Los femicidios no paran en el país. La semana pasada hubo dos casos, el primero fue el domingo 3 de noviembre en el sector de Guamaní, sur de la capital. Un hombre hirió con un cuchillo el cuello de su compañera de vida después de una reunión familiar. La víctima tenía 27 años y dos hijas; una de 7 y otra de 8 años. Una de ellas presenció el asesinato de su madre. El segundo fue el lunes 4 en el sector La Merced, Centro Histórico de Quito. La expareja de la mujer le apuñaló dos veces tras una pelea. Ella tenía 45 años.

Según la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador, conformada por la Fundación Aldea, la Red Nacional de Casas de Acogida, el Taller de Comunicación Mujer -Cedhu-, en lo que va del año se registraron 62 femicidios (asesinato a mujeres). Estas son cifras que asustan y preocupan a todos.

El femicidio es la peor forma de violencia contra la mujer. Según las Naciones Unidas (ONU), la violencia contra la mujer es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas, la privación arbitraria de la libertad.

Este es un problema estructural en una sociedad machista donde se cree que “el hombre es por naturaleza superior a la mujer”. Los padres y madres transmiten ese machismo a sus hijos y a ellos los educan de la misma manera en sus escuelas y colegios. Es como un círculo vicioso sin fin.

En Ecuador el femicidio está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COI) en el artículo 141, que establece una sanción de 22 a 26 años de prisión. Pero esa pena no asusta ni impide a los agresores asesinar a las mujeres. Ellos, generalmente, son pareja, expareja, marido o familiar (padres y padrastros) de esas víctimas.

Todos los femicidios son brutales pero, quizás, el que ocurrió en Ibarra el 19 de enero de 2019 quedará en la memoria colectiva. Una joven embarazada, Diana Carolina, fue tomada como rehén por más de 90 minutos y murió atacada por su expareja, Yordi Rafael L. La joven, de Natabuela, murió apuñalada 12 veces en la calle y  frente a miembros de la Policía que no pudieron hacer nada por detener al asesino.

¿Pero esta lacra social se resuelve con leyes?

Ecuador tiene la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las mujeres, aprobada el 25 de noviembre de 2017, pero los asesinatos a las féminas siguen. Pero aún está pendiente la articulación de 14 instituciones que forman parte del Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El asambleísta de SUMA, Sebastián Palacios, explicó que esa normativa no avanza y no tiene el acompañamiento de las instituciones públicas. “Ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Trabajo han hecho algo sobre esto”, señaló.

Según él, si no hay ese trabajo articulado será muy difícil lograr resultados. “La ley no es una prioridad y la única salida es la educación para combatir la mentalidad machista”, puntualizó.

El 28 de septiembre de 2018, fue golpeada, violada y asesinada Liliana Flores, de 27 años, en el nordoccidente de Quito. El autor del crimen fue su primo, de 19 años, quien quería estar con ella. Él le atacó con una madera que le rompió el cráneo y para desaparecerla le roció sus partes íntimas con gasolina. El próximo martes será la audiencia de juzgamiento. Allí se verá de qué lado está la justicia.

Para Pilar Rassa, coordinadora nacional de Surkuna, una organización no gubernamental que trabaja en temas de derechos humanos de la mujer, no se visibiliza el grado de violencia contra las féminas. “Hay un problema con las cifras y un subregistro porque no todas las mujeres denuncian esos casos. También hay agresores que se suicidan después de cometer femicidio y esos casos quedan sin judicializarse”, explicó.

Según ella, “las fiscalías de género no son fuertes para frenar la violencia contra las mujeres, la ley no se aplica y no hay políticas públicas claras ni recursos para ello”, señaló.

La abogada feminista Anabelle Guerrero coincide con Rassa. “La ley es muy importante, tiene un presupuesto de 658.000 para este año, pero no es suficiente para combatir la violencia de género. La capacitación a los operadores de justicia para mejorar el acceso y atención a las víctimas aún requiere mayor esfuerzo”, dijo. (O)