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El Telégrafo
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La instrucción fiscal durará 90 días, en los que Fiscalía recabará más evidencias

Juez ordenó arresto domiciliario a excontralor del Estado, Carlos P.

En la audiencia de formulación de cargos se evidenciaron los documentos de la indagación.
En la audiencia de formulación de cargos se evidenciaron los documentos de la indagación.
Foto: Miguel Jiménez / EL TELÉGRAFO
08 de agosto de 2017 - 00:00 - Redacción Justicia

El juez de lo penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Enríquez, dispuso el inicio de instrucción fiscal por 90 días y ordenó el arresto domiciliario en contra del excontralor general del Estado, Carlos P., por el presunto delito de concusión, que según el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) es sancionado con cárcel de tres a cinco años.

Además, dispuso la prohibición de enajenación de bienes y el bloqueo de las cuentas bancarias del exfuncionario, que se encuentra en Miami, Estados Unidos.

La decisión fue adoptada por pedido del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, en la audiencia de formulación de cargos que se cumplió ayer en la CNJ, donde en forma detallada expuso los elementos y resultados de la indagación.

Baca explicó que según las investigaciones, hay evidencias del delito, particularmente el audio de la conversación entre el excontralor Carlos P. y José Conceiçao dos Santos Filho, exejecutivo de Odebrecht en Ecuador.

Según Baca, el exfuncionario se benefició de $ 10,1 millones en efectivo y giros nacionales e internacionales. Las transacciones se efectuaron a través de las empresas Cosini y Plastiquim por $ 1’700.000. Además se refirió a las glosas de Odebrecht por $ 70 millones y su desvanecimiento con los $ 6 millones entregados a Carlos P.

Un exministro compareció, otro no

Los exministros de Transporte y Obras Públicas, y el coordinador de Sectores Estratégicos, Walter Solís y Rafael Poveda, respectivamente, fueron citados ayer a la Fiscalía de Pichincha para rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento, sobre los supuestos sobornos que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht en Ecuador.

Solís no acudió a la convocatoria de la fiscal Diana Salazar, quien investiga una supuesta asociación ilícita, caso en el que están procesadas siete personas, mientras que Poveda sí asistió al segundo llamado; en el primero se excusó el 28 de julio.

En este proceso que se sigue en contra de Ricardo R., la fiscal Salazar pidió información sobre el vicepresidente de la República, Jorge G. Mediante providencia, solicita al titular del Consejo Nacional Electoral remita copias certificadas de las credenciales de designación de Vicepresidente período 2013-2017.

Además, a la Secretaría de la Presidencia de la República le pide copias certificadas del Decreto de encargo de funciones del segundo mandatario, del 2013 al 2017. En tanto, que a la Vicepresidencia de la República le requiere el listado de los funcionarios que trabajaron en ese despacho entre el 2010 y 2017. Así también, pide al Registro Civil los datos de filiación, entre otros, de Jorge David Glas Espinel. Estas instancias tienen 48 horas de plazo para entregar la información, plazo que venció ayer.

Diferido juicio a Alecksey M.

La audiencia de juicio directo contra el exministro de Electricidad, Alecksey M., fue postergada para una próxima fecha por pedido de Franklin Arévalo, abogado del exsecretario de Estado.

“Dos de las experticias que había solicitado no han llegado hasta este momento y por eso he solicitado la postergación de la audiencia”.

Alecksey M. enfrenta esta segunda acción legal por el delito de ingreso de artículos prohibidos a su celda, en el Centro de Detención Provisional de El Inca, en Quito.

Según el parte policial, el 28 de julio, un agente de seguridad penitenciaria había observado al exfuncionario intentando ocultar un teléfono celular, un cargador y unos audífonos, en la cama. Por ello se abrió instrucción fiscal. (I)

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