‘Mayerli’ a sus 17 años se enamoró de un hombre que le prometió una buena vida. La sacó de Guayaquil y la llevó a Machala (provincia de El Oro), donde no solo la explotó sexualmente, sino que también la maltrató psicológica y físicamente. Los primeros meses seguía enamorada, pero después de un año, por las agresiones, huyó.

Corría 2016 cuando se liberó, sin embargo, ahí no terminó su desgracia. Tuvo que esconderse, dejar el lugar de su niñez por el temor de que regresaran por ella. Recibió ayuda psicológica, pero nada parecía ser suficiente.

Unas 2,5 millones de víctimas de trata de personas hay en el mundo. Este ilícito negocio genera alrededor de $ 150.200 millones al año.

‘Mayerli’ sufrió trata de personas interna; es decir, la que ocurre dentro del mismo país de origen de la afectada. Pero también existe la trata transnacional, denominada así cuando se cruzan una o más fronteras de otras naciones.

México, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay no identifican, ni asisten de manera adecuada a las víctimas de trata, la mayoría es de mujeres y niñas, según un estudio presentado este mes por Womens Link Worldwide en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Diversos diagnósticos reflejan que en Suramérica el 51% de las víctimas es tratada en su país de origen, el 43%   llega de países de la subregión, el 4% procede de Norte y Centroamérica, y el 1% es trasladada desde Asia.

“En los cinco países de estudio se vislumbran marcos legales insuficientes, falta de información y formación por parte de los funcionarios competentes, y falta de reglamentación y de protocolos o rutas para identificar a víctimas”, consta en el texto.

Ecuador tipificó la trata de personas con distintos fines de explotación adicionales a los contemplados en el Protocolo de Palermo. Es el único de los cinco países foco de este estudio que incluye una definición general de explotación, como “toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo”, obtenidos por medio de un fin de explotación.

El delito está tipificado en el art. 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el cual se precisan los distintos tipos de explotación. Las sanciones constan en el art. 92 y oscilan entre una pena mínima de 13 años de privación de libertad a 25 años. Al final se agrega que la trata se persigue y sanciona con independencia de otros delitos que se hayan cometido en su ejecución como su consecuencia.

La psicóloga clínica Annabelle Arévalo indicó que hay más vulnerabilidad cuando las chicas son víctimas de violencia física, psicológica y sexual en el hogar. “Buscan un espacio donde sentirse personas y suelen involucrarse con quienes las inmiscuyen en este mundo. Como los familiares ven que se van de casa con un novio piensan que no regresan por amor y otros que denuncian el hecho como una desaparición”. Agregó que las chicas viven amenazadas o manipuladas al punto de no darse cuenta de que son víctimas de un delito.

La especialista, quien además es coordinadora del área de prevención de violencia sexual e intrafamiliar del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam-Guayaquil), contó que en el país regularmente las labores se centran en rescatar a las víctimas, pero luego no se hace un seguimiento para tratar, proteger y reparar integralmente a la perjudicada, aunque existe el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos.

“Es una tarea compleja desde la identificación, pues tampoco se puede decir que toda la prostitución es trata. Además, las afectadas por temor, a veces, dicen que están voluntariamente en el sitio”, expresó.

La exasambleísta Gina Godoy enfatizó que es necesario que las personas explotadas pierdan el miedo y denuncien. Indicó que el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad del programa antitrata, pero pese a la voluntad política las jóvenes y adolescentes están expuestas. “No solo debe haber rigurosidad en la ley, pues a veces las familias se convierten en expulsadoras de las chicas cuando las rodean de violencia”.

Según el informe, entre 2012 y 2013 se identificaron 200 víctimas. De ellas, el 33% era de niños, el 42% de niñas, el 22,5% de mujeres  y el 2,5% de hombres, teniendo Ecuador -entre los países de estudio- la proporción más alta de niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas de este delito.

Adicionalmente consta que entre 2010 y 2012 se reportaron 232 víctimas, de las cuales el 45,2% era con fines de explotación sexual, el 48,7% por trabajos forzosos, el 4,7% por pornografía infantil y el 1,4% por mendicidad.

Galo Chiriboga, exfiscal general del Estado, informó -durante la rendición de cuentas de los años de su administración 2011-2017- que por el delito de trata de personas se registraron en Ecuador 81 sentencias condenatorias desde 2012. (I)