La Corte Nacional de Justicia (CNJ) negó el recurso de ampliación y aclaración de la resolución condenatoria en contra de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, por el delito de injurias.

Con este fallo, la sentencia quedaría en firme. Los tres demandados presentaron una denuncia contra el Primer Mandatario por supuestamente haber ordenado la incursión armada al Hospital de la Policía Nacional durante la revuelta de los uniformados del 30 de septiembre de 2010.

La demanda fue rechazada y calificada de temeraria, por lo que el presidente Rafael Correa contrademandó a los activistas políticos por injurias. Con los argumentos y pruebas del caso la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Lucy Blacio, falló a favor del Mandatario.

Luego de esta resolución, el asambleísta Jiménez ha presentado varios recursos legales para evitar que la sentencia se cumpla, pero todos han sido rechazados por las autoridades correspondientes.

El fallo
Los tres procesados recibieron una condena de 18 meses de prisión, en el caso de Jiménez y Villavicencio; y de 6 meses para Figueroa, además deben pagar $ 140.000 como indemnización al presidente Correa, y ofrecer disculpas públicas.

Con este fallo, la Corte Nacional de Justicia notificará de la sentencia a la Policía Judicial, en el plazo de 72 horas, para que proceda a la búsqueda y captura de los tres procesados. En la sustanciación de la resolución, los jueces Vicente Robalino, Gladys Terán y Mariana Tumbay señalan que "todas las ecuatorianas y ecuatorianos tenemos obligación de asumir responsabilidades ciudadanas de manera ética, honesta y transparente".

Recuerdan que cuando cualquier ciudadana o ciudadano es electo como asambleísta, se somete al artículo 127 de la Constitución, que establece que "los legisladores actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes (...)".

Los magistrados argumentan que así como la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos establece que quienes se encuentran ejerciendo un cargo público están sometidos a un mayor escrutinio, esto no deja de lado dos elementos, "el respeto a sus derechos humanos, como es la honra y por otra parte la responsabilidad que como ciudadana o ciudadano tienen al ejercer dicho cargo, producto de la confianza que en ellas y ellos depositan los ciudadanos que los eligen".

Los jueces señalan, por lo tanto, que "presentar una denuncia (...) es un acto que conlleva responsabilidades legales, un asambleísta aunque no esté dentro del ejercicio de sus competencias, por el hecho de detentar un cargo de confianza pública, tiene en virtud de esta confianza una mayor responsabilidad".

El fallo de la Sala Especializada de lo Penal de la CNJ se emitió el jueves, a las 15:30.

No hay otro recurso
Caupolicán Ochoa, abogado del presidente Rafael Correa, manifestó que la sentencia queda en firme y ahora bajaría la resolución ante la jueza Lucy Blacio, de primera instancia, para que se ejecute.

"Yo creo que hasta lunes o martes, ella ya tendrá que despachar", dijo el jurista al tiempo de agregar que no quedaría ningún otro recurso por presentar.

Ochoa precisó que en las próximas horas conversará con el Jefe de Estado y le hará conocer sobre esta resolución.