Las leyes ordenan evaluar hogares en riesgo
Las tres personas detenidas para investigaciones luego del incendio en el que fallecieron cuatro niños quedaron con prisión preventiva y se les inició instrucción fiscal por 30 días, por el supuesto delito de asesinato.
El siniestro ocurrió pasadas las 23:00 del sábado, en la cooperativa Los Vergeles, al norte de Guayaquil. Los pequeños de 5, 4 y 3 años y un bebé de 10 meses, estaban solos en una vivienda de cañas y nadie los pudo rescatar porque las llamas iniciaron en la parte frontal.
Según testigos, el flagelo se presentó cuando las hermanas Lady y Tatiana, cada una madre de dos niños, salieron y los dejaron encerrados. “Una se iba a trabajar y la otra a la tienda”, dijo un familiar.
La tragedia causó conmoción, sobre todo porque es el segundo caso con estas características que se registra en la última semana. El anterior sucedió en el cantón El Empalme (Guayas), cuando cuatro niñas dormían y se encontraban solas en la casa, debido a que sus padres habían asistido a un velatorio.
Varios moradores aseguran que los tres detenidos participaron en el atentadoEl Código de la Niñez y Adolescencia estipula que ellos tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral, esto incluye una vivienda segura bajo el cuidado de sus padres.
Si uno de estos derechos se violenta, la ciudadanía tiene la obligación de alertar al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Fiscalía General del Estado, Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes (Dinapen) o cualquier autoridad competente.
El objetivo es que en casos como este, cuando los menores se quedan en una vivienda sin la protección de un adulto, se haga una evaluación sobre las condiciones reales y se puedan tomar las medidas respectivas, en algunos casos ponerlos bajo los cuidados de las instituciones pertinentes.
“No soportamos ver así a nuestros niños, ojalá que los culpables reciban su castigo”No obstante, el mismo Código expresa en su artículo 22 que “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia”.
Un allegado de los menores fallecidos explicó que Lady salió a trabajar porque de alguna manera tiene que mantenerlos, ya que su esposo está detenido hace 11 meses. En el caso de Tatiana, fue a comprar pañales y algo para comer.
Por otro lado, una señora que vive en el sector, todavía asombrada por lo acontecido, expresó que si las necesidades los obligan a dejar sin cuidados a las criaturas, al menos debieron solicitar ayuda a un vecino o pariente cercano y tomar las precauciones debidas.
Señalan a sospechosos
Varios moradores aseguran que los tres detenidos participaron en el atentado. La esposa de uno de ellos supuestamente habría tenido una discusión, días atrás, con la madre de dos de los pequeños fallecidos y por eso la supuesta retaliación.
Otra vecina indica que el segundo aprehendido intentó en dos oportunidades ingresar a la vivienda para robar, pero que lo descubrieron y agredieron; como represalia habría incendiado la casa.
El tercer involucrado sería quien los ayudó a escapar en una tricimoto. “Los vecinos vieron cuando ellos lanzaron esas botellas prendidas y después escaparon”, dijo una hermana de las mujeres que perdieron a sus hijos.
El fiscal a cargo de las investigaciones, Francisco Campos, recogió también testimonios de quienes habrían observado a los individuos en una motocicleta que se estacionó frente a la casa, donde estaban los menores, y luego escucharon una explosión.
Durante el levantamiento de los cuerpos, quien tomó procedimiento fue el fiscal Víctor Altamirano. En su informe detalló que la casa estaba asegurada con cadenas y candados, era imposible escapar de las llamas.
Sobre estos y otros elementos, la Fiscalía se pronunciará ante la Corte luego de 30 días, tiempo en que se desarrolle la instrucción penal.
Llegó desde la Amazonía
Jéfferson Jiménez, padre de dos de los fallecidos, llegó a Guayaquil aproximadamente a las 20:30 del domingo, procedente de Sushufindi, provincia de Sucumbíos, donde trabaja en actividades petroleras, contó su padre, José Jiménez. “No sabía cómo venir, desde el sábado mismo quería regresar pero no había transporte”, declaró José durante el velatorio desarrollado a pocas cuadras de los escombros que quedan de lo que era la casa.
Ayer a las 16:00 estaba previsto el sepelio en el cementerio Parque de la Paz, en Pascuales. “No soportamos ver así a nuestros niños, ojalá que los culpables reciban un castigo”, manifestó José, llorando.
DATOS
El Código de la Niñez y Adolescencia estipula que ellos tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral, esto incluye una vivienda segura, precautelando estar bajo el cuidado de sus padres.
El Frente Social de la Gobernación del Guayas gestionó la entrega de 4 bóvedas ubicadas en el Camposanto Parque de la Paz de Pascuales.
El MIES y la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) entregaron colchones, vituallas, vajillas, ropa, víveres y kits de limpieza.