La jueza Karen Matamoros Orellana remitió el jueves último copias certificadas del proceso por presunto cohecho a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia para que proceda con los trámites de extradición de nueve procesados, que se encuentran prófugos en Estados Unidos.

En la providencia, que fue dictada el 15 de diciembre, la funcionaria se refiere al último informe de Marco Sarabia Armas, jefe de la Oficina Central Nacional-Interpol Quito, en el cual se establece que los imputados se encuentran en Estados Unidos.

Carlos P.Y., Juan Andrés B.E., Glenda M.B., Fabrizzio Y.V., Humberto G.C., Arturo E.D., Rosa P.Y., Ramiro L.F. y Carlos P.A. son quienes tienen orden de prisión preventiva por el supuesto delito de cohecho.

En el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en lo referente al delito de cohecho se señala: “La persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, dé o prometa a una o a un servidor público un donativo, dádiva, promesa, ventaja o beneficio económico indebido u otro bien de orden material para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones o para cometer un delito, será sancionada con las mismas penas señaladas para los servidores públicos”; es decir, con pena privativa de libertad de tres a siete años.

Bajo este contexto, la jueza Karen Matamoros envió los antecedentes de la causa con copias debidamente certificadas al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez Romero, “a fin de considerarlo procedente y que inicie los trámites para la extradición de los nueve ciudadanos”.

Esta decisión fue adoptada sobre la base del artículo 24 de la Ley de Extradición, que dispone: “El presidente de la Corte Suprema de Justicia dictaminará, si es o no procedente la extradición, de conformidad a los tratados celebrados entre Ecuador y el Estado en el que el prófugo se encuentre o, en defecto de tratado, con arreglo a los principios del Derecho Internacional”.

Carlos P.Y. salió de Ecuador el pasado 28 de septiembre, según informó en octubreel fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.

Acusación de Pedro Merizalde  

La jueza Matamoros aceptó al trámite la acusación particular presentada por Pedro Kléber Merizalde Pavón, gerente general y representante legal de la Empresa Pública de Hidrocarburos de Ecuador EP Petroecuador, en contra de los procesados Álex B.P., Carlos P.Y., Arturo E.D. y Paquita M.G., por el presunto delito de cohecho.

Dentro del caso Petroecuador, contra Pedro Merizalde Pavón existe una indagación previa por presunto perjurio, sobre la base del informe de Contraloría, que emitió un informe de responsabilidad penal por no dar a conocer sobre la empresa constituida en Panamá.

Delincuencia organizada

Los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Dilza Muñoz Moreno, Inés Romero Estévez y Xavier Barriga Bedoya, ratificaron la prisión preventiva en contra de Marco C.V. y Eduardo V.R., exgerente y excontratista de Petroecuador, respectivamente, quienes están imputados por el presunto delito de delincuencia organizada. Es decir, se negaron los recursos de apelación planteados por ambos procesados.

En esta causa, la jueza de la Unidad Judicial Penal de Pichincha dispuso la apertura de la caja fuerte metálica, incautada en los allanamientos de los domicilios de los procesados; además, autorizó que se extraiga la información contenida en los aparatos electrónicos y de comunicación decomisados.

14 casos de corrupción

Según el fiscal Galo Chiriboga, en el transcurso de seis meses de investigación del caso Petroecuador se iniciaron 14 casos por los presuntos hechos de corrupción en la estatal petrolera.

Para llegar a este objetivo fue necesario solicitar la asistencia penal a seis países: Panamá, Estados Unidos, China, Reino Unido, Suiza y Bahamas. Además, la gestión se fortaleció con informes de instituciones nacionales, tales como la Contraloría, Servicio de Rentas Internas, entre otras.

El fiscal Galo Chiriboga recordó que, asimismo, en este caso se sigue una causa por enriquecimiento ilícito al exgerente de Petroecuador, Álex B., cuya audiencia preparatoria de juicio está dispuesta para el 31 de enero de 2017. (I)