Jueces constitucionales despachan hasta 250 causas cada semana

La primera Corte Constitucional se posesionó hace un año, el 6 de noviembre de 2012, luego de un largo proceso de selección y escrutinio público, hecho inédito en la historia del Ecuador, que se efectuó para cumplir con la Carta Magna aprobada en Montecristi.

Esto permitió la conformación del ente jurídico con 9 jueces que durante los 12 primeros meses han promulgado 4.889 decisiones de los procesos ingresados, que suman un total de 7.190 incluidos los rezagados de la Corte de Transición.

Ecuador es miembro  de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional de la Comisión de Venecia.El presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, opinó que en el Ecuador se ha instituido un nuevo constitucionalismo que se ha nutrido incluso de experiencias fallidas “como la de 1998, y exitosas como las de principio de siglo XXI, estamos ante un gran desafío de cambio”.

El magistrado señaló que el rol de la Corte se debe hacer con clara autonomía en su gestión, esa legitimidad se refiere a la independencia de los poderes fácticos, lo cual no solo está dado por la norma sino, básicamente, por el efecto de transformación para desarrollar un determinado orden jurídico.

La Corte Constitucional tramita conforme se reciben las audiencias. “Mensualmente tenemos un millar de casos, casi 250 semanales ingresan a revisión, a parte de los casos que ya están admitidos, es decir que muchas de las críticas a la demora en los trámites no se refieren a las causas en general sino a determinados casos mediatizados”, por eso destacó la independencia que tiene el organismo.

Esto ha permitido a la Corte Constitucional dilucidar la probable confusión de facultades específicas entre el Ejecutivo y el Legislativo, por ejemplo, cuando dictaminó la inconstitucionalidad del artículo 72 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), el cual establecía un procedimiento especial para la promulgación de las normas interpretativas.

La Corte observó que la colegislación entre la Función Legislativa y Función Ejecutiva tiene un fundamento en el principio de equilibrio de poderes del Estado y el artículo 72 de la LOFL evitaba esta cooperación, por este motivo se consideraba en parte inconstitucional.

Finalmente emitió una sentencia modulatoria en la que se determinó que el mencionado artículo debía establecer que a las leyes interpretativas les correspondía seguir el mismo procedimiento señalado en la Constitución y las leyes para la formación parlamentaria.

Otro de los casos anotados en la rendición de cuentas fue el dictamen en el caso de Petroecuador, que propuso acción extraordinaria de protección en contra de sentencia del juez Tercero de lo Civil de Esmeraldas, realizada el 19 de diciembre de 2011, que dispuso al Banco del Austro que bloqueara 95’400.000 dólares de las cuentas bancarias de Petroecuador y que este dinero sea transferido a la Asociación de Pequeños Comerciantes 14 de Noviembre. Sin embargo, Petroecuador jamás fue notificado, ni conocía del proceso.

“La Corte observó que, en este caso, el trasfondo de la acción de protección propuesta por la Asociación de Pequeños Comerciantes 14 de Noviembre era una reclamación económica en contra del Estado. Por tanto, esta acción no le correspondía al ámbito de la justicia constitucional, sino a la vía administrativa, y no debió haber sido admitida desde un inicio. Por esta razón, en sentencia se dejó sin efecto todo el proceso de acción de protección”, anota el informe.

Asimismo, el Pleno de la Corte Constitucional, mediante una sentencia, garantizó los derechos constitucionales de aproximadamente 40 extrabajadores del Gobierno Autónomo de Esmeraldas. Las medidas adoptadas fueron, entre otras, la destitución de la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa y la abogada Rosalía Valdez Caicedo, procuradora síndica, por no acatar el dictamen constitucional que disponía el reintegro a sus funciones de 40 extrabajadores.

El Presidente de la Corte señaló que cada año harán la rendición de cuentas, ya que “es un proceso que busca transparentar el accionar del organismo ante la ciudadanía, sobre su gestión”.

Finalmente resaltó que la Corte asumió un importante compromiso para formar e informar a la ciudadanía sobre sus derechos, a través de las capacitaciones en todo el país y con un trabajo desconcentrado en 8 regionales, de manera que sea accesible para todos.