En febrero, la Intendencia de Policía de Guayas notificó a los dueños de los establecimientos donde es ejercida la prostitución, que deben actualizar documentos y hacer arreglos a los locales para su correcto funcionamiento.

Desde la semana anterior los 9 comisarios iniciaron operativos exclusivos en estos sitios para constatar que todo esté en regla.

El recorrido se efectuó en el norte de Guayaquil, donde hay 45 negocios de este tipo. En la inspección también participaron agentes de la Policía Nacional, funcionarios del Ministerio de Salud Pública y delegados de la Defensoría Pública y de la Red de Trabajadoras Sexuales (Asociación 20 de Abril).

En un tramo de esa zona están identificados 15 locales entre prostíbulos y night clubs (el horario de funcionamiento los diferencia); en uno se ordenó el cierre por no prestar las condiciones mínimas para atender; el negocio sin nombre está situado en Flor de Bastión, bloque 22, sector Ladrillera.

El lugar no tenía instalaciones adecuadas de agua potable ni de energía eléctrica, tampoco baterías sanitarias, señalética y, por si fuera poco, no estaba el propietario con los documentos que autoricen su actividad.

La intendenta de Policía de la provincia, Consuelo Castro, anunció que el burdel no atendería más y pidió a los usuarios y a las trabajadoras sexuales que se retiren. Explicó que se hicieron advertencias previas al propietario para que tome los correctivos, pero no los hizo. “No hay un baño para las chicas, no hay seguridades y no hay ni la infraestructura ni la higiene adecuada, tienen que mejorar las instalaciones y ponerse al día con los permisos o no podrán funcionar”, detalló Castro.

Lourdes Toscano, presidenta de la Asociación 20 de Abril, acudió para constatar que las chicas desarrollen su actividad en espacios idóneos y que no se irrespeten sus derechos; por ejemplo, que no se les cobre valores exagerados por el alquiler de las habitaciones y que se preserve su bienestar físico y sanitario.

Toscano detalló que en Guayaquil hay 3.000 trabajadoras sexuales aproximadamente, sin contar aquellas que ejercen la actividad de manera clandestina.

El Ministerio de Salud Pública delegó a 40 funcionarios, entre ellos inspectores, comisarios y el director provincial, Michael Vera. Ellos evaluaron la salubridad y verificaron que los productos a la venta sean aptos para el consumo y que se precautele la integridad de los clientes y los empleados.

La Comisaría del Distrito 8 abarca los sectores Paraíso de la Flor, Monte Sinaí, Flor de Bastión, Fortín, entre otras cooperativas, y está a cargo del abogado Rogniz Tenorio, quien comunicó que a esta fecha todos los negocios deben tener sus documentos en regla porque la tramitación inició hace 3 meses.

El funcionario reconoció que en algunas instituciones la diligencia no es inmediata, porque deben hacer inspecciones; sin embargo, en ciertos casos sí se pudo agilizar la emisión del Permiso Anual de Funcionamiento (PAF).

En la primera jornada 32 establecimientos fueron inspeccionados y a 3 se les ordenó el cierre por falta de garantías en las instalaciones, también se detectó que en varios locales tenían permiso de prostíbulo, pero además funcionaban como billares y hasta como galleras (coliseos para peleas de gallos).

La autoridad policial informó que a los propietarios les explicaron el proceso para mejorar y regular la actividad y que en una próxima visita sancionarán a quienes no cumplan con la totalidad de las normas.

Según el instructivo para intervención de Intendentes Generales de Policía, las clausuras se sancionan la primera vez con 8 días de suspensión, la segunda con 15, la tercera con 30 y la cuarta con el cierre definitivo.

En caso de ruptura del sello de clausura se tomarán las acciones legales correspondientes, señala el documento.