Un juez costarricense ordenó este lunes el cierre de un centro penitenciario en San José que alberga a 1.278 presos, en su mayoría indiciados, debido a las condiciones de hacinamiento y precariedad que fueron calificadas por el magistrado de "terror de Estado".

El juez de ejecución de la pena Roy Murillo dio al ministerio de Justicia un plazo perentorio de 18 meses, a partir de que la sentencia sea firme, para desalojar totalmente la cárcel de San Sebastián, ubicada en la zona sur de San José.

"Nos encontramos ante un evidente ejercicio de terror de Estado que no es válido en una democracia", señaló el fallo judicial, que describe el presidio como "una jaula humana deteriorante, aplastante y humillante".

"El hacinamiento unido a las pésimas condiciones de infraestructura y la gravísima limitación para el acceso a la luz y ventilación natural han convertido ese espacio carcelario en un calabozo gigante", señala la sentencia, a la que tuvo acceso la AFP.

La cárcel de San Sebastián, construida hace 35 años, fue diseñada para albergar hasta 559 personas en detención preventiva, pero actualmente tiene una población de 1.278 presos, de los cuales solo 134 han sido condenados.

El juez Murillo señaló que en algunos sectores del penal los internos solo disponen de un metro cuadrado para dormir y muchos de ellos no tienen un colchón o una espuma, por lo que descansan directamente sobre el pavimento.

En ciertos pabellones solo hay un baño y un servicio sanitario para cada 25 detenidos, lo que genera "condiciones incómodas y degradantes", apuntó el juez.

Los problemas de hacinamiento e higiene han incidido en un incremento de enfermedades como gripes, alergias y enfermedades de la piel, según las indagaciones judiciales.

El sistema penitenciario de Costa Rica alberga alrededor de 14.000 personas, pero la capacidad física de las cárceles es para unas 9.000, según cifras oficiales.

La ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, emprendió a inicios de año un esfuerzo por bajar la población en las cárceles, traslandado a regímenes abiertos o semiabiertos a unos 1.400 reos condenados por delitos menores.

Sin embargo, sectores políticos y mediáticos atacaron con dureza la medida y demandaron la destitución de la funcionaria por supuestamente poner en peligro la seguridad ciudadana.

No obstante, Sánchez recibió el respaldo del presidente Luis Guillermo Solís y se mantiene en su cargo. (I)