La Comisión de la Verdad de la Fiscalía General del Estado, que tiene en sus registros 136 casos de violación a los derechos humanos, de los cuales 9 fueron judicializados, analizará la posibilidad de agruparlos por delitos para acelerar sus procesos y llevarlos a juicio.

“Estudiaremos la posibilidad de agrupar los procesos que tengan víctimas similares o perpetradores en común, con el objeto de avanzar más rápido y llevar a la justicia todos los casos”, sostuvo Fidel Jaramillo, director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía durante la mesa redonda ‘Judicialización de crímenes de lesa humanidad en Ecuador’, que fue organizada el jueves pasado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

En 2007 el Ejecutivo creó la Comisión de la Verdad para que investigue las denuncias de violación a los derechos humanos cometidas en el país entre 1984 y 2008. El resultado de esta indagación, que se resumió en 136 casos, se entregó a la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, que empezó funciones en 2011.

El Ministerio Público hasta el momento ha puesto a consideración de los jueces 9 causas, 7 por violación a los derechos humanos y 2 por delitos de lesa humanidad, que son los procesos de Cajas, Vaca y Jarrín, en los que se llamó a juicio a 8 exgenerales del Ejército y un excomandante de Policía, acusados presuntamente  de tortura, violencia sexual y desaparición forzada en contra de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, en 1984.

“Hemos visto en Argentina que empezaron con casos de uno en uno allanando el camino para que ciertas opiniones y concepciones se vayan resolviendo, después empezaron a realizar audiencias por grupos y tal vez podamos llegar a eso”, manifestó Jaramillo.

El 70% de los casos que se están tramitando se refieren a ese tipo de delitos, la mayoría de los cuales ocurrieron entre 1984 y 1998, señaló. “Los delitos de lesa humanidad se refieren al ataque de manera sistemática o generalizada contra la población civil del Estado previo a la estructuración de un aparataje planificado para la represión”, dijo.

La ONU hizo una distinción con respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que igualmente constituyen la tortura, violencia sexual o ejecución extrajudicial, pero sin el elemento estatal, “por  ejemplo, el caso Lema, en el que investigó la captura de 5 personas por agentes de la Policía Judicial, quienes los torturaron para que se declaren culpables de un asesinato que no cometieron, lo cual se circunscribe en violaciones a derechos humanos”, explicó Jaramillo.

Los expositores Javier Jarrín, representante del Comité Ecuatoriano Contra la Impunidad, y el excoronel del Ejército Patricio Haro, coincidieron en señalar que juzgar los delitos de lesa humanidad es importante, no solo para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por la nación para que esos delitos no queden en la impunidad, sino para que estos hechos nunca más sucedan.

Juzgamiento

Haro expuso que las comisiones de la verdad se han instaurado en varios países como Argentina o Chile, lo cual ha permitido el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras y que en esta línea el Ecuador no puede quedarse al margen.

Añadió que el poder político es el que designa las misiones para la seguridad nacional, “este poder analiza todos los aspectos, antagonismo y presiones sociales que se enfrentan al poder y desde esa perspectiva se elaboran los planes de seguridad nacional que tienen un ámbito interno y externo.

En este sentido las Fuerzas Armadas y Policía ejecutan esas tareas, pero enmarcadas dentro de la legalidad y el respeto a la normativa constitucional.

Enfrentar impunidad

Javier Jarrín dijo que en el gobierno de Febres Cordero, las fuerzas de seguridad del Estado actuaban bajo una ley macabra cuando se enfrentaron a grupos como Alfaro Vive, con torturas, emboscadas y asesinatos, “somos conscientes de que este proceso de justicia y de verdad no lo vamos a hacer solos, es necesario unir esfuerzos con la sociedad”.

El activista indicó que se debe enfrentar la impunidad con acciones que permitan marcar hitos, lograr objetivos, crear precedentes y generar cambios en las actitudes de “todos quienes conforman la sociedad ecuatoriana, ya que muchas veces desde el desconocimiento, miedo o la indiferencia vivimos los graves efectos de la impunidad”.

Sobre las soluciones, expresó que pasan por un compromiso franco y decidido hacia una democratización de la nación sin silencios, “creemos que es importante convertirnos en actores sociales y políticos de reconciliación, justicia y dignidad, por eso la lucha perseverante de los parientes y amigos de los asesinados y desaparecidos mediante torturas, represión y actos crueles o degradantes. Algunos somos sobrevivientes de ese período 84 y 88, donde el país vivió una ciega persecución contra todo lo que el Estado consideraba amenaza”.

Herencia nefasta

Para Jarrín esas actitudes estatales generaron una herencia nefasta que se enclavaron en las estructuras institucionales para continuar la escalada de acciones violentas; sin embargo, para superar ese episodio hace falta generosidad de las instituciones que fueron instrumentos de poder para propiciar los  crímenes de lesa humanidad y reconocer que en el pasado hubo quienes las pervirtieron. “Hay que precisar que bajo la doctrina imperial de la seguridad nacional fueron parte de un período oscuro e injustificable”, sostuvo.

Reconoció que hay también cambios en estas instituciones y que las Fuerzas Armadas y Policía han tenido transformaciones de fondo y hoy responden a las aspiraciones de la ciudadanía.

Por eso, remarcó la necesidad de un diálogo directo de las víctimas con esas instituciones como un paso para la reconciliación y superación de esta parte traumática de la historia nacional.