La Fiscalía abre 1.110 procesos con los informes de la Contraloría

La Fiscalía General del Estado desarrolló un nuevo software para mejorar el seguimiento de los informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) de la Contraloría General del Estado. Además, ayudará a impulsar la judicialización de 517 casos que están en indagación previa.

El fiscal Galo Chiriboga indicó que se ha identificado a todos los IRP enviados por la Contraloría  desde el 2007. “Estos procesos están incorporados en un medio electrónico que usa un programa informático de la entidad que permite dar seguimiento a las causas así como a los impulsos fiscales”.

Este modelo, diseñado por la Fiscalía y compartido con la  Contraloría, será presentado al país esta semana. “Expondremos cómo opera, esta herramienta implementada electrónicamente para la lucha contra la corrupción”, dijo.

Sistema informático

Según la Fiscalía, existen 1.110 informes con presunta responsabilidad penal que están activados en la base de datos y  clasifican los procesos en 2 secciones: fase de control, que incluye seguimiento de diligencias, desde el ingreso hasta la evaluación de peritos; y fase de respuesta, que es la instrucción fiscal, tomas de  nuevas pericias, judicialización y el estado de los procesos en la Función Judicial.

Este sistema emite alertas, ya que cada segmento tiene un tiempo determinado para su ejecución, que se llena de acuerdo con los requerimientos de los fiscales. El sistema mide el período que transcurre entre un impulso y otro, lo cual servirá para fiscalizar el trabajo de los servidores, lo que podría  acarrear sanciones.

Colaboración de Contraloría

La Contraloría efectúa un seguimiento permanente de los informes que son puestos en conocimiento de la Fiscalía, y “colabora con esta entidad en todo lo que es requerida, a fin de que las investigaciones que realiza lleguen a buen término”, explicó el titular Carlos Pólit.
Precisamente por eso “me habrán escuchado, en más de una ocasión, formular mi preocupación acerca de determinados casos, en los cuales creemos que en la Función Judicial  o no ha habido la suficiente agilidad o las investigaciones no han reflejado los hechos evidenciados por Auditoría”.

También, en otros expedientes,  a través de seudos peritajes se ha pretendido dejar sin sustento el trabajo técnico del organismo de control de los recursos públicos, lo cual es una preocupación que comparte incluso el Fiscal General del Estado, manifestó Pólit.

Durante 2014 la Contraloría envió a la Fiscalía 120 informes con responsabilidad penal, en los que estaban implicadas instituciones a  nivel nacional y el posible perjuicio al Estado por $ 10’778.977,83.

Un auditor de la Contraloría informó que cada año se escoge un determinado número de entidades que reciben fondos del Gobierno para  fiscalizarlas, además se receptan denuncias presentadas por iniciativa particular.

Una vez efectuado el análisis, se verifican los resultados antes de enviar el expediente a la Fiscalía, “no podemos equivocarnos, ya que el objetivo es que los funcionarios que efectuaron malos manejos de los dineros del Estado sean sancionados”. Sin embargo, corresponde a los fiscales determinar si los supuestos actos dolosos conforman peculado o delitos contra la administración pública. Los jueces deben sentenciar.

El sistema de la Fiscalía SIAF tiene registrados 207 casos con presunta responsabilidad penal de los gobiernos autónomos descentralizados; 168 de la Corporación Aduanera, 91 de la ComisiónNacional de Transporte Terrestre; 46 del BancoNacional de Fomento; 46 de hospitales y centros de salud pública; 44 de colegios fiscales; 29 del Cuerpo de Bomberos; 26 de la Junta Parroquial; 24 de la Super de Bancos; y 24 de la universidad pública.

De estos informes, 517 están en investigación previa, 211 en instrucción fiscal, 189 fueron desestimados, 101 se archivaron, en 76 hubo sentencia, y se recurrió a una solución alternativa en 16 casos. (I)