El juicio contra la transnacional Chevron-Texaco llegó ayer a la Corte Nacional de Justicia para que se atienda el recurso de casación (revisión de la sentencia) interpuesto por la petrolera.

Alrededor de 240 mil hojas que componen el proceso llegaron empaquetadas en 67 cajas enviadas desde la corte provincial de Sucumbíos (frontera amazónica con Colombia) y escoltadas por unas 100 personas representantes de las comunidades afectadas y organizaciones sociales y ambientales.

Pablo Fajardo, abogado de los perjudicados, explicó que el recurso de casación que entra a trámite no impide que se ejecute el pago de casi $18.000 millones por remediación ambiental.

Esta medida también se replicará en  Panamá y Venezuela con el fin de embargar los activos de la petrolera, que incluye los buques que pasan por el canal.

El jurista dijo que este proceso será realizado en otros países, aunque no adelantó en cuales.

Luis  Yantza, coordinador de la asamblea de afectados por la petrolera, aseguró que estarán pendientes del proceso para impedir que Chevron influya con su poder en la decisión de los jueces. Informó además que el último jueves de cada mes,  las organizaciones sociales y ambientales realizarán una vigilia en los exteriores de la CNJ.

El director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Luis Saavedra,  dijo que cada una de las hojas del proceso que llegaron esta tarde, dan cuenta de la culpabilidad de la petrolera y manifestó que los afectados no perdonarán ni un solo centavo a Chevron.

De acuerdo a la sentencia de primera instancia de enero de 2011, a principios de febrero venció el plazo para que la petrolera se disculpe por el daño ambiental causado en la Amazonía por Texaco (posteriormente adquirida por Chevron) entre 1964 y 1990.

La Corte Superior de Sucumbíos condenó a la petrolera a pagar unos USD 9 mil millones, pero advirtió de que ese monto se duplicaría si la petrolera no pedía disculpas a los afectados.

El pasado 03 de marzo, el presidente ecuatoriano Rafael Correa manifestó que “la compañía Chevrón –Texaco busca con su poder y con la ayuda de las Organización de las Naciones unidas (ONU) evitar la sentencia que la obliga a pagar USD 18 millones por contaminación en la Amazonía”.

El primer mandatario criticó que un centro de arbitraje busque suspender el fallo dictado por la justicia ecuatoriana, amparándose en el Tratado de Protección Recíproca de inversiones firmado en 1997, cuando Chevron se fue del Ecuador en 1992.

Respecto a esto, el abogado de los perjudicados manifestó que los jueces de Sucumbíos reconocieron el fallo del organismo internacional, pero  aseguraron que el sistema de derechos humanos prevalece sobre los laudos arbitrales que tienen carácter comercial, por lo que es inaplicable