La comisión legislativa de justicia prevé tener listo en enero el informe para primer debate del proyecto de Ley Anticorrupción presentado por el Gobierno Nacional.

El cuerpo legal de cinco artículos entregado a la Legislatura el pasado 2 de septiembre plantea reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial (LOFJ), concretamente la creación de jueces y fiscales anticorrupción.

“Estamos trabajando en eso, recopilando información y criterios de representantes de diversos sectores para enriquecer el proyecto y generar consensos”, dijo la presidenta de la comisión, Ximena Peña (PAIS).

“La idea es que en enero tengamos aprobadas las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial”, agregó y subrayó que personalmente está de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo.

El asambleísta miembro de esta comisión, Henry Cucalón (PSC), también apoya la iniciativa. “Todo lo que sea fortalecimiento del aparataje judicial es positivo”, señaló.

No obstante, dijo que le preocupa que se pretenda establecer jueces y fiscales especializados solo para determinados tipos de delito y no a los que van contra la administración pública.

“Solo crearíamos jueces para ciertos tipos de delito cuando todo es penal”, sostuvo y planteó poner mucha atención en la profesionalización de esos funcionarios.

“Debe ser personal capacitado, suficientemente preparado, bien remunerado, comprometido, imparcial, no político y que garanticen la no impunidad”, precisó.

El legislador Franklin Samaniego (RC), también integrante de la comisión, coincidió con Cucalón de que haya jueces y fiscales anticorrupción para todos los delitos. “Nosotros estamos de acuerdo, vamos a apoyar y lo único que he señalado es que ejecutemos lo que dice la Constitución, sobre todo si eso va a abonar para la lucha contra la corrupción”, dijo.

Recordó que la Constitución dispone designación de jueces especializados para la defensa de los derechos de la niñez, para temas de violencia de género, de la mujer, penitenciarios y eso aún no se cumple a cabalidad.

Para la asambleísta independiente Lourdes Cuesta, la reforma es viable, siempre y cuando se determine bien su estructura y cuenta con el debido financiamiento.

Defensoría pide ser incluida

El defensor público, Ángel Torres, durante su comparecencia a la Comisión de Justicia el pasado 27 de noviembre, respaldó la iniciativa. Además, planteó que a más de jueces y fiscales se implementen defensores públicos especializados en delitos anticorrupción.

Según los registros oficiales de la Defensoría, entre el 2016 y octubre de 2019, la institución atendió 8.956 patrocinios por estos casos.

Machuca sugirió a la Comisión de Justicia introducir una disposición transitoria en las reformas, que permita “contar con los recursos necesarios y el respaldo político para la oportuna implementación de la ley”.

El texto que propone dice: “En el plazo de 90 días, el Consejo de la Judicatura deberá destinar los recursos suficientes para la capacitación y posterior especialización de jueces, fiscales y defensores públicos”.

Estos funcionarios investigarán y patrocinarán a los procesados por los delitos a los que se refiere esta ley.

El pasado 2 de septiembre, al entregar el proyecto de reformas en la Asamblea, el entonces secretario Anticorrupción, Iván Granda, comentó que para el Gobierno es una prioridad tener jueces y fiscales anticorrupción y del crimen organizado.

Necesitamos, agregó, “que jueces y fiscales se pongan la camiseta de la ciudadanía”, para que nunca más la justicia esté del lado de los corruptos y libere a delincuentes.

Aclaró que no se trata de jueces penales comunes, sino expertos en dos materias: anticorrupción y crimen organizado. Además, que tengan jurisdicción a base de distritos.  

Para el jurista Marcelo Altamirano, la especialización de operadores de justicia en materia anticorrupción es necesaria, ya que permitirá frenar este mal que ha crecido en el país. (I)