La Contraloría General del Estado hizo público el informe borrador sobre los concursos realizados para la elección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) desde 2011.

En la lectura del documento se encontraron presuntas anomalías en el concurso de hace ocho años, a cargo del Consejo de la Judicatura Transitorio presidido por Paulo Rodríguez.

Contraloría examinó también las renovaciones de jueces que impulsó el Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Gustavo Jalkh, en 2014 y  2017, con el mismo resultado.

En el concurso de 2011 el equipo auditor no tuvo acceso a las pruebas de oposición, porque la información estaba encriptada y los funcionarios se fueron sin entregar las claves.

No se verificó si los resultados publicados correspondían o no a las notas obtenidas por los concursantes.

Cinco jueces y cuatro conjueces que no pasaron la etapa de verificación de requisitos siguieron en el concurso y ganaron.

Un aspirante que se ubicó en el puesto 26 fue nombrado conjuez y no quien había ocupado el puesto 15 con mayor calificación.

El comité de concurso no fue independiente, se contrató al comité de expertos con sueldos superiores al permitido por la ley, entre otras anomalías.

En la renovación parcial de 2014 los auditores encontraron que se calificó de manera discrecional y no se utilizó el sistema digital que había para las fases de méritos y oposición.

Mientras que en el concurso de 2017 se evidenció que quienes evaluaron a los candidatos no eran profesionales independientes, sino servidores judiciales.

Se otorgaron puntajes discrecionales y el 32% de los elegidos estuvo vinculado con la Judicatura.

En la lectura del informe no se hizo público nombres de los presuntos responsables de las irregularidades.

Sin embargo, funcionarios de la Contraloría anunciaron que les notificarán y otorgarán un plazo de cinco días para que presenten las pruebas de descargo. (I)