Franz Valverde, juez Sexto de Garantías Penales, ordenó la prisión preventiva en contra de los directivos de Inmobiliaria Unión Constructora: Mario Javier Pachacama Pérez, dueño de la empresa, y de su cónyuge Yadira Torres Carvajal, gerente.

La resolución judicial se emitió este martes y fue remitida a la Dirección Nacional de la Policía Judicial, para que se proceda a la ubicación y captura de Pachacama y Torres, con el fin de evitar que salgan del país, aunque algunos de los perjudicados dijeron que tienen versiones de que la pareja ya habría huido con dirección al Perú.

La Policía de Migración, sin embargo, confirmó que no registra la salida de Pachacama y Torres por puertos o aeropuertos, aunque no descartan que hayan burlado filtros migratorios y salido vía terrestre por la frontera.

Además, en su providencia, el juez ordenó la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles de la pareja, así como el bloqueo de los dineros que se encuentran en la cuenta de ahorros número 1016621344 del Banco del Pacífico, a nombre de Torres Carvajal.

Esto ocurre luego de que Valverde, así mismo, en días pasado fijó para el próximo viernes, a las 08:00, la audiencia de formulación de cargos en contra de los directivos de Unión Constructora, empresa sobre la cual ya pesan más de 1.000 denuncias por presunta estafa, las cuales fueron presentadas en la Fiscalía de Pichincha, pues los perjudicados habrían pagado anticipos de hasta $ 40 mil por la compra de una casa que jamás se les cumplió.

Además, la semana pasada la Superintendencia de Compañías resolvió dar trámite a la liquidación de Unión Constructora, por lo que están en el proceso de designar a un liquidador, quien se ocupará de establecer la cifra de perjudicados, en base a las denuncias que reposan en la Fiscalía, así como de conseguir los respaldos financieros de los bienes patrimoniales de Pachacama y Torres, para tratar de devolver los aportes a los afectados.

La decisión de la Superintendencia de Compañías de liquidar la empresa se habría adoptado tras la negativa de los administradores y propietarios de Unión Constructora de remitir información a la interventora.

Todo esto ocurre, además, pese a que José Capito, abogado de Unión Constructora, anunció el fin de semana pasado que la empresa inmobiliaria empezaría a devolver el dinero desde el próximo 13 de febrero, a quienes depositaron en las cuentas de la entidad y actualmente reclaman que las viviendas ofrecidas no fueron entregadas.

Indicó que desde esa fecha se empezará a pagar por orden de antigüedad a los 11.000 clientes presuntamente estafados; es decir, se arrancaría con los socios que llevan más tiempo dentro de la base de datos de aportantes.

Para ello, Capito aseguró que Unión Constructora cuenta con el capital suficiente para hacer los desembolsos, pero que paralelamente se gestionan préstamos bancarios para que todos los perjudicados recuperen el dinero que depositaron.