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Ley de prevención de drogas busca asegurar la recuperación del adicto

La casa de acogida ‘Juan Elías’ ayuda en la rehabilitación de jóvenes en el Plan de Prevención en Guayaquil. Foto: William Orellana / El Telégrafo
La casa de acogida ‘Juan Elías’ ayuda en la rehabilitación de jóvenes en el Plan de Prevención en Guayaquil. Foto: William Orellana / El Telégrafo
22 de marzo de 2015 - 00:00

La ‘H’ se llevó la vida de otro adolescente que luchaba por dejar las sustancias estupefacientes, la semana que feneció. Es la segunda víctima que enluta a familias humildes del país. Mientras se implementan 8 centros de rehabilitación para adictos y un proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Drogas se estudia, se socializa y se discute en el interior de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional.

Precisamente este proyecto ayudaría a que estas situaciones sean prevenidas por padres, maestros y el mismo Gobierno.

Pero, debe ser replanteado en su enfoque central, especialmente en las áreas preventivas, salud, la no discriminación y la no criminalización, considera el experto en política criminal Jorge Paladines, quien también es investigador del Colectivo de Estudios, Drogas y Derechos (CEED).

La normativa en debate establece el marco institucional para la prevención de drogas y las obligaciones de los sujetos de control y los efectos de sus incumplimientos.

Prevención integral

Paladines explicó que la prevención integral debería incluir el acceso a la información sobre los riesgos que incluye el consumo. Aquello  promueve una política de no discriminación en materia de drogas lícitas o ilícitas.

En cuanto a la salud, la ley debe generar los acuerdos mínimos para garantizar el proceso de recuperación de las personas que desarrollaron algún grado de dependencia.
Además, la prevención debe asumir que ninguna persona que use drogas lícitas o ilícitas deba ir a la cárcel, estimó.

La prevención también debe considerar los criterios técnicos sobre los cuales se admite cierta cantidad de drogas de uso ilícito para consumo personal.

En cuanto a las clínicas de rehabilitación, dijo que no ha existido una política laica, pues, la mayoría, los centros para adictos son religiosos. “No es malo que existan organizaciones religiosas que deseen cooperar en la rehabilitación. Pero la política tiene que ser laica y técnica”, sostuvo Paladines.

El 1,9% de la población fue atendida en centros hospitalarios por sobredosis o intoxicación por drogas ilegales, según la última encuesta del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) a adolescentes.

Justamente, Patricio Yanchapaxi, asesor jurídico de la entidad, afirmó que además de los enfoques preventivos en la ley, se incluye el programa de Desarrollo Alternativo que la entidad promueve en el país con resultados satisfactorios.

“Es darle una base legal a un proyecto que se aplica como parte de la prevención de cultivos ilícitos, porque estos no existen en el país”, indicó.

Proyecto a votación

El proyecto de ley se encuentra planteado desde la prevención y la rehabilitación, explicó Carlos Velasco, presidente de  la Comisión del Derecho a la Salud.

El proyecto se lo ha discutido al interior de la comisión y ha recibido aportes de profesionales, dijo.
Además, indicó que el próximo miércoles se someterá a votación este proyecto en el interior de la comisión. Con esta normativa se derogará la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que rige desde septiembre de 1990.

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