La muerte de Walter Arizala, alias “Guacho”, generó expectativa por el estado en que se encuentran los procesos de los supuestos integrantes de su organización delictiva, el Frente Oliver Sinisterra, detenidos del lado de la frontera con Ecuador.

Arizala, ejecutado el pasado viernes durante operación realizada por la fuerza militar de Colombia, en una zona de Tumaco, Nariño, es responsable del secuestro y asesinato de un equipo periodístico de diario El Comercio, compuesto por el redactor Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra; y el de Katty Velasco Pinargote y Óscar Villacís Gómez, en la provincia de Esmeraldas.

Los juicios contra la red  de “Guacho” siguen activos en Ecuador.  En uno de ellos, la Corte de Justicia de Esmeraldas deberá ratificar o negar la absolución de cinco sospechosos de participar en los atentados que golpearon a Esmeraldas a inicios de año. En uno de ellos fallecieron 3 militares.

La audiencia se cumplirá el próximo 9 de enero en las instalaciones del tribunal provincial. Los magistrados responsables del caso son: Efraín Guerrero, Luis Fernando Otoya y Juan Francisco Morales, quien es el juez ponente de este caso.

A finales de noviembre, la Fiscalía General del Estado presentó la acusación contra 27 sospechosos de pertenecer al Frente Oliver Sinisterra, pero en la audiencia el juez Óscar Corozo dispuso el sobreseimiento de cinco de ellos: Aida T., Jimmy Ch.,  Klinger C., Miguel C., y Wilmer A.

De acuerdo con la decisión del juez, no existen motivos para que ellos sean procesados penalmente. No obstante, el fiscal del caso, Wilson Toainga, apeló la decisión porque de acuerdo con su investigación sí existen los indicios para demostrar su responsabilidad.

La acusación de la Fiscalía se basa en testimonios de ex miembros del grupo narcoterrorista que identificaron a las personas que actuaban para “Guacho”.

En esas versiones aparecen los nombres de los cinco sospechosos. Además, se hizo un peritaje de las comunicaciones telefónicas antes de la explosión del cochebomba en las instalaciones del cuartel de la Policía de San Lorenzo, ocurrido el 27 de enero pasado.

En noviembre fue capturado en el cantón San Lorenzo (Esmeraldas), R. J. M. CH., integrante de la organización delictiva. Según el Ministerio del Interior, con él sumaban 75 personas privadas de la libertad relacionadas con ese grupo irregular, informó la Policía.

El 27 de ese mes se conoció que la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot) de la Fiscalía General de Ecuador, obtuvo sentencia de 7 años de pena privativa de libertad en contra de tres aliados de “Guacho”.

Mientras, siete militares y seis civiles detenidos por el presunto tráfico de armas y municiones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) al grupo disidente Oliver Sinisterra rindieron versión en la Fiscalía, en Quito, respecto a lo que conocen del caso y su presunta participación en el delito.

El dirigente y los integrantes de su organización delictiva también están acusados de enviar toneladas de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos y era uno de los criminales más buscados en Colombia y Ecuador, cuyos gobiernos ofrecían hasta 700 millones de pesos (unos 215.000 dólares) de recompensa por información sobre su ubicación.

La muerte de “Guacho” ha sido recibida con consternación por los familiares de las víctimas civiles ecuatorianas, que han denunciado el mal manejo por parte de las autoridades del caso ante instancias internacionales, lo que ha llevado a la CIDH a crear un equipo especial con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.