El propietario de un inmueble presentó una demanda en contra de su inquilino porque estaba impago en sus mensualidades. El personal judicial tardó un año y medio en citar al arrendatario, que vivía en la misma casa del demandante.

La excusa del citador era que no encontraban al inquilino moroso; y que el arrendador decía que no vivía ahí.

Esto solo es un ejemplo de las 141.430 citaciones que no se entregaron en 2018 a nivel nacional; y en el primer semestre de este año fueron 60.088. Entre las justificaciones de los citadores se mencionan el cambio de dirección, desconocido, incorrecta o insuficiente (ver gráfico).

A esto se suma, que el personal es insuficiente para la alta carga de citaciones que emiten diariamente los jueces a nivel nacional.

Según el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, los jueces emiten de 100 a 200 citaciones a diarias; y en Guayas apenas hay 28 personas para cumplir este   servicio.

La realidad es más dura en Chimborazo, que el año pasado generó 11.287 citaciones y solo cuenta con un servidor para entregarlas.

La Judicatura analiza el incremento de 10 a 15 citadores para Guayas y Pichincha. En las provincias pequeñas, como Carchi, aumentaron a dos y trabajan para dotar de más personal en las áreas críticas, sostuvo el funcionario.

Morillo admitió que en este momento las citaciones solo se entregan en físico a través del personal de la Judicatura, porque se dio por terminado los contratos con las empresas de correos.

Reconoció que “la citación judicial se convierte en uno de los limitantes para el acceso a la justicia, porque si no se cita al demandado se traba la litis, no empieza el juicio y se complica el tema”.

También investigan las denuncias de actos de corrupción relacionadas con la entrega de citaciones.

Morillo aseguró que están en el camino de la modernización electrónica del servicio de citación judicial, con el fin de mejorarlo.

Una propuesta es que los datos que se consignen en el Registro Civil, donde está la dirección y reseña del usuario  surtan efectos para la citación. Adicionalmente haya un e-mail, en el cual se acepte realizar la convocatoria; eso agilitará el proceso.

Esas propuestas se plantearán en las reformas al Código Orgánico General de Procesos (Cogep).

Abogados por mejora de servicio
Ese camino es precisamente lo que quieren los abogados en libre ejercicio. Por ejemplo, Joan Paul Egred, especialista en Derecho Penal, consideró que la citación es sin duda un acto procesal sustancial y formal dentro de todo juicio que necesariamente debe ser reformado.

Si bien todo litigio inicia con la demanda, no hay que dejar de lado que la citación tiene efectos jurídicos muy particulares, de entre los cuales resultan relevantes el requerir al citado para que proponga excepciones y conteste la demanda e interrumpir la prescripción, explicó. 

Para Egred, “las personas naturales nacemos con un número de cédula y al momento de obtenerla o renovarla a partir de la mayoría de edad (momento en el cual es titular de derechos y obligaciones), también deberíamos registrar obligatoriamente una dirección de correo electrónico, que sería el domicilio legal para ser citados en los juicios y notificados por parte de cualquier estamento público de resoluciones o actos administrativos”.

El abogado Hernán Ulloa, consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana, mencionó que el departamento de citación judicial no cuenta con la logística necesaria para cumplir con su labor.

 “Es uno de los escollos de la piedra de la justicia. El acto de la citación es extremadamente importante y fundamental del debido proceso para la validez de cualquier procedimiento”, agregó.

El abogado Fabricio Mena recordó que antes se acompañaba a los citadores hasta la dirección del demandado. “Ahora no se sabe qué citador la entregará. Por ello, muchas citaciones se han caído. Mientras no se la entregue no se efectuará ninguna diligencia judicial”.

Para el jurista, las citaciones por vía electrónica no genera confianza.

La Judicatura trabaja para mejorar el servicio, al cual lo convertirán en el futuro en virtual. Para ellos, los abogados deben tener una firma electrónica. (I)