Al menos nueve personas, entre ellas el expresidente de la República Rafael Correa, serán llamados a rendir versión en la Fiscalía General del Estado, por el caso de la muerte de Jorge Gabela, excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), en 2010.

Según el último impulso fiscal del caso (resolución), de los nueve, siete rendirán versión por primera vez y dos ampliarán la ya emitida.

“En relación a la solicitud de recepción de versiones de los ciudadanos Gabriela Espinoza Cabezas, Carlos Arroba Proaño, Rafael Correa Delgado, Silvia Salgado Andrade, Omar Simon, Wilson Mayorga Benalcázar, Pablo Romero Quezada; y ampliación de versiones de las ciudadanas Nadia Ruiz Maldonado y Paola Carrera Izurieta, la Fiscalía General del Estado, como titular de la investigación preprocesal penal, conforme mandato constitucional, señalará oportunamente día y hora para su recepción”, dice el escrito.

Además, en el mismo impulso solicita información específica a la Presidencia de la República, a los ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia.

Debido a que Silvia Juma, quien estuvo al frente de la investigación, fue designada fiscal de Imbabura, asumió la causa Ángel Cujilema Daga, de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado.

Él es quien está a cargo de la práctica de todas las diligencias dispuestas en este impulso fiscal.

Asamblea aprobó el informe

Este martes 20 de noviembre, con 75 votos a favor, de 92 legisladores presentes, el pleno de la Asamblea Nacional, ratificó y aprobó el informe de mayoría presentado por la Comisión Especializada Ocasional Multipartidista, creada para recopilar y analizar la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Gabela.

De acuerdo a la resolución legislativa, el documento de 72 páginas y sus anexos será enviado y notificado por la Secretaría de la Asamblea, a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Aquello es en consideración de que, conforme lo previsto en el artículo 76 de la Constitución, serán las autoridades competentes quienes, en el ejercicio de sus atribuciones, desarrollen las investigaciones para determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.

Estas serán declaradas, mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, respetando las garantías del debido proceso.

La Legislatura también decidió no deslindarse del caso, por lo que los miembros de la Comisión Multipartidista que suscribieron el informe de mayoría realizarán el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el documento.

Un aporte para ir a la verdad

Para César Litardo, presidente de la Comisión Multipartidista, está abierta la oportunidad de conocer la verdad y para ello, el organismo que estuvo a su cargo ha aportado a que este proceso avance.

Según dijo, la Comisión desarrolló 23 sesiones, recibió 32 comparecencias, formuló más de 80 pedidos de información a diversas entidades y organismos públicos, con lo cual se pudo establecer que el asesinato del general Jorge Gabela está vinculado con el crimen organizado.

El informe menciona a 68 personas, entre ellas al expresidente Rafael Correa; al exministro de Justicia y del Interior José Serrano; a los exministros de Defensa Fernando Cordero y María Fernanda Espinosa.

Además, a los exministros de Justicia Ledy Zúñiga y Lenin Lara; a los exministros de Seguridad Homero Arellano y César Navas, entre otros.

Litardo indicó que el informe contiene seis conclusiones, entre ellas que existen inconsistencias respecto de la recepción, custodia y contenido del producto III de la Consultoría sobre el caso Gabela,

Una segunda relacionada con el perito Roberto Meza, quien afirmó haber entregado dicho producto, donde determina que el móvil del crimen respondía a delincuencia organizada.

En tercer lugar, que el funcionamiento y operatividad del Comité Interinstitucional fue informal, negligente, al punto de no existir actas.

Cuarta, que los asertos de los comparecientes no concuerdan con la documentación remitida y certificada por el Ministerio de Justicia. Como quinta recomendación, que posiblemente los procesos contractuales de los helicópteros Dhruv presentaron problemas.

Y finalmente plantea a la UAFE que investigue las cuentas de casi 70 funcionarios y exfuncionarios que participaron en la compra, en la investigación del asesinato, y en el Comité de Gobierno.

Desde la bancada del bloque legislativo afín al expresidente Rafael Correa, los legisladores Marcela Aguiñaga, Gabriela Rivadeneira y Esteban Melo rechazaron las conclusiones en las cuales se alude a varios exfuncionarios del anterior Gobierno.

Durante el análisis del tema, varios legisladores destacaron que el informe es un insumo muy importante para esclarecer los hechos, trabajado con veracidad y transparencia, cuyas comparecencias y reuniones se hicieron públicamente y frente a la prensa.

Manifestaron que, en años anteriores, la negligencia en el manejo de documentos importantes y el abuso del secretismo no contribuyeron a la investigación de la muerte del general Gabela.

Otros reconocieron que no era pertinente la integración del Comité Interinstitucional por parte del anterior Gobierno, debido a que el tema estaba judicializado y había una sentencia.

Previamente al conocimiento del informe, el pleno recibió en comisión general a Patricia Ochoa, viuda de Gabela. (I)