La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional se allanó ayer en su mayoría al veto del Ejecutivo en las 73 observaciones realizadas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Con ocho votos a favor, dos en contra y una ausencia se aprobó el informe parcial no vinculante por parte de los legisladores.

Sin embargo, los asambleístas se ratificaron en tres puntos: en el artículo 244, en el que se mantiene como contravención la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); el artículo 553 sobre la vigencia de las medidas cautelares que se dictan en los delitos de terrorismo y su financiación; y los artículos 537 y 624 que hacen referencia a la prisión preventiva de las mujeres embarazadas, para que tengan medidas sustitutivas de la privación de libertad cuando cometan algún tipo de delito.

Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que aquellas mujeres en esa situación deberán cumplir estrictamente las medidas, de lo contrario quedarían sin efecto y pasarían a los centros de detención respectivos.

Andino explicó que entre las medidas se encuentra el arresto domiciliario y la utilización de los brazaletes electrónicos a las mujeres en estado de gestación, y se acordó esta ratificación para garantizar sus derechos.

En lo que respecta al mantenimiento como contravención de la no afiliación de los empleadores a los trabajadores al IESS, pues el veto lo elevaba a categoría de delito, el presidente de la Comisión de Justicia explicó que se cumplió el mandato de la consulta popular del año 2011. “La no afiliación es una infracción, por eso creímos pertinente que continúe como contravención en el Código y con una privación de libertad de hasta máximo siete días”, comentó. Y agregó que los empleadores contarán con un tiempo suficiente para cumplir.

En el tema de las renuncias de algunos médicos por el artículo 146 sobre la mala práctica profesional, Andino manifestó que este artículo no estaba entre las observaciones del Ejecutivo, y recordó que la mayor parte de la redacción del texto fue en consenso con los profesionales de la salud, dirigentes y ministros, por lo que hizo un llamado a la reflexión a los galenos.

Marcela Aguiñaga, vicepresidenta de la Asamblea, afirmó que los médicos no deberían preocuparse, pues para cualquier sanción penal se requiere antes un proceso investigativo con un debido proceso y se está invirtiendo en la justicia.

En lo que respecta a las visitas íntimas de los adolescentes infractores mayores de 14 años, que estaban establecidas en el Libro Quinto del Código de la Niñez, los asambleístas se allanaron al veto del Ejecutivo al no permitirlas.

Los asambleístas explicaron que se allanaron para precautelar la integridad sexual de los menores que cumplen una medida socioeducativa.

Miguel Moreta, asambleísta de CREO, apoyó esa parte del veto, pues consideró que esa situación de un adolescente no es la óptima para procrear un hijo. Aunque él votó en contra del informe.

La próxima semana, el pleno ya tendría conocimiento del informe aprobado, para después someterlo a votación por parte de la Asamblea Nacional.