En América Latina, 800.000 personas aproximadamente son víctimas de trata, 500.000 por explotación sexual. El 80% de las víctimas transnacionales son mujeres y de este porcentaje, el 50% es de niñas o adolescentes, considera en un informe la Organización Internacional para las Migraciones.

Pero este delito no solo aumenta en la región, sino también el lavado de activos, el narcotráfico, el sicariato, la migración ilegal, que pese a ser transnacionales, cada país tiene su propia legislación para investigarlos y juzgarlos.

Esta situación es la que precisamente se trata de cambiar al proponer a los países de la región que adecuen sus legislaciones para identificar y perseguir de manera efectiva estos delitos transnacionales. Estas propuestas se plantearon recientemente en Quito, en el primer seminario internacional “Análisis estratégicos de fenómenos criminales”, al que asistieron expertos en Derecho Penal y 52 fiscales de España, Argentina y Ecuador.

Capacidad de investigación limitada

En el encuentro, organizado por la Escuela de Fiscales de Ecuador y la Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano (Recampi), el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, manifestó que en el caso del país se han perseguido delitos como el de trata de personas que se han  judicializado  y  conseguido sentencias condenatorias, “pero la capacidad de investigación es realmente limitada si solo se circunscribe al país, por eso buscamos la cooperación internacional que la mayoría de veces es básicamente asuntos de buena voluntad entre los países”.

 El Código de Procedimiento Penal permite que policías y fiscales puedan investigar en otros países con la autorización respectiva, explicó el funcionario.

 “Esa es una norma que fue impulsada por la Fiscalía en su momento para abrir precisamente en el futuro la posibilidad de crear una Corte Penal para la Unasur, pero  hoy sin tenerla todavía creemos que esta normativa puede abrirnos posibilidades muy grandes en temas de investigación criminal transnacional”, destacó.

Por tanto, vale la pena establecer ciertos tipos penales que sean definidos y sancionados con un mismo procedimiento o tengan por lo menos mecanismos de investigación comunes, “es decir, homologar delitos en los que nos pongamos de acuerdo para ser más eficaces”, puntualizó.

Además, recomendó tener una legislación común a nivel regional en los temas relacionados al lavado de activos, sicariato, trata de personas, narcotráfico, incluso los delitos  que en el área de la medicina se puedan cometer transnacionalmente como el tráfico de medicamentos falsificados o caducados que ingresan o salen por las fronteras clandestinamente.

Coordinación necesaria

Para el director del Instituto andaluz interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga, España, José Luis Diez, es necesaria la coordinación para perseguir la delincuencia organizada,  pero a veces los compromisos internacionales no se adecuan a las necesidades de cada país o muchas veces siguen determinadas modas, pero no  hay una concepción general integradora.

Diez indicó que ningún país  puede actuar por su cuenta, “plantear las características de cada región es un aspecto importante, otro sería elaborar una política criminal  más atenta a la delincuencia de los llamados poderosos, que causan daños más graves a la sociedad, que la delincuencia callejera muy condicionada a la pobreza”.

Por tanto, es necesario, crear diferentes políticas de prevención del delito. Esto para beneficio de los Estados latinoamericanos.

Diez aseguró que la ciudadanía ecuatoriana, por ejemplo, tiene mayor credibilidad en la justicia, esto “debido a las buenas prácticas en el desarrollo y ejecución de la política criminal en el país”.

Capacitaciones conjuntas en la región

El director de la Escuela de Fiscales, Teodoro Barros, señaló que una de las estrategias que se implementan, a través de la Recampi para enfrentar estas dificultades, son las capacitaciones conjuntas en temas de interés como las doctrinas penales y las estrategias  de investigación que deberían desarrollarse con un  marco jurídico regional.

También, el experto en seguridad, Diego García, de nacionalidad argentina, trató las propuestas de una política criminal y seguridad ciudadana en la región.