

A finales de julio, 5 guías quedaron con prisión preventiva por presuntamente vulnerar los derechos de 3 internos mediante agresiones físicas y psicológicas, las mismas que fueron captadas por las cámaras de seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos, el 14 de mayo de 2013.

María José Fernández, coordinadora de la Defensoría del Pueblo en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), indicó que aunque este año se han recibido quejas por los familiares de los internos, ninguna de ellas tiene relación con miembros de la comunidad GLBTI.

Sin embargo, instó a que si alguno de los parientes que van a visitar a quienes están dentro de los centros de rehabilitación sienten que sus derechos son vulnerados, “nosotros coordinamos acciones con el Ministerio de Justicia para solucionar los motivos de las quejas”, indicó Fernández.

Además, autoridades de la Penitenciaría del Litoral confirmaron que ningún familiar ha presentado una queja formal.

El artículo 11 de la Carta Magna establece: “Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación”. (I)