Hace unos meses Martina (nombre protegido) ya no quiso ir a la escuela. Le costaba comer, ya no quería jugar.  Según la abuela y la madre, la pequeña se levanta en la madrugada y grita: "Suéltame". Con apenas 6 años perdió la alegría y dejó de conversar.

La confirmación de que algo estaba mal llegó el 30 de marzo pasado. La pequeña cursaba el primer año de básica en la Escuela Carcelén y relató cómo un docente la llevaba al baño y la tocaba. Además dio indicios de abuso sexual, el cual habría sido recurrente.

El testimonio es parte del expediente que reposa en la Unidad Judicial Penal de Carcelén, donde la abuela de la menor presentó la denuncia al día siguiente. El caso recayó con Johanna Moncayo en la Fiscalía de Género 1 y actualmente está en instrucción fiscal.

La primera audiencia se efectuó el 29 de mayo y la Fiscalía formuló cargos en contra de Diego Fernando C. por el presunto delito de violación, tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ahora el docente, a quien Martina reconoció en dos ocasiones, está prófugo.

Hasta el momento -explicó Moncayo- cuentan con el examen médico legal, la valoración psicológica, además de la versión de las autoridades del plantel, ubicado en el norte de Quito. En los próximos días se realizará un examen de valoración del entorno social de la menor. 

Según la abuela, quien cuida de Martina mientras sus padres trabajan, no conocían antes al profesor, pero la niña lo identifica claramente. En esa escuela la pequeña no tuvo problemas con compañeros u otros maestros. La mujer contó que en la carpeta estudiantil de la menor no consta registro alguno sobre problemas con compañeros o docentes. Según la abuela, jamás fueron llamados al plantel por problemas de conducta. Martina era una de las mejores alumnas. Su promedio era de 8,59. Hace 15 días salió de esa escuela y sus calificaciones, en el nuevo colegio, son de 9,50.

La abuela no oculta el dolor. Fue quien notó que al volver de la escuela la  falda de la niña estaba rota. Lamentó que el plantel intente “tapar el sol con un dedo” y evitar que el caso se conozca.  El jueves 15 de junio, varios padres de familia protestaron, junto a la abuela, a las afueras del colegio. Quieren que se conozca la verdad del caso. 

“Quien nada debe, nada teme, ¿por qué el maestro huyó?, ¿por qué no se quedó a explicar lo sucedido?”, cuestionó María C., madre de familia que espera conocer la verdad sobre el caso.

El subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, Gian Carlos Drouet, aseguró que la rectora del establecimiento acompañó a la abuela a denunciar el hecho en la Fiscalía el pasado 31 de marzo.

En el proceso judicial hay testimonios de padres de familia que, por referencia de sus hijos, conocen del caso. Según los estudiantes, Diego Fernando C. fue docente de quinto de básica, no del curso de Martina.  Los criterios sobre el maestro están divididos. Hay alumnos que lo recuerdan como un profesor tranquilo y bueno, pero para otros la imagen del docente fumando en las afueras del plantel, con la mirada perdida, difícilmente se les irá de la mente. Ellos, al igual que vendedores del sector, lo describen alto, delgado, con lentes, cabello crespo y con una peculiaridad: “Usaba casi siempre sacos de lana y una chompa de cuadros café”. Son pocos los padres que hablan del caso. Otros dicen que callan por miedo. Les preocupa que sus hijos pierdan el año; terminan las clases en julio.

En el establecimiento hay hermetismo

Desde que el caso se hizo público, las autoridades del plantel son herméticas. Las puertas del centro educativo se cierran con candado ante cualquier pregunta sobre el caso. Hay silencio. Este diario acudió al establecimiento en dos ocasiones para dialogar con la rectora, pero no hubo respuesta. La inspectora de la institución pidió al equipo periodístico retirarse del sitio.También se intentó dejar una solicitud de entrevista, tampoco fue recibida.

En su lugar, Juan Carlos Simbaña, presidente del Comité de Padres de Familia, indicó: “Conocemos que ustedes hablaron con la Subsecretaría de Educación. Son los que deben informar porque el caso está en indagación previa”.

Para Simbaña, lo ocurrido con Martina “es una pena” y espera que las autoridades  investiguen.

Drouet conoce que Diego Fernando C. es licenciado en ciencias de la educación e ingresó al magisterio por un concurso de méritos y oposición. Desconoce cuántos años trabajó en este plantel y su experiencia. En el expediente de la Fiscalía consta que el procesado trabajó desde 2014 en quinto y sexto de básica. Anteriormente laboró en el colegio Sixto Durán-Ballén.

Según el subsecretario, tras conocerse el caso se activó el protocolo de protección, es decir, la separación entre el denunciante y el denunciado. “Los docentes que tengan alguna denuncia deben cumplir funciones administrativas y ser separados de los alumnos”. 

La instrucción fiscal -que arrancó el 29 de mayo- durará 90 días. En agosto se espera la audiencia preparatoria de juicio, para posteriormente llegar a una sentencia. Drouet afirmó que el caso ‘no es sencillo’ y que en la investigación saldrán varias aristas. No anticipó más, pues señaló que por disposición de confidencialidad de la información, establecida en el Artículo  356 del reglamento y 584 del Código Integral Penal, “Lo único que podemos (hacer) es garantizar que las medidas de protección para sus hijos se están cumpliendo. Como Ministerio de Educación rechazamos estos actos”.

Padres denuncian agresiones

Tras conocerse el caso de Martina, más padres denunciaron supuestas agresiones físicas y psicológicas de otros docentes. Lucy (que prefiere mantener su nombre real en reserva) contó que su hija de primero de básica es víctima de presunto acoso escolar por parte de su maestra y alumnos más grandes. Según Lucy, la niña sería "hiperactiva" y presentaría "déficit de atención" y por ello su profesora le habría dado puñetes en la espalda. También contó que sufrió un supuesto bullying por parte de niños de quinto y sexto de básica. Los menores habrían arrastrado a la niña hasta el baño y allí le habrían bajado el pantalón y lanzado agua fría en sus partes íntimas.  Luego le habrían cacheteado y dicho que “ellos le van a enseñar cómo quitarse lo hiperactiva”.

La madre habría contado ese caso a las autoridades, quienes le habrían dicho que se trata de un “fenómeno imaginativo” de su hija y “que la hiperactividad de la niña provocó eso”. La mujer confiesa haber dudado, pero antes de retirarse del plantel, el día en que fue a ver qué ocurría, quiso despedirse de su hija. Sus compañeros le dijeron que no salía del baño. Corrió a ese lugar y al entrar cuenta que vio salir de allí a cinco niños. Otra niña le avisó que alguien gritaba adentro.La psicóloga y la madre entraron y vieron a la niña con su pantalón mal acomodado y mojado.

 José (nombre protegido), otro estudiante, también habló de las supuestas agresiones de su maestra de tercero de básica. Tiene 8 años y  cuenta que su profesora pide que sus compañeros lo lastimen presuntamente con la punta de lápices y bolígrafos. Según le contó el menor a su madre, la docente les habría dicho a sus compañeros del aula que  le “pinchen el ojo y le claven objetos”.  

Alberto, otro padre, sacará a sus hijos de esa escuela para el próximo año lectivo. Dijo que a su hija de tercero de básica la mandaron a cuidar los baños en la hora del recreo, por orden superior de las autoridades del plantel, en vez de que esa actividad lo hagan personal capacitado, como inspectores o docentes. También contó que los compañeros de su hijo lo agreden físicamente.

Drouet se comprometió a analizar estos supuestos casos de agresiones y solicitar información al Distrito y saber qué hizo la rectora si es que conoció estos hechos.

Adicionalmente, el Ministerio de Educación puede investigar  de oficio y de confirmarse las presunciones levantarían sumarios administrativos a la máxima autoridad y docentes denunciados. Este proceso administrativo dura hasta 90 días y la sanción a la que se podría llegar -dependiendo de los casos- va desde la suspensión hasta la destitución. (I)