El 37 Juzgado Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) dispuso 40 días de detención preventiva con fines de extradición para Carlos P. y su hijo. La decisión fue tomada tras la audiencia que se cumplió la tarde del martes.

La Corte Superior de Justicia confirmó la medida a través de su cuenta de Twitter (@CSJdeLima). En un comunicado, se informa que la jueza Susana Coronado Zegarra ordenó la detención preventiva, dando el plazo máximo según el tratado de extradición Perú-Ecuador.

#LOULTIMO: 37° Juzgado Penal de Lima ordenó 40 días de detención con fines de extradición para ecuatorianos Pareja Cordero y Pareja Dassum.

— CSJ de Lima (@CSJdeLima) 10 de mayo de 2017

Según el documento, la magistrada decidió acoger el pedido del Ministerio Público “debido a que, durante sus alegatos en audiencia, presentó y fundamentó suficientes elementos de convicción que demuestren que sobre ambos procesados recaen diferentes criterios valorativos referentes al peligro procesal, como no poseer arraigo domiciliario, laboral y familiar, entre otros”.

La expulsión del país, figura jurídica a través de la que se buscaba el regreso inmediato de los detenidos a su país, no fue discutida en la audiencia. En cambio, se presentó la figura de la extradición que, de acuerdo a la Jueza, se aplica para el caso de los dos detenidos.

La fuga sería la figura jurídica que da paso a esta situación pues, según el Ministerio Público peruano, Carlos P. y su hijo se fugaron de la justicia ecuatoriana en diciembre pasado y deberán, como ordena la Ley, ser pedidos en extradición oficial por Ecuador.

No se tenía previsto, antes de la audiencia, que la figura de la extradición entrara en escena. Por el contrario, se esperaba que la resolución sobre los detenidos fuera inmediata y ordenara su expulsión por la frontera norte. En ese caso, los dos hombres ya estarían rumbo a Ecuador. 

Una cárcel que será definida por el Poder Judicial los acogerá desde el miércoles y será su estancia en Lima hasta que este caso se resuelva.

Para Daniel Maurate, representante de Ecuador en este proceso judicial, el manejo del caso ha tenido una serie de trabas en las que se evidencia la falta de un criterio político claro que cierre de una vez este caso con el retorno de Carlos P. y su hijo al país.

Maurate mencionó, sin embargo, que la decisión de la jueza podría ser apelada, para que el jueves próximo se pueda discutir la figura de la expulsión, basada en el presunto ingreso ilegal que los acusados hicieron al Perú en diciembre pasado.

A su turno, Carlos P. se definió como un perseguido político, alguien cuyo actuar, dijo, debe ser valorado como el de un refugiado en este país. Su defensa ha tomado esa vía, y ha pedido la nulidad de la orden de encarcelarlos aduciendo que los detenidos se encuentran tramitando un carné de refugiados en el Perú, hecho al que la jueza Coronado no dio paso.

La Corte Superior de Justicia recordó que sobre Carlos P. C. y su hijo recae una orden de captura internacional emitida por la jueza de la Unidad Multicompetente Penal del cantón Samborondón, por el presunto delito de Lavado de Activos. (I)