El 20 de julio de 2014 la Fiscalía logró que ocho militares y un excomandante de Policía fueran llamados a juicio por delitos de lesa humanidad anexados a detención ilegal, violencia sexual, tortura y desaparición forzada en los ciudadanos Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín.

Desde esa acción judicial no se ha señalado la fecha de la audiencia de juzgamiento, porque se cambió al juez que seguía la causa, se nombró a otra jueza y ahora se espera que después de estudiar los cuerpos del proceso este año se agende la diligencia del caso lesa humanidad.

En el transcurso de este período, tres generales con arresto domiciliario obtuvieron su libertad, pero con la condición de presentarse al juzgado y no salir del país. El excomandante Édgar Vaca sigue en Estados Unidos y ahora interpuso una solicitud de asilo, mientras espera su audiencia sobre su estado migratorio, la cual fue fallida este año; y ahora se fijó para el 17 de mayo de 2016.

El fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga Zambrano, se refirió durante una entrevista con EL TELÉGRAFO a este tema y lo que se ha efectuado en términos de extradición del procesado Vaca; así como también a las propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que presentó en la Asamblea, dos de ellas ya aprobadas.

¿Qué pasó con los procesados en el caso lesa humanidad?

La Fiscalía en el proceso que llevamos contra estas personas por graves violaciones a derechos humanos formuló cargos hace un año y nueve meses. Los procesados estaban detenidos con arresto domiciliario.
La Corte consideró, respetamos esa decisión, aunque no necesariamente la compartimos, de que la Constitución y el Código de Procedimiento Penal hablan de la caducidad de la prisión preventiva, esto es, que pasado un año si no se ha resuelto la situación jurídica de la persona que está detenida, tiene derecho a unas medidas sustitutivas. La Fiscalía recurrió a la Corte Nacional y los generales, ahora gozan de vivir en democracia. Estamos esperando que la Corte fije fecha de la audiencia para el juzgamiento. Creo que este caso lo estaremos terminando este año.

¿Los procesados en libertad podrían no presentarse a audiencia?

Ellos tienen la obligación de presentarse todas las semanas ante los jueces, ya que tienen prohibida la salida del país y, por lo tanto, van a presentarse a los jueces”.

¿Cómo va el proceso de extradición del exgeneral Édgar Vaca?

Nosotros tenemos, lamentablemente, una situación de poca cooperación de las autoridades norteamericanas contra estas personas, acusadas de graves violaciones a derechos humanos.

Hemos hecho esfuerzos, reuniones, tenemos nuestra embajada permanentemente operando en este sistema y no hemos logrado que estas personas, que están además irregularmente desde el punto de vista migratorio en Estados Unidos, sean devueltas al país.

Pero, ¿en Estados Unidos hay otros ecuatorianos implicados en procesos?

Por supuesto, además de Vaca está el capitán Eduardo González, los hermanos Isaías...

Entonces ¿qué medidas ha tomado la Fiscalía?

Lo he dicho públicamente y lo ratifico, cuando las relaciones internacionales no solo se basan en tratados, sino en reciprocidad internacional. Si ellos no cumplen sus obligaciones entregando a estas personas que han cometido graves violaciones de derechos humanos, la Fiscalía de Ecuador no tendrá reciprocidad con ellos y cuando Estados Unidos solicite extradiciones de ciudadanos que requiera, esta institución se opondrá.

¿A Vaca podrían agregarlo a la lista Carter?

El otro día veía en una entrevista que Estados Unidos mencionaba una lista Carter, la cual está relacionada con una política del Estado americano contra funcionarios públicos que hayan generado graves violaciones contra los derechos humanos. La pregunta es ¿por qué estas personas, Vaca y González no están en la lista Carter? Por esta razón, vamos a preparar algunas presentaciones para que este organismo que lleva la famosa lista Carter devuelva a estas personas al país. Aquí no se trata de persecución política ni de venganza, se trata de un acto de justicia.

¿Cuáles son las 10 propuestas que presentó la Fiscalía junto con la Judicatura en la Asamblea?

Nosotros concretamente presentamos 4 de las 10 propuestas. La primera está relacionada en que no solo debe haber conciliación en accidentes de tránsito con resultado de muerte, sino también en los casos que hay graves afecciones a la integridad de un ser humano, es decir, una persona que se queda descerebrada o parapléjica, que pierde un brazo o una pierna, es una infracción grave.

Por eso, la Fiscalía propone que en esos casos no haya conciliación. Esto implica que los jueces apliquen la pena y que los puntos de la licencia de estas personas sean reducidos.

Si las partes llegaran a un acuerdo después de dictada la sentencia, imponiendo la pena, se puede ir a un procedimiento abreviado entre los involucrados, infractores y perjudicados.

¿La Asamblea ya aprobó la propuesta de aplicar sanciones severas a los que conduzcan bajo efectos de alcohol?

La Fiscalía consideró que, en el artículo 380 referente a las multas y sanciones para quienes causan daños materiales por conducir bajo los efectos de alcohol, se agregue un inciso, que diga que se considerarán los daños que se producen por conducir en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Esta ya fue aprobada

¿Qué otra reforma al COIP solicitó la Fiscalía a la Asamblea?

Tenemos una preocupación, es que algunos jueces se niegan a receptar testimonios anticipados de víctimas en delitos sexuales, de trata de personas y violencia intrafamiliar durante la fase preprocesal de la indagación, porque ellos dicen que eso solo puede hacerse en la fase de instrucción.

Por eso estamos planteando una reforma al artículo 444.7 en el cual se agregue que incluso en la fase de indagación pueda recibirse el testimonio anticipado.

Esto porque en la vida real, a las personas que están en situación de violencia intrafamiliar hay que tomarles el testimonio inmediatamente, porque la situación de riesgo de ellas es inminente, esto surge de la experiencia propia que vamos teniendo todos los días.

¿Solo para delitos sexuales?

La reforma se aplicará en todos los casos de delitos contra las mujeres, es decir en delitos sexuales, trata de personas y violencia intrafamiliar, donde si no se toma esa versión prácticamente se pierde la posibilidad de obtener esa importante declaración.

Y, ¿cuál es la última propuesta de reforma que consideró la Fiscalía?

Finalmente presentamos una propuesta en el sentido de que la Marina, concretamente la Dirección de Delitos Acuáticos (Dirnea), venga a ser lo que es en tierra la Policía Judicial. Ellos tienen un sistema que cuida el espacio territorial marítimo que, dicho sea de paso, es 5 veces mayor que el espacio territorial terrestre, y creemos que los marinos pueden convertirse en un órgano auxiliar de las investigaciones en los delitos como asesinato, homicidio, trata de personas, tráfico humano y narcotráfico en el mar.

Y se sugiere, por lo tanto, que en el artículo 448 se incluya un texto en el que se faculte a la Fiscalía recurrir a los integrantes de la Marina para estas operaciones en el mar. 

De hecho, estamos trabajando con la Marina varios protocolos que nos permitan justamente lograr eficacia en eso.

¿Desde cuándo se inició este proceso?

Es un proceso que lo iniciamos el año pasado, hoy estamos calificando a través del Consejo de la Judicatura a marinos especializados en ciertos temas para que sean peritos que puedan presentarse ante los jueces emitiendo sus informes de las investigaciones que se hacen en el mar. Hemos hecho curso de capacitación con ellos, vamos a entrar en las próximas semanas a simular audiencias, en las que incluso iré yo, para que ellos, cuando concurran a una audiencia a presentar sus informes periciales, estén debidamente preparados para cumplir la tarea.

¿Cómo beneficiará el sistema de control de causas iniciadas por informes de Contraloría?

Una vez que se determinó que la Contraloría General del Estado había remitido 1.795 informes con indicios de responsabilidad penal, se definió un modelo informático que nos permita tener al día la información de esos casos y podamos decir al país que tenemos un control total en tiempo real de lo que ocurre con esos informes.

¿Es decir, que se está dando prioridad a los casos de presunto peculado en entidades públicas?

Este sistema permitirá en el corto plazo tener mayor eficacia en la investigación de todos esos indicios de responsabilidad, que envía la Contraloría a la Fiscalía. (I)