La fiscal General del Estado encargada, Ruth Palacios, otorgó un plazo de cinco días al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Julio César Trujillo, para que remita la documentación relacionada con la designación de Paúl Pérez Reina como fiscal del Estado encargado.

El mismo plazo se dio a la Contraloría General del Estado para que remita copias de la acción de personal del señor Pablo Celi De la Torre con las que acredite su designación como subcontralor General y como contralor General subrogante.

Estas acciones se adoptaron el 28 de noviembre después de que se aceptó la denuncia al trámite de José Regato Cordero, quien acusa a ambos funcionarios de usurpación de funciones, pues no fueron posesionados por la Asamblea.

El denunciante fue citado para este miércoles, a las 09:00, a fin de que reconozca su firma y rúbrica, así como rinda su versión sobre los hechos denunciados y que están sometidos a una indagación fiscal.

La presencia de Celi al frente de la Contraloría obedece más bien a una “subrogación”, que se ventila en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debido a que supuestamente existía una acción de personal suscrita en funciones por el excontralor Carlos Pólit a favor de otra funcionaria que en su ausencia debía asumir el cargo de contralor del Estado.

Una vez que sea resuelta judicialmente la legalidad de su nombramiento como máxima autoridad de la Contraloría del Estado, habrá que analizar el alcance de sus decisiones, sostiene Joan Paúl Egred, abogado y especialista en Derecho Procesal Penal.

En cuanto a Paúl Pérez Reina, el Consejo de Participación Transitorio lo designó como fiscal encargado y asumió sus funciones el 3 de mayo de este año, explica.

El “encargo” no es una figura reconocida por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, además nunca fue elegido como autoridad definitiva de la Fiscalía, y ciertamente sus actuaciones dentro de los casos en los que los investigados y procesados gozan de fuero, eventualmente podrían ser declaradas nulas por la falta de posesión ante la Asamblea, todo lo cual podría resolverse en base a una resolución de la Corte Constitucional, indica Egred.

Sin embargo, Ramiro Román, exjuez de la Corte Suprema de Justicia, considera que Pérez fue designado legalmente como encargado de la Fiscalía por el Consejo Transitorio, por lo que su legalidad no estaría en juego.

En cuanto al Contralor, sostiene que hay una sentencia contra una señora que se disputó el cargo. No obstante, la fiscal Palacios debe indagar las denuncias con objetividad, porque hay que probar las acusaciones como en este caso.

La preocupación ciudadana es que con esta denuncia, el expresidente Jorge Glas saldría en libertad. No es así, porque el 13 de diciembre de 2017, el fiscal Carlos Baca logró que lo sentencien a 6 años de cárcel, por asociación ilícita, no participó Pérez. (I)