Durante diez días, las redes sociales, así como los medios de comunicación, anunciaron constantemente la desaparición de Alejandra Dolores Castillo Machado y Rebeca Cajas Díaz, ambas estudiantes del colegio Los Pinos.

Esa “ola de mensajes” terminó el pasado miércoles, en horas de la  noche, cuando miembros de la Unidad Antisecuestros y Extorsión  (Unase) de la Policía Nacional revelaron que las menores fueron halladas en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro.

La búsqueda de las adolescentes se inició por las presunciones de un supuesto secuestro o delito vinculado con la trata de personas.

No obstante, esas hipótesis quedaron descartadas por miembros de la Unase. Una de las conclusiones que “toma fuerza” es la fuga voluntaria de las adolescentes.

Solo en 2011 se registraron 11 denuncias por estas causas (21 de sexo femenino y 19 masculino).

Expertos de la unidad señalan que en un caso de secuestro los primeros cinco días son cruciales, pues en ese tiempolos raptores se comunican con la familia de las víctimas para pedir dinero por su rescate.

Sin embargo, en este caso transcurrieron 10 días y no hubo ningún pedido de rescate.

Las menores fueron encontradas cuando caminaban por la Av. República y Hualtaco, cerca del Comando de Servicio Rural El Oro Nº 3.

En el lugar también se halló una mochila que se presume pertenece a una de las menores.

En su interior había ropa, cuadernos y facturas de compras que habrían realizado en la localidad.

Las estudiantes llegaron a las 03:30 a Quito, a bordo del avión presidencial, y a las 05:00 ingresaron al hospital de la Policía Nacional para someterse a chequeos médicos.

Fuentes extraoficiales revelaron que debido a problemas en el hogar, las menores decidieron irse y se llevaron 300 dólares, que sirvieron para pagar los hoteles y restaurantes en las ciudades de Atuntaqui, Ibarra, Baños, Machala,  Huaquillas, entre otras, según se constató.

El ministro del Interior, José  Serrano, afirmó que  se descarta totalmente que haya sido un secuestro o trata de blancas, pero “eventualmente pueden existir incidencias concretas sobre algunas presiones que pudieron haber recibido las niñas”, lo que es investigado por la Fiscalía y la Dinapen (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes).

El funcionario señaló que para buscarlas, la Policía Judicial y la Unase conformaron equipos que fueron desplazados hasta la frontera sur, lo que permitió dar con el paradero de las menores y devolverlas  a sus familias.

Allegados de las chicas negaron que hayan abandonado sus hogares de forma voluntaria, y alegaron que la relación con sus padres era considerablemente buena.

En el establecimiento educativo Los Pinos, los estudiantes fueron advertidos por miembros de la Unase  que    evitaran dar declaraciones de ningún tipo con respecto a la desaparición de las jóvenes.

El día de su desaparición, las adolescentes no llevaban sus teléfonos celulares, sin embargo ambas se comunicaron a sus casas para informar que llegarían una hora más tarde de lo normal (a las 14:00).

Autoridades policiales indicaron que cuando un menor desaparece, y no se trata de un secuestro, siguen permaneciendo en situaciones de riesgo, pues es una población considerada vulnerable.

Tanto el ministro Serrano como Franklin Espinoza, jefe operativo de la Dinapen, manifestaron que cuando sea recopilada la documentación de las unidades que intervinieron en la investigación y recuperación de las adolescentes se dará un informe detallado de lo que sucedió.