Después de que el pasado martes el juez de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, aceptara la petición del fiscal Carlos Baca Mancheno, de vincular al vicepresidente Jorge Glas en el caso Odebrecht y le prohibiera salir del país, corren 30 días para que la Fiscalía se abstenga de juzgar o formule un dictamen acusatorio en contra del Vicepresidente.   

Estos 30 días corresponden a la etapa de instrucción para que el Fiscal y la defensa de los vinculados presenten las pruebas tanto de cargo como de descargo, y puedan valorar la documentación y emitir un juicio. Así lo afirmó el abogado penalista Gustavo Medina, al citar el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según Eduardo Franco Loor, abogado del Vicepresidente, después de que transcurran los próximos 30 días y las partes presenten toda la documentación “vamos a desvirtuar todos y cada uno de los supuestos indicios o presunciones que la fiscal Diana Salazar ha señalado. Estamos seguros de que él (Jorge Glas) no ha cometido ningún delito, por tanto no hay pruebas y ni siquiera sospechas o indicios que lo inculpen”.

Loor, además, descartó la posibilidad de una posible culpabilidad, pues “el Vicepresidente es inocente”.  

Sobre la decisión que tomó la fiscal Diana Salazar de vincular al Segundo Mandatario en este caso Franco Loor dijo que “el linchamiento mediático influyó en las decisiones judiciales” y agregó que para tener una correcta resolución en este caso “debería dejarse de lado el Estado de opinión para dar paso al Estado de derecho”.

El delito de asociación ilícita, según estipula el COIP, se trata de un acuerdo de dos o más personas para cometer un hecho fuera de la ley.

Según el penalista Medina, este es un delito medio que, para ser comprobado, debería estar vinculado a otros delitos finales, como cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de activos.

Estos delitos, según Medina, deberían aparecer en la investigación que se mantenga en la etapa de instrucción fiscal. “Al final de los 30 días el Fiscal tendrá dos opciones: o formular un dictamen acusatorio o abstentivo para que se inicie el juicio penal propiamente dicho”.

Dentro de un proceso el fiscal presenta su dictamen y es el juez quien decide si lo acoge o no y en base a eso resuelve el llamado a juicio de los imputados.

El jurista agregó que de llegarse a encontrar culpable al Vicepresidente, la pena máxima que le correspondería es de cinco años.

Sin embargo, puntualizó, por tratarse de un delito que no es autónomo ni independiente “deberían aparecer otras infracciones y por tanto acumularse las penas de cada delito hasta un máximo de 40 años”.

La semana pasada, en rueda de prensa, el asambleísta por CREO, Fabricio Villamar, afirmó que aunque se le declarase culpable al Vicepresidente “no pasaría ni un día en la cárcel”.

Sobre esto Medina afirmó que la pena mínima en el delito de asociación ilícita es de 2 años, pero “si el fiscal establece una pena mínima se puede exonerar al procesado de la privación de la libertad poniéndole otra alternativa, por ejemplo, la prisión vigilada con control de dispositivos electrónicos”.

Para el abogado Ismael Quintana Garzón, dentro de este juicio “existen varios elementos que sí permitirían a la Fiscalía ir más allá de la simple asociación ilícita”.

Pero Franco señaló que “la única salida que tendrá el señor Fiscal, ante el cúmulo de documentación que presentaremos, es abstenerse de acusarlo (al Vicepresidente)”. El defensor tildó como absurdos los indicios que fueron presentados por la fiscal Diana Salazar “porque no hay conexión entre ellos”.

Señaló que el Decreto Ejecutivo 15 del 4 de junio de 2013 -en el que el expresidente Rafael Correa encarga a Jorge Glas los sectores estratégicos- y la credencial del Consejo Nacional Electoral en la que se lo designa como Vicepresidente, no corresponden a un delito.

Quintana acotó que en los próximos 30 días, si el Fiscal encuentra indicios que permitan cambiar los elementos de la investigación, podría solicitar al juez instructor que convoque a una audiencia para reformular los cargos.    

Según el abogado Franco Loor, “el Vicepresidente se encuentra tranquilo ante este proceso porque el que cumple con la ley no es culpable ni comete delito”. (I)