El Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía del Guayas anualmente acoge cerca de 250 solicitudes de protección que se extienden a un número más elevado de personas. Esto debido a que el cuidado no es solo para la víctima, sino también (en caso de que se pida y amerite) para parientes de hasta cuarto grado de consanguinidad. Por ejemplo el año pasado se protegió a cerca de 1.200 personas.

De esta cifra, el 50% es afectado por violencia sexual o intrafamiliar y un 35% por temas relacionados con asesinatos.

Así lo reveló Byron Castro, coordinador del sistema, quien agregó que para ingresar no se necesita de ningún abogado, solo denunciar, hacer el requerimiento al Fiscal que investiga el caso y plasmar la firma en el documento.

Una de las últimas solicitudes que esta Unidad recibió fue por el caso del incendio ocurrido, el pasado 19 de octubre, en Los Vergeles, al norte de Guayaquil, en donde fallecieron cuatro niños menores de cinco años.

Castro mencionó que la petición fue entregada por el fiscal Francisco Campos, quien lleva el proceso, a quien las madres (cada una de dos niños) pidieron ayuda. En este hecho tres personas fueron detenidas, y a decir de Campos los familiares de los aprehendidos amenazaron verbalmente a los parientes de los afectados.

El coordinador del Sistema de Protección indicó que cuando se recibe una petición es evaluada por tres equipos técnicos: uno policial, otro psicológico y un último social, que realizan análisis e informes con sugerencias de medidas dependiendo del riesgo.

El 50% de las personas protegidas por el Sistema en 2012, era de casos de violencia sexual

El tiempo normal para entregar el informe es de cuatro días, pero en casos de emergencia en los que es evidente el riesgo se obvia todo el procedimiento y si es posible en el mismo momento se da protección.

El nivel bajo oscila entre 1% y 33% y es atendido con charlas de seguridad, normas de autoprotección y monitoreos policiales de 2 a 3 veces a la semana.

El rango medio se da cuando el peligro alcanza hasta un 63%. En este caso los gendarmes de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) más cercana visitan al ciudadano 2 ó 3 veces al día para brindarle auxilio inmediato. Además, le proporcionan un botón de pánico y un agente de Fiscalía controla el resguardo.

En caso de que el riesgo supere el 63% se establecen medidas más drásticas. “La persona es trasladada a una casa de protección que puede ser en otra provincia. De ahí no podrá salir hasta que baje el riesgo”, explicó Castro. En Guayas existen 2 casas de protección, sin embargo hay lugares adecuados en todo el país.

El funcionario indicó que según su experiencia las amenazas que sufren las madres y parientes de los pequeños fallecidos en el incendio tendrían un 50% ó 60% de riesgo.

Los otros equipos técnicos, es decir el psicológico y social, también realizan su análisis. El primero informa el número de terapias que la víctima o testigo del hecho requiera; y el social está enfocado en comunicar y hacer cumplir los derechos. Por lo general el programa de protección dura un año, en unos casos menos, y en otros que ameritan, sobre todo cuando el proceso penal no finaliza, puede alcanzar hasta dos años, siempre que exista la voluntad del ingresado.

“Todos los gastos son cubiertos por el Estado: vivienda, alimento y educación, hasta que se estabilice la situación del protegido”, dijo Castro. Bolívar Vergara, director provincial del Consejo de la Judicatura, destacó que aunque el programa es controlado por la Fiscalía coadyuva a alcanzar el mismo objetivo que es evitar la impunidad. “El sistema fue creado en 2008 y es una herramienta importantísima en materia penal.

Para que el proceso se desarrolle eficientemente se requiere la presencia de las víctimas y los testigos, y si uno de estos es amedrentado pues ahí ayuda este sistema que garantiza su presencia y preparación para las audiencias”, indicó.