La Fuerza de Tarea creada por la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió el mes de junio con sendos operativos para sancionar la corrupción.

El 3 de junio de 2020, 17 personas eran aprehendidas en Guayas y Pichincha por la adjudicación de contratos irregulares en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Prefectura de Guayas y Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps).

Entre los detenidos estuvo el expresidente Abdalá Bucaram, quien solo fue procesado por un arma hallada en su casa. Sin embargo, la FGE informó que también es investigado por peculado por adquisición de insumos con sobreprecio en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil.

Cinco días después una avioneta cayó en Perú y entre los heridos figuraban personas investigadas por el mismo caso. Más elementos que tejen la trama de corrupción.

Desde el 3 de junio hasta el pasado 18 de junio, 76 personas fueron procesadas por peculado, tráfico de influencias, delincuencia organizada, fraude procesal. Pero también se investiga testaferrismo, enriquecimiento ilícito y más.

El último operativo, el 18 de junio, dejó 17 detenidos sospechosos por corrupción en hospitales del IESS y del Ministerio de Salud Pública (MSP).

También fueron enviados a prisión nueve funcionarios de la cárcel El Rodeo, en Manabí, por facilitar con documentos falsos la salida de privados de la libertad. Además a un exjuez se le dictó prisión por prevaricato al reducir la sentencia del líder de “Los Choneros” y hacer posible su libertad. (I) 

¿Cómo combatir la corrupción en Ecuador?

Miryam Félix López  Archivo / ET 
Rectora de la Escuela Superior Politécnica de Manabí

Es muy difícil contestar esta pregunta en un país donde la gobernabilidad no funciona producto de instituciones públicas corruptas, con directores elegidos en base a intereses políticos, un mercado de ventas de puestos públicos, con una clase política que en su mayoría está contaminada y un sector privado cómplice. Además, la justicia no se ha renovado y hay funcionarios que se deben al interés económico.

Sobre el camino que hay que recorrer para el combate a la corrupción, en este período por fenecer es muy difícil. El Gobierno está debilitado y la esperanza es el nuevo, que ojalá tenga el suficiente respaldo para no someter a las entidades públicas al reparto político. El paso más importante será fortalecer el sector público: primero con un diagnóstico y una auditoría internacional que no tenga opción a pactos para tapar la corrupción. Una vez que termine este proceso vender las empresas públicas ineficientes y conservar solo las de sectores estratégicos.

En cuanto a la justicia, se requiere de una reingeniería y que nuevos magistrados sean nombrados con concursos de méritos y oposición con estándares internacionales de probidad y conocimiento.

Es importante la participación de la academia, que formen comisiones para calificar los candidatos. Otras de las debilidades es la democracia ecuatoriana con elección de autoridades nacionales, provinciales y locales, nombradas por voluntad popular, pero con un nefasto control electoral. Los políticos se gastan fortunas en campañas y resulta que luego tienen que recuperar esa inversión. Los organismos electorales solo se dedican a controlar la contabilidad fraudulenta que presentan las organizaciones políticas, pero no el efectivo que circula en las campañas, que muchas veces tiene orígenes ilícitos.

El Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer, es un órgano burocrático que ha distorsionado el verdadero concepto de la participación ciudadana. Y por último un factor muy importante para construir una sociedad sana es la educación básica, cuyo conocimiento debe de estar apoyado en valores éticos y morales. (O)

Es necesaria la revisión previa de contratos

Joan Paul Egred  Cortesía / ET 
Especialista en contratación pública y derecho administrativo

La emergencia sanitaria develó un problema preocupante: la corrupción en el sistema de contratación pública del Ecuador. Las entidades públicas pueden ejecutar programas, proyectos y planes para bienestar de la ciudadanía mediante contratación de adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.

Este tipo de contratos administrativos se encuentran regulados por la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y se ejecutan a través del portal de Compras Públicas.

Entonces, si existe el marco normativo y las contrataciones se hacen con plataformas tecnológicas, ¿cómo evitar los escandalosos casos de corrupción? La respuesta es la prevención. Se requiere de un control contractual previo como existía en 2004. Esto quiere decir que la Procuraduría y la Contraloría General del Estado emitan informes previos para la suscripción de contratos públicos.

Haberles quitado estas atribuciones fue un error del gobierno anterior, ya que el control posterior no permite frenar oportunamente la corrupción, ni reparar el daño.

Una segunda medida es mejorar el portal de Compras Públicas, evitando que miembros de las comisiones de calificación tiendan a favorecer o perjudicar a determinado oferente. La tecnología permite disminuir la posibilidad de influir en los procesos precontractuales.

Como tercer punto es necesaria la adecuada selección y capacitación de autoridades y servidores públicos. Es bochornoso que los llamados a servir se sirvan de los dineros públicos a todo nivel.

No solo hay que prevenir la corrupción, también hay que evitar la impunidad: que los hechos punibles sean sancionados por la administración de justicia y que se recuperen los fondos despilfarrados. El mitigar el daño que produce la corrupción con estas propuestas puede ser alcanzado a corto plazo, siempre y cuando exista un compromiso de la sociedad en su conjunto para denunciar y reprochar todo aquello que empañe la adecuada manera de ejercer el servicio público. (O)

Los ciudadanos también somos responsables

Ruth Hidalgo  Cortesía / ET 
Dra. en Jurisprudencia y directora de Participación Ciudadana

En estos días se han visibilizado varias iniciativas sobre qué se puede hacer para combatir la corrupción. La situación del país nos demuestra que estamos contaminados a lo largo y a lo ancho de la función pública y de la clase política; sin dejar de tomar en cuenta a la ciudadanía, porque al ser tolerantes con la corrupción ponemos un granito de arena más para que esta eche raíces.

Sería un error pensar que la solución la tienen únicamente los políticos o que con cambiar las cabezas de ministerios y otros puestos públicos inmediatamente está solucionado el problema.

La realidad es que la descomposición social que vivimos únicamente la vamos a enfrentar si hacemos de la lucha contra la corrupción una causa nacional, un fin colectivo. En este punto: solo unidos venceremos la corrupción.

La cruzada por la transparencia debería ser un conjunto de acciones que empiece por comprometernos todos a ser buenos ciudadanos en el sentido más amplio; por ejemplo, dejar de normalizar en nuestras familias usos y costumbres que riñen con la ética; desde lo más chico, como quedarse con el vuelto o pasarse un semáforo porque nadie nos ve. Aunque parezca una tontería, hay que recordar que países menos corruptos justamente registran ciudadanos honestos y que cumplen las layes.

En lo institucional, requerimos de una reforma integral, de una nueva visión sobre la función pública, a donde deben llegar técnicos y no políticos. Finalmente, los partidos políticos también tienen su parte, formando cuadros con profesionales idóneos y sin tacha.

Como vemos, si queremos cambiar esta realidad, todos debemos participar y ser responsables desde nuestro rol en la sociedad. La lucha contra la corrupción pinta difícil de lograr, pero hay que empezar a plantearnos salidas en colectivo si queremos cambiar esta realidad. Es momento de que como sociedad decidamos tener ese debate. (O)

Hacia un sistema nacional anticorrupción

Germán Rodas Chaves  Cortesía / ET
Coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.

La corrupción nos afecta en todas las esferas de la vida pública. Su presencia acecha los recursos del país y la propia existencia del Estado, por ello es indispensable plantearse la construcción de un sistema anticorrupción que responda -en las palabras del maestro Benjamín Carrión- al apremio de “Volver a tener patria”.

El engranaje en contra de la ilegalidad -expresada en la confabulación de corruptos y de corruptores- debe procurar que la Contraloría General emita dictámenes antes de la celebración de los contratos; que se reestructure el trabajo del Servicio Nacional de Contratación Pública para que no solamente informe quiénes han ganado uno u otro concurso. Que el SRI suministre una sola actividad económica a las personas jurídicas y naturales e impida que los vendedores de cervezas también ofrezcan medicinas. Que se apoye la tarea de la

Fiscalía dotándole de operadores especializados en anticorrupción o que la Función Judicial esté instituida, en el país, con funcionarios y jueces honestos dispuestos a cumplir su deber, acatando la ley y deteniendo la impunidad.

Y desde luego es imprescindible que quienes redactan las bases legales anticorrupción y fiscalizan a las demás funciones del Estado atiendan estas urgencias sin vivir sumergidos entre diezmos y componendas políticas. Para el efecto ¿será el momento de establecer un Congreso Nacional con una Cámara dedicada exclusivamente a esta actividad específica?

En toda esta perspectiva, la educación en valores al conjunto de la sociedad es un factor clave en la cruzada para dotarnos de integridad y ética.

La urgencia en la edificación del sistema anticorrupción -en cuyo escenario la lucha de la sociedad civil es primordial- es una decisión impostergable que debe ser estimulada para superar el mediatismo que solo contribuye a hundirnos en el desasosiego -mientras la carroña intenta sepultarnos- cuando de lo que se trata es de procurar una metamorfosis purificadora que redima al Ecuador. (O)