Como una reunión de trabajo y cooperación definió Carlos Baca Mancheno, presidente de la Comisión 30-S, al encuentro que mantuvo ayer con servidores militares de las Fuerzas Armadas.

La comisión, creada por decreto ejecutivo en junio pasado, tiene la tarea de investigar en profundidad los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010 y determinar quiénes fueron sus autores intelectuales y materiales.  

Baca indicó que el objetivo de la reunión con los 40 militares convocados, aunque asistieron solo 11, fue recopilar datos, con la información de  las condiciones y circunstancias por las cuales algunos de ellos fueron heridos durante el operativo de rescate del presidente de la República, Rafael Correa.

El evento se suma a los más de 250 encuentros que ha realizado la comisión previamente durante el proceso de investigación, con miembros de la Policía Nacional, personal militar y las víctimas que sufrieron de violencia en aquel día.

El funcionario manifestó que prevé concluir el trabajo a mediados de diciembre, tal como se estipuló al inicio; aunque hay una prórroga de seis meses adicionales, no espera utilizarla, “a menos que fuese necesario”.

De la misma manera, reveló que toda la información que se descubra será remitida a la Fiscalía General del Estado, para que realice la respectiva judicialización de los posibles involucrados.   

La Fiscalía General del Estado tiene la potestad judicial para decidir si los mencionados por la comisión de investigación del 30-S son cómplices o encubridores de los hechos suscitados hace tres años.

Carlos Baca concluyó diciendo que, una vez terminada su labor, el informe final será entregado al Presidente de la República y a la ciudadanía.

Uno de los últimos reportes parciales que la comisión hizo públicos el 30 de septiembre de este año mencionó a sectores políticos de oposición que pertenecen a los partidos Movimiento Popular Democrático (MPD), Sociedad Patriótica (SP) y Pachakutik (PK).

Entre ellos se nombra a Fidel Araujo, Fabián Arcos Pepinos, Xavier Albán Gallo y Galo Lara,  relacionados al  Partido Sociedad Patriótica.

Y también a Luis Villacís, Juan Borja, Max Marín, del Movimiento Popular Democrático (MPD), y Cléver Jiménez, de Pachakutik, por pedir la renuncia del presidente Correa en el instante del intento de golpe de Estado.   

Judicialización

Hasta la fecha, son 11 sentencias que la Físcalía General del Estado ha promovido junto con 32 procesos judiciales que se abrieron por los hechos de ese día.    

Entre las distintas causas constan: atentado contra la seguridad interior del Estado, sabotaje a servicios públicos, invasión de edificios con fines delictivos, sedición, sabotaje y terrorismo, insubordinación y sedición policial, intento de magnicidio y obstaculización de vías públicas.

Los diferentes procesos se han realizado en nueve provincias del país que sufrieron los hechos violentos de aquella fecha, que son: Pichincha, Guayas, Los Ríos, Tungurahua, Orellana, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo  e Imbabura.
 
Últimas causas

Una de las sentencias más recientes fue emitida el 29 de octubre de este año, en contra de Marco Z.,  exoficial de la Policía, condenado por el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha a 4 años de prisión por el delito de rebelión, al comprobarse su participación en la revuelta.  

También se dictó prisión preventiva el 25 de octubre al expolicía Luis G., por el presunto delito de magnicidio. El exagente, quien está acusado de  haber participado en los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010,  fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Varones Nº 4 en Quito.