La Comisión Ocasional de la Asamblea ha avanzado el proyecto de ley de Actuación Integral en casos de personas desaparecidas y extraviadas, que se elabora desde 2018.

El documento tiene que pasar a segundo debate ante el pleno legislativo.

Pero antes se debe convocar a una sesión para leer el segundo informe y se lo entregará en la secretaría de la Asamblea hasta el jueves 5 de septiembre.

Esa es la expectativa de Absalón Campoverde, presidente de la Mesa, quien está convencido de que se ha creado una norma completa en beneficio de los familiares de las víctimas.

“Este proyecto se construyó tomando en cuenta las voces no solo de los asambleístas, sino también de la sociedad civil”, advirtió.

 Hoy se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Ecuador es uno de los primeros países de la región que lidera una norma a favor de este grupo humano.

Campoverde estima que la aprobación del proyecto se cumplirá casi inmediatamente después de  la vacancia legislativa que terminará el 2 de septiembre.

El texto no solo contempla normar la búsqueda, localización de los desaparecidos, sino también la atención a las víctimas indirectas (amigos y familiares) y, sobre todo, la coordinación entre las instituciones estatales, como Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, etc.

Los legisladores también están pendientes. Incluso algunos han aportado para la elaboración de la norma.

La asambleísta Lourdes Cuesta presentó una propuesta en julio de este año. En su parte medular planteó que nunca se deje de buscar a la víctima, a pesar de que haya ciudadanos sentenciados.

Campoverde indicó que ese planteamiento se incluyó en el proyecto.

De hecho, se podría  aplicar al caso de Juliana Campoverde (su hija), cuyo secuestrador fue condenado a 25 años de cárcel.

La joven desapareció en julio de 2012, pero se detuvo la búsqueda del cuerpo.

 Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, apoya esta propuesta. Ella considera que la sentencia de Jonathan C., señalado como autor de la desaparición, no es suficiente. “Ninguna condena estará completa si no se busca y se encuentra a mi hija”.

Unificación de estadísticas

El proyecto establece la unificación de datos  de la Fiscalía, Policía y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).

Esa es la principal expectativa en organizaciones civiles, entre ellas es la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (Asfadec).

Luis Humberto Sigcho, integrante de la asociación y padre de Luis Daniel Sigcho, desaparecido en Sangolquí el 4 de octubre de 2008, dijo que en la actualidad no hay datos fidedignos. “No tenemos referencial numérico”, reiteró.

 Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, explicó que la institución cuenta con cifras desde 1947.

En ese período se localizaron 50.648 personas, mientras que 1.359 casos se encuentran en investigación.

La Cartera de Gobierno ha implementado una política de prevención en desapariciones voluntarias que ha generado resultados.

Detalló que entre enero y julio de 2018 se reportaron 6.099 casos. En el mismo período de 2019 se denunciaron 5.370 casos, lo que demostró que con acciones puntuales se redujeron 729 denuncias.

De acuerdo con los reportes, los casos más recurrentes se presentan por jóvenes y adolescentes que deciden irse de su hogar cuando finaliza el año escolar. Es decir, en junio (en el régimen Sierra) y febrero (en la Costa). 

Por ello se implementaron campañas en centros educativos para que los psicólogos hablen con ellos y, a su vez, ofrezcan un entorno seguro para erradicar la desaparición voluntaria, explicó el Subsecretario de Seguridad. (I)