La justicia penal ordinaria continuará juzgando a los waoranis implicados en la muerte de taromenanis
Mediante providencia general, el juez Segundo de Garantías Penales de Orellana, Álvaro Guerrero Chávez, dispuso la continuación del juicio para procesar y sancionar a los waoranis implicados en la presunta muerte de 30 miembros del pueblo en aislamiento voluntario de los taromenanis, ocurrido en marzo de 2013 en la selva amazónica.
Por ese hecho, que dentro del Derecho Penal ordinario encajaría como delito de genocidio que contempla una pena de 16 a 25 años de reclusión, hay 12 waorani procesados, de los cuales, 7 estaban detenidos en Orellana, pero 2 de ellos huyeron hace algunas semanas.
La decisión del juez Guerrero se basa en que ya transcurrieron los 45 días que tenía la Corte Constitucional (CC) para resolver con qué normativa se debe procesar a los implicados: la justicia común o la indígena.
El fiscal a cargo del caso en Orellana, Andrés Cuasapaz, ha resaltado que es importante determinar qué normativa se aplicará, para no caer en inconstitucionalidades, y que espera que la pena que se imponga guarde proporción con el delito.
Igualmente, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, ha insistido ante la prensa que estamos frente a un delito contra la vida, que se habría cometido sin tomar en cuenta la cosmovisión, cultura y costumbre waorani: con lanza y no con armas de fuego.
Sin embargo, el abogado defensor de los waoranis, Jorge Acaro, durante las audiencias ante el juez penal y ante los miembros de la CC, destacó que el Estado nunca se preocupó de enseñar a esta nacionalidad indígena los límites de lo que es bueno y malo, por lo que su gran interrogante es: “¿qué es delito en la cultura waorani y qué es delito en el mundo occidental?”.
Ante esa disyuntiva, el juez elevó a consulta para que la CC determine qué normativa debe tomarse en cuenta, pero como no se ha manifestado, en providencia emitida el martes pasado indicó: “Dentro de la causa penal No. 0223-2013 (instrucción fiscal No.220101813040001), que por delito de genocidio se sigue en contra de Tocari Coba Quimontari Orengo y otros, en lo principal de oficio dispongo: Por cuanto han transcurrido más de 45 días desde que la Corte Constitucional avoco conocimiento del caso constitucional No. 0072-14-CN, que por consulta de norma se elevó por parte de este Juzgado a dicha Corte y hasta la presente fecha no ha pronunciado, de acuerdo al inciso tercero del artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dispongo que la presente causa continúe sustanciándose en su trámite normal, tomando en cuenta el momento procesal en que fue suspendida a partir de fecha 14 de abril del 2014”.
